Tras el golpe del 24 de marzo de 1976 que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón, fue instaurado un régimen militar que sería conocido como “Proceso de Reorganización Nacional”. Una Junta Militar compuesta por los comandantes de las tres armas – general Jorge Rafael Videla, almirante Emilio Eduardo Massera y brigadier Orlando Ramón Agosti –, la cual debía nombrar al presidente, se hizo cargo del poder. Mediante el dictado de una serie de Actas Institucionales – el Acta para el proceso de reorganización nacional del 24 de marzo; el Acta estableciendo el propósito y los objetivos básicos para dicho proceso, de la misma fecha; el Estatuto para el mismo proceso del 31 de marzo; y la ley 21256, que aprobaba el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), del 26 de marzo de 1976 –, dicha Junta estableció una seudo-legalidad. El presidente debía elegirse entre oficiales superiores de las fuerzas armadas y tendría atribuciones ejecutivas, legislativas y de nombramiento de funcionarios nacionales y provinciales. Dicho cargo recayó en uno de los miembros de la Junta Militar, el general Videla, quien hasta agosto de 1978 fue simultáneamente Comandante en Jefe del Ejército.
Las Actas Institucionales disponían la participación de las tres armas, por partes iguales en el manejo del Estado. De este modo, las distintas áreas del gobierno nacional y los gobiernos provinciales fueron repartidos equitativamente. De acuerdo con este sistema, cada arma tendría 33% del poder, no sólo en el poder Ejecutivo, sino también en el Legislativo – la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), órgano integrado por oficiales en actividad cuya función era la de estudiar la creación de nuevas leyes. Asimismo, cada ministerio estuvo a cargo de un arma y cada funcionario designó a sus colaboradores de acuerdo con el estricto sistema castrense de lealtades personales. Pero también cada ministerio a cargo de un arma tuvo delegados militares observadores de las otras dos armas, y de las tres en el caso de ministerios a cargo de civiles (como, por ejemplo, el de Economía). Este sistema particular de controles mutuos, teóricamente tuvo por objetivo evitar la excesiva concentración de poder en una determinada arma y garantizar la incorruptibilidad del sistema. En la práctica, sin embargo, terminó generando una estructura decisoria de alto nivel de conflictividad, donde se exacerbaron las rivalidades entre las tres armas, las internas dentro de cada arma y las luchas personales por controlar mayores espacios de poder.
Canelo advierte que este aparente equilibrio ocultó la primacía del Ejército, que obtuvo las poderosas y estratégicas carteras de Interior y Trabajo, ambas fundamentales en el mantenimiento del orden interno y en el control de las organizaciones de la sociedad civil más neurálgicas para el Proceso, como los partidos políticos y las organizaciones sindicales, entre otras funciones. Ambas dependencias permanecieron bajo la órbita del Ejército hasta el final de la segunda presidencia de Videla, mientras que el Ministro del Interior logró (junto con el de Economía), el raro privilegio de conservar su cargo durante el mismo período.
Los gobiernos dictatoriales y sus respetivos Ministros del Interior fueron:
- Jorge Rafael Videla – 29 de marzo de 1976 al 29 de marzo de 1981 – con el general Albano Eduardo Harguindeguy
- Roberto Eduardo Viola – 29 de marzo de 1981 al 12 de diciembre de 1981 – con el general Horacio Tomás Liendo.
- Leopoldo Fortunato Galtieri – 22 de diciembre de 1981 al 17 de junio de 1982 – con el general Alfredo O. Saint Jean.
- Reynaldo Benito A. Bignone – 1º de julio de 1982 al 10 de diciembre de 1983 – con el general Llamil Reston.

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