Terminada la conquista del Tahuantinsuyo con la ocupación del Cuzco, los misioneros atravesaron el río Desaguadero e iniciaron la evangelización de los pueblos aymaras en el territorio de la actual Arquidiócesis de la Paz, estableciendo doctrinas y centros misioneros. Fundada muy pronto la Diócesis de Cuzco, estos territorios pasaron a formar parte de esa Iglesia particular. En 1522, cuando el Papa Julio III crea la Diócesis de la Plata (Sucre), como sufragánea de la Arquidiócesis de Lima, el territorio de La Paz pasa a formar parte de esa nueva diócesis. El Papa Pablo V crea el 4 de julio de 1605 la Diócesis de La Paz que en 1609 pasa a ser sufragánea de la Arquidiócesis de La Plata. Hasta 1943 se habían multiplicado ya las Iglesias locales en Bolivia formando una sola provincia. El Papa Pío XII mediante la Constitución Apostólica “Ad Spirituale Bonum” del 18 de junio de ese año, eleva la diócesis de La Paz al rango de Arquidiócesis, como cabeza de la nueva provincia metropolitana, cuyas sufragáneas fueron la diócesis de Cochabamba, Oruro, las prelaturas de Corocoro y Coroico y el Vicariato Apostólico de Reyes.
Desde su elevación a rango de Arquidiócesis, la Iglesia paceña ha desarrollado un nuevo florecimiento pastoral: la estructuración de una pastoral urbana, la revitalización del área rural, la organización del laicado, el aporte de nuevos movimientos apostólicos, de la misma manera, al igual que a otras Iglesias, también ha sido afectada por la crisis post-conciliar.
Durante la dictadura del general Hugo Banzer Suárez (1971-1978), en 1977 el régimen atravesó grandes problemas económicos y políticos. En noviembre del mismo año, Banzer anunció medidas democratizadoras: liberación de la prensa y de las instituciones, la liberación de los presos, retorno de los exiliados y elecciones en julio del 1979.
En este período la policía intervino en lugares donde se realizaban huelgas de trabajadores, incluso en las iglesias, y el Arzobispo de La Paz tomó la decisión de proceder a la excomunión a los policías profanadores y a sus jefes, y, más todavía, con cerrar las iglesias del país durante tres días. Los acontecimientos se siguieron a la huelga de hambre y que acabaron en julio con la caída del dictador.
A raíz del nuevo pronunciamiento militar del 17 de julio de 1980, por el cual asumió el poder el General Luis García Meza Tejada deponiendo al Gobierno de Lidia Gueiler, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en reunión sostenida el 25 de julio de 1980, adoptó la Resolución 308, por medio de la cual solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que examinara la situación de los derechos humanos en Bolivia.
En lo que concierne a la Iglesia Católica, el Informe de la CIDH, del año 1981, elucida que su tarea en el mejoramiento de las condiciones sociales de los bolivianos de menores ingresos se ha manifestado en muchas ocasiones concretas, las que en la mayoría de los casos son mal interpretados por autoridades gubernamentales, tildando la acción social pastoral de subversiva, comunista o contraria a los verdaderos intereses de la nación y su desarrollo.
En el contexto del gobierno de Meza Tejada abarcado por el Informe, sacerdotes, parroquias e iglesias han sufrido el accionar represivo de las fuerzas del orden. Después del golpe militar religiosos no sólo católicos sino metodistas y bautistas han sido detenidos en diferentes partes del país y sometidos a insultos, maltratos y amenaza contra sus vidas. Acrecienta que también se mostró una campaña de calumnia contra la Iglesia tachando a los sacerdotes de “rojos comunistas” y “extremistas”.