El 29 de mayo de 1810, por un decreto dado por la Primera Junta de Gobierno, se organizan las primeras unidades del ejército sobre la estructura del ejército virreinal, y el organismo, como tal, fue creado por la Asamblea General del Registro Marcial, el 20 de Agosto del Año 1813.
Con la sanción de la Constitución Nacional el año 1853, con base en su Artículo 21 se sujetaba a todos los ciudadanos argentinos a la obligación de armarse en defensa de la “patria” y de esa “Ley Fundamental”, y así se sancionó – en la Confederación Argentina – la creación del Ejército Nacional conformado por el Ejército de Línea, las milicias provinciales y las Guardias Nacionales. Mientras que el primero estaba integrado por soldados y “veteranos”, la tercera aglutinaba en sus filas a los ciudadanos de entre 17 y 60 años, en tanto que las segundas vieron reducida su importancia por la creación de las Guardias Nacionales que respondían al mismo principio de organización militar. Sin embargo, en Buenos Aires las Guardias Nacionales fueron establecidas un año antes, el 8 de marzo de 1852. Las Guardias contribuyeron a la manutención del orden interno, la defensa de las fronteras y aportaron hombres al Ejército de Línea en conflictos internacionales, como la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.
El Colegio Militar de la Nación fue creado en 1869, pero recién aparece una acción planificada respecto a las funciones del Ejército a partir del período de la Organización del Ejército Nacional, en 1884.
El 30 de junio de 1881 fue fundado, por un grupo de jefes de las instituciones militares argentinas, el Círculo Militar, con el objeto de estrechar lazos de compañerismo entre los miembros del Ejército y la Armada.
El 15 de diciembre de 1900 se reorganiza el Estado Mayor y se subdivide a la Primera Sección en seis subdivisiones. El 31 de diciembre del mismo año se dicta el Decreto presidencial para la reorganización del Ministerio de Guerra y del Estado Mayor General. El Departamento de Guerra comprende: Gabinete Militar; Administración Central; Estado Mayor General del Ejército.
También en el año 1900 fue creada la Escuela Superior de Guerra (ESG) para formación técnica de los grados superiores del escalafón militar. Para el año 1922, la Escuela creó la revista “Estudios y Comunicaciones de Información”; en 1936 cambió su nombre por “Revista de Informaciones”, y finalmente, en 1954, adoptó su nombre actual – “Revista de la Escuela Superior de Guerra”.
El 06 de diciembre de 1901 se dicta la Ley Nº 4031 – Ley Ricchieri – acerca de la Organización del Ejército, en la cual también se crea el Servicio Militar Obligatorio. Dicha Ley, en su Artículo 10, establece que el Ejército de la Nación se compone del Ejército de Línea; de la Guardia Nacional y de la Guardia Territorial.
El 21 de marzo de 1924 el Estado Mayor General del Ejército pasa a depender del Ministro de Guerra, conservando sus elementos dependientes.
El Instituto de Historia Militar Argentina (IHMA) fue creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional el 8 de Noviembre de 1930 y publicada tal resolución en el Boletín Militar Nº 2490 – 2ª Parte de fecha 10 de noviembre del mismo año.
El año 1951, el día 29 de mayo, debido a la organización de las primeras unidades del ejército sobre la estructura del ejército virreinal en el año de 1810, fue instituido como Día del Ejército Argentino por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 10.296.
El Ejército argentino experimentó grandes transformaciones durante la segunda mitad de los años cincuenta. Tras el derrocamiento del general Juan Domingo Perón, en septiembre de 1955, el sector “liberal” del Ejército buscó reemplazar la Doctrina de Defensa Nacional vigente al tiempo que inició un profundo proceso de “desperonización” que significó el retiro de al menos 500 oficiales y miles de suboficiales entre 1955 y 1958. En el marco de la sustitución de la doctrina de defensa se dio un mayor interés por nuevas formas de guerra, no tradicionales, surgidas en el marco de la Guerra Fría: la Guerra Nuclear o Atómica, y la Guerra Revolucionaria. En ese contexto también se eclipsó, definitivamente, la influencia alemana sobre el Ejército argentino que fue reemplazada por el predominio de las tradiciones militares norteamericana y francesa.
La gradual reconversión de la doctrina de defensa y el estudio de estas nuevas formas de guerra se inició en la Escuela Superior de Guerra (ESG), principal centro de formación teórica del Ejército y ámbito natural en el que mejor y más rápidamente se manifiestan estos cambios. La renovación temática, programática y pedagógica de la Escuela Superior de Guerra comenzó hacia 1957, y se reflejó – inmediatamente – en su principal órgano de difusión, la “Revista de la Escuela Superior de Guerra”.
Cientos de militares argentinos pasaron por escuelas de capacitación en los Estados Unidos y el Canal de Panamá durante las décadas del sesenta y setenta. Sin embargo, el Ejército argentino nunca utilizó la terminología norteamericana sobre “contrainsurgencia”. Por el contrario, prevalecieron las categorías “guerra contrarrevolucionaria” y “lucha contra la subversión”, utilizadas por el Ejército francés.
En principios de los años sesenta, el Ejército argentino había desarrollado una organización territorial basada en el cuadriculado (quadrillage) o compartimentación del terreno similar al que lo habían aplicado las tropas francesas en Argelia. De esta forma, todo el país quedó dividido en áreas, zonas, y subzonas, formando una red que se extendía sobre todo el territorio, basado en el concepto que la población es el terreno a conquistar y defender. La primera aplicación concreta de este esquema territorial y del nuevo rol del Ejército como guardián del orden interno fue el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) de 1960. Creado por Decreto Secreto 9880/58 del 14 de noviembre de 1958 y puesto en ejecución por el Decreto 2628/60, el Plan CONINTES habilitaba a las Fuerzas Armadas a reprimir las huelgas y protestas populares y poner a los activistas bajo jurisdicción de los tribunales militares. Dicho Plan es considerado un antecedente inmediato de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el terrorismo de Estado y la represión ilegal que alcanzaría su máxima expresión durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.
La misión militar francesa en Buenos Aires no sólo colaboró en la internalización del concepto de “enemigo interno” y el sobredimensionamiento de la comunidad informativa, sino que también influyó en el aumento de los niveles de autonomía militar que condujo, irremediablemente, a la inversión del principio de subordinación militar al poder civil, y a la militarización de la sociedad.
El fin de la influencia directa francesa sobre el Ejército argentino se produjo en 1962, al tiempo que aumentaba la influencia norteamericana. Entre las situaciones que confluyeron para provocar este “cambio de guardia” encontramos, en primer lugar, el alejamiento de la misión militar francesa de la Escuela Superior de Guerra en el marco de la profunda crisis que afectaba al Ejército francés que, derrotado en Indochina y empantanado en Argelia, había perdido todo criterio de jerarquía, subordinación y autoridad. Además, casi al mismo tiempo, Cuba se declaraba socialista, John F. Kennedy lanzaba su “Alianza para el Progreso” y el Ejército norteamericano modificaba su política hacia los ejércitos latinoamericanos con la creación del Colegio Interamericano de Defensa, la convocatoria a Conferencias de Ejércitos Americanos y, fundamentalmente, del crecimiento exponencial del número de oficiales latinoamericanos entrenados en escuelas de los Estados Unidos y el Canal de Panamá.
Sin embargo, la presencia de la misión militar francesa en Argentina entre los años 1957 y 1962 puso las bases teóricas, metodológicas, e incluso semánticas que guiaron el accionar represivo del Ejército argentino durante la década del setenta. Y si bien no es posible asegurar que los franceses hayan enseñado técnicas de tortura o interrogación, sí aportaron una visión que aceptaba estas prácticas, enseñaron la ideología de la Guerra Contrarrevolucionaria, proporcionaron la bibliografía de justificación y ayudaron a redefinir al “enemigo”. Durante ese lustro, el Ejército argentino desarrolló toda su estructura de represión “antisubversiva”, y se pusieron las bases para la elaboración e internalización de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional
También en la década del ‘60, el 20 de octubre de 1961 es creada la Dirección de Estudios Históricos, la que contaba con las divisiones Investigaciones, Archivo y Biblioteca. En 1966 al disolverse la Secretaría de Guerra, aquella Dirección pasa a depender del Comando en Jefe del Ejército. El Instituto de Historia Militar Argentina (IHMA) integró la estructura orgánica de la ESG hasta el año 1995, y reformuló sus objetivos, integración y ubicación orgánica, pasando a formar parte del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército (IESE) como Unidad Académica (RFP-77-56 Nº 1.001), constituyéndose así en el organismo oficial del Ejército Argentino, de conformación civil – militar, de carácter investigativo, científico historiográfico de la Historia Militar Argentina y comparada y de difusión histórico cultural en los ámbitos militares y civiles, que ha materializado a través de numerosas publicaciones y conferencias. Por integrar el IESE, tiene nivel universitario en virtud de la Resolución del Ministerio de Educación y Justicia del 20 de octubre de 1990, que incorporó el IESE al régimen de la Enseñanza Superior Ley Nº 24.521 de fecha 7 de agosto del año 1995, en la categoría de Institutos Universitarios Estatales.
Acerca del Colegio Militar de la Nación (CMN), es la única academia de formación inicial de oficiales del Ejército Argentino. Tras una preparación de cuatro años, los/as egresados/as obtienen el grado militar de subteniente y un título universitario de licenciatura. Cuando ingresan, los novatos atraviesan un intenso período de dos semanas de instrucción militar básica, llamado “semanas de adaptación”. Al finalizar este lapso, comienzan las clases de formación universitaria y “teórico-militar”. Durante los años 60 y 70, las autoridades del Ejército reforzaron en sus discursos y documentos la dimensión moral y religiosa de la figura del cadete del CMN, transformándolo en “baluarte de argentinidad” y “cristiandad”, y en emblema masculino de “juventud” y “patriotismo”. Las ceremonias de investidura de nuevos cadetes o de egreso de nuevos subtenientes han sido rituales en los que el Ejército celebraba públicamente su reproducción moral, lo cual también suponía el reforzamiento de su fuerza política. Las imágenes de excepcionalidad moral que el Ejército y diversos sectores de la sociedad asociaban a la figura de los cadetes, permanecieron sin grandes cambios hasta el fin de la última dictadura militar en 1983.

El golpe de Estado de 1976 se desenvolvió en el marco de un proceso cuyos antecedentes pueden rastrearse a lo largo de todo el siglo XX, en la alternancia de dictaduras militares y democracias restringidas.
En el marco de la sociedad fuertemente movilizada de inicios de la década del setenta, las Fuerzas Armadas y de Seguridad comenzaron a desarrollar operaciones represivas ilegales, a través de organizaciones paraestatales. Los asesinatos y los secuestros efectuados por la Triple A y otras bandas de derecha organizadas, armadas y financiadas desde el Ministerio de Bienestar Social y otros sectores gubernamentales, las acciones criminales encubiertas de los comandos de inteligencia militar y policial y la agudización de la política represiva (“Decreto de Aniquilamiento”) produjeron más de 1500 víctimas, muchas de ellas desaparecidas, y allanaron el camino a la consumación del golpe de Estado que derrocó un gobierno constitucional, eliminó todo vestigio democrático e institucionalizó el ejercicio sistemático y masivo del terrorismo estatal.
La decisión planificada de eliminar al activismo organizado, desmantelar los nucleamientos populares, disciplinar a la sociedad, requería de la totalidad de las instituciones del Estado. Tras el golpe de 1976, la dictadura institucionalizó y potenció el modo represivo previamente ensayado: la metodología de secuestro-tortura-desaparición y el centro clandestino de detención como dispositivo de destrucción y exterminio de los prisioneros y de diseminación del terror hacia la sociedad.
Ya en 1975, al tiempo que se dictaba la Directiva del Consejo de Defensa Nº 1/75, la Armada Argentina adaptó su organigrama para participar en el plan represivo. El comandante en jefe de la Armada, Emilio Massera, emitió la Directiva Antisubversiva COAR 1/75 “S”, que indicaba que la misión de la Armada sería operar en su jurisdicción y fuera de ella contra las organizaciones subversivas, para “detectarlas y aniquilarlas”, e instruyó al Comando de Operaciones Navales (CON) para que emitiera un “plan estratégico operacional”. El resultado fue el Plan de Capacidades CON Nº 1 “S”/75 Contribuyente Con La Directiva Antisubversiva COAR Nº1/75 “S” (PLACINTARA/75) del 21 de noviembre de ese mismo año.
Estos documentos definieron los objetivos y el modo de la participación de la Armada en la represión durante la dictadura.
El “Plan Anual Naval” de 1976, determinó la preeminencia de las actividades contrarrevolucionarias, especialmente en lo que hacía al uso de instalaciones, gastos, ocupación de personal y recursos de formación.
Para enfrentar la “lucha contra la subversión” la Armada fue dividida en once Fuerzas de Tarea (FT), a las cuales se le asignaron dependencias edilicias, circunscripciones territoriales y misiones específicas. Estas FT se subdividieron, a su vez, en Grupos de tareas (GT) y estas en Unidades de Tareas (UT) y en Elementos de Tareas (ET).
La FT3 fue denominada “Agrupación Buenos Aires”, y su misión era la actividad ofensiva contra el “enemigo subversivo”. Estaba organizada en diferentes GT, apostados en dependencias de la Armada, en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Estos eran: el Batallón de Seguridad de la sede del Comando General de la Armada, la Base Aeronaval de Ezeiza, La Escuela Superior de Mecánica de la Armada, el Arsenal de Artillería de Marina de Zárate, los Apostaderos Navales de Buenos Aires y San Fernando, la Escuela Nacional de Náutica, el Arsenal Naval Azopardo y los demás organismos y dependencias de la Armada con asiento en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Su comandante era el jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada y reportaba al Comando de Operaciones Navales.
Esta forma de organización funcional era la que se debía adoptar en caso de conflicto bélico u otras circunstancias especiales y fue la que adoptó también para su participación en la guerra por las islas Malvinas, por ejemplo. La coordinación de las FT quedó a cargo del Comando de Operaciones Navales, quien reportaba directamente al comandante en jefe de la Armada: de esta manera se creó una cadena de mandos paralela a la administrativa.
El Grupo de Tareas 3.3 de la Armada, así como el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), también se ocupó de actividades represivas en el exterior, mediadas o no por relaciones de coordinación represiva con organismos represivos de otros países, como operativos de recolección de información para la confección de inteligencia sobre activistas argentinos que se encontraran residiendo en el exterior del país. Del mismo modo, operativos de repatriación forzada de exiliados secuestrados fuera del país. En la mayoría de los casos fueron operativos en los que se secuestró a militantes o ex militantes de la organización Montoneros. El más importante por su volumen fue el traslado de miembros de la Columna Oeste de Montoneros detenidos en Uruguay por el cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) en diciembre de 1977. Otra modalidad de actuación del GT3.3 consistió en operativos para intentar asesinar a dirigentes de la organización Montoneros en el exterior, especialmente en México. También operativos de acción psicológica con el objetivo de desprestigiar a los exiliados y principalmente, a los de la organización Montoneros, vinculados o no con la repatriación forzada de miembros de esa organización que se encontraban en el exilio y su posterior desaparición y operativos de infiltración en las comunidades de exiliados con el fin de desalentar las denuncias contra la dictadura en general y contra la Armada en particular. (Slatman, 2012).

El 10 de agosto de 1912 el presidente de la Nación, Roque Saénz Peña, firmó el Decreto por el que se creaba la Escuela de Aviación Militar. El lugar donde habría de instalarse el nuevo instituto era un terreno que había pertenecido al Segundo Grupo de Artillería a Caballo y que el Aero Club Argentino cedió a la Escuela de Aviación Militar con sus instalaciones y que llevaba el nombre de El Palomar. Creada la Escuela y la Dirección Técnica a cargo del Aero Club Argentino, se procedió a llamar a oficiales para integrar el primer curso de Aviadores Militares. Al 1927 ante la importancia adquirida por la Aviación Militar, un Decreto del Poder Ejecutivo creaba la Dirección General de Aeronáutica con la categoría de Gran Repartición. Para el año de 1944, el 11 de febrero, se crea el Comando en Jefe de Aeronáutica, y en uno de los considerandos del Decreto se hacía mención a la creación de la Secretaría de Aeronáutica en un futuro cercano. Es así que el 4 de enero de 1945 la Fuerza Aérea Argentina nace como fuerza armada independiente, al crearse la citada Secretaría.

La tradición de la Fuerza Aérea Argentina en su participación en los golpes militares se inscribe en el proceso político del país durante todo el siglo XX. Tras el golpe de Estado de 1976, la Fuerza Aérea participó de la represión ilegal y gestionó varios Centros Clandestinos de Detención (CCD) o en conexión con ella.
Algunos de ellos son:
- Base Aérea Mar del Plata: ubicada en la Provincia de Buenos Aires, Ruta Nacional Nº 2. Lindante con el Aeropuerto de la ciudad de Mar del Plata.
- VII Brigada Aérea de Morón: ubicada en Avenida Pierrestegui, Provincia de Buenos Aires.
- Hospital Alejandro Posadas: ubicado en la localidad de Haedo; actuaba coordinadamente con las Comisarías de Castelar y Morón, con la Superintendencia de Seguridad Federal y el Grupo de Tareas de Aeronáutica. Los represores que actuaron allí pertenecían según las constancias al Ejército, Aeronáutica, Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires. Además una parte de ese grupo provenía del Ministerio de Bienestar Social – Secretarla de Estado de Salud Pública – contratado especialmente por las autoridades del citado Hospital.
- Quinta Seré: ubicada en la localidad bonaerense de Castelar. Se trataba de una antigua construcción, viejo casco de la estancia de la familia Seré. Funcionó como un centro clandestino dependiente de la VII Brigada Aérea de Morón y de la Base Aérea de Palomar.
- Campo Clandestino de Detención “El Atlético” o “El Club” o “El Club Atlético: funcionó desde mediados de 1976 hasta el mes de diciembre de 1977. Los grupos de tareas con base en este CCD operaban fundamentalmente en Capital y Gran Buenos Aires, y actuaban en contacto con otros CCD como la ESMA y Campo de Mayo.
- El Banco: Como en el caso del “Club”, operaban en este Centro Clandestino de Detención varias fuerzas: Inteligencia de la Policía Federal, GTI, GT2, GT3, GT4 y FTE.
- El Olimpo: funcionó en la División de Automotores de la Policía Federal, ubicada en la calle Lacarra y Ramón L. Falcón de la Capital Federal. Comenzó su actividad clandestina como CCD a partir del 16 de agosto de 1978, fecha en que numerosos prisioneros fueron derivados desde El Banco hacia este campo. Las fuerzas intervinientes estaban bajo control y supervisión de la jefatura del I Cuerpo de Ejército con asiento en Palermo, Capital Federal. Los presos eran conducidos a la Base Aérea El Palomar, adonde llegaban otros camiones con detenidos, y todos eran subidos a aviones; luego se los arrojaban al mar.
- La Casona: ubicada al Interior de la I Brigada Aérea de Palomar, Partido Gral. Sarmiento, Provincia de Buenos Aires.

La Prefectura Naval Argentina reconoce sus orígenes históricos en la época colonial; la llamada Capitanía de Puerto de Buenos Aires -institución creada por las autoridades españolas con la función específica de policía de seguridad de la navegación y puertos-, fue incorporada con la Revolución de 1810 como organismo de Estado nacional. Desde entonces, esta institución comenzó a configurar su identidad institucional, así como a delimitar formalmente su función policial como custodio de mares, ríos, lagos y puertos. Durante su historia ha experimentado cambios de dependencias ministeriales, denominaciones y marcos normativos que fueron estableciendo sus funciones, estructura orgánica y alcances jurisdiccionales.
A los fines de la Guía y el período de interés:
En 1971 se estableció un nuevo reglamento orgánico de la PNA (reglamentación del Título II de la Ley 18938). En 1970, la Junta de Comandantes en Jefe, ocupando de facto el Poder Ejecutivo Nacional, había sancionado y promulgado la ley N° 18.711 que determinó las misiones, funciones y jurisdicciones de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal. En su articulado definía a la Prefectura Naval Argentina como una fuerza de seguridad estructurada para actuar en el litoral marítimo, lacustre y otras vías navegables, puertos y lugares que se determinen al efecto (art 7); que tendría por misión satisfacer las necesidades inherentes al poder de policía que compete al Comando en Jefe de la Armada (art 8); y que en caso de conmoción interior todos o parte de sus efectivos podrían ponerse a disposición del o los comandos de zona de emergencia respectivos (art 11). Esta dependencia del Estado Mayor General de la Armada se extendió durante todo el terrorismo de Estado. En 1984, por decreto N° 3399 la Prefectura Nacional Naval pasó a depender del Ministro del Defensa, quien ejercería a su respecto y en plenitud, las funciones que anteriormente tenía asignadas el Comandante en Jefe de la Armada. Asimismo este decreto establecía que los cargos de Prefecto Nacional Naval y Subprefecto Nacional Naval serían ejercidos por oficiales superiores de la Prefectura Naval Argentina de la máxima jerarquía en actividad y designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del señor Ministro de Defensa. Este decreto también implicó modificaciones en la Ley general 18938 con el fin de adecuarlas a la dependencia orgánica y funcional emergente de este decreto. A partir de la sanción de la ley 23554/1988, Ley de Defensa Nacional, cuyo objetivo fue establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para la preparación, ejecución y control de la defensa nacional, la Prefectura Nacional Argentina quedó integrada al sistema de Defensa Nacional; junto con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Gendarmería Nacional (art 9). El artículo 31 de la ley estableció las funciones de la Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional de “permanente control y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdiccionales de la Nación y custodia de objetivos estratégicos, así como para el cumplimiento de las demás funciones emergentes de esta Ley y otras disposiciones legales que se le apliquen”; su dependencia orgánica funcional del Ministro de Defensa, “sin perjuicio de lo cual, el tiempo de guerra, sus medios humanos y materiales o parte de ellos, podrán ser asignados a los respectivos comandos estratégicos operacionales y comandos territoriales, según se derive del planeamiento correspondiente”. En 1992. se sancionó la Ley 24.059 de Seguridad Interior, que estableció la finalidad, estructura, órganos, misiones y funciones del Sistema de Seguridad Interior. La Prefectura Naval Argentina pasó entonces a ser parte del sistema de seguridad interior junto con Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales de aquellas provincias que adhirieron a la esta ley. El Ministerio del Interior quedó a cargo la dirección superior de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado nacional. Respecto de estas últimas, dicha facultad quedaba limitada a los fines derivados de la seguridad interior, sin perjuicio de la dependencia de las mismas del Ministerio de Defensa, y de las facultades de dicho ministerio y de las misiones de dichas fuerzas, derivadas de la defensa nacional (art 8). Durante la última década la Prefectura Naval Argentina cambió de dependencia ministerial en varias ocasiones, esto de acuerdo a las modificaciones y creaciones de las funciones y misiones de los diferentes ministerios nacionales; quedando bajo la órbita de la administración estatal que tuviera a cargo el sistema de seguridad interior. En 2010, con la creación del Ministerio de Seguridad, decreto 1993/2010, pasan a su jurisdicción las fuerzas de policiales y de seguridad nacionales, entre ellas la Prefectura Naval Argentina.

La Policía Federal Argentina se crea mediante el Decreto 17.750 del Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 1943, sobre las bases de la antigua Policía de la Capital, la cual entre 1880 y 1944 cumplió la función de seguridad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero careciendo de marcos normativos propios que delimitaran con mayor claridad su función. Es así que, luego de varios intentos frustrados y tomando como ejemplo al Departamento Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el 24 de diciembre de 1943, mediante el Decreto Nº 17.750 del PEN, se crea la Policía Federal como una de las ramas de la Policía de la Capital y dependiendo del Ministerio del Interior.
A partir de su creación, la PFA fue progresivamente asumiendo funciones de la institución policial preexistente.

Ya a fines de 1944, la Policía de la Capital fue suprimida mediante el Decreto Nº 33.265 del PEN, siendo efectivamente remplazada por la Policía Federal Argentina. Es a partir de entonces cuando la PFA amplió su jurisdicción a todo el territorio nacional, estableciendo su sede de cabecera en el histórico Departamento Central de Policía donde funciona hasta la actualidad ubicado en Moreno 1550 (Capital Federal) y creando representaciones en las ciudades capitales de las provincias, conocidas luego como delegaciones.
A lo largo de los años la PFA modifica su estructura interna y normativa, de acuerdo a los cambios institucionales surgidos de adecuaciones a los contextos históricos particulares.
En 1970 es promulgada la Ley 18711 que determina las misiones, funciones y jurisdicciones correspondientes a Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Federal. En su articulado definía a la Policía Federal como una institución de seguridad pública que cumple funciones de policía de seguridad y judicial en la jurisdicción territorial que le asigna la presente ley, dentro de la competencia del Gobierno Federal (Artículo 12). Dicha Ley establece la jurisdicción territorial de la PFA en la Capital Federal, excluida su zona portuaria; en el territorio de las provincias, excepto las zonas de seguridad de frontera y aquellas que oportunamente se determinen; en cualquier otro lugar del país a requerimiento de la Justicia Federal (Artículo 13). Las funciones de la PFA, conforme el Artículo 14, son las de policía de seguridad y judicial en la Capital Federal, excluida la zona portuaria; en las provincias, policía de seguridad y judicial en el fuero federal; toda otra función que se le asigne conforme a sus capacidades. Al fin, dicha Ley establece, en el Artículo 15, que la Policía Federal depende del Ministerio del Interior, y en caso de conmoción interior, todos o parte de sus efectivos podrán ponerse a disposición de los comandos de Zonas de Emergencia respectivos.
En 1971, bajo la jefatura del General Jorge Esteban Cáceres Monié y en plena vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, se llevó adelante una reestructuración general y profunda de la estructura orgánica de la PFA, en un contexto signado por el crecimiento y radicalización de la protesta social y política. Esta reestructuración interna de la PFA apuntó a adecuar a la institución policial en su conjunto a las necesidades surgidas de un contexto de ampliación y diversificación de las funciones policiales y al establecimiento de una nueva prioridad en la agenda de las fuerzas de seguridad: la lucha contra la subversión. Es así que la PFA tomó un nuevo formato organizativo que apuntó a fortalecer la cadena de mandos y la estructura jerárquica, así como también a generar una mayor división de tareas y especialización entre los diferentes componentes de la institución. El viejo modelo tomado de la fuerza policial norteamericana fue cambiado por el de las Superintendencias, dedicadas a áreas específicas de la intervención policial.
Es así como las direcciones existentes elevaron su rango jerárquico y pasaron a ser Superintendencias, entre las cuales la de Seguridad Federal (previamente y desde 1948 Dirección de Coordinación Federal) adquirió un rol particularmente importante en esta nueva coyuntura, recuperando la misión histórica de su predecesora en relación al mantenimiento del orden social y político y la seguridad del Estado, pero reformulándola de modo de enfocarla en la llamada “lucha contra la subversión”.
El establecimiento de la Doctrina de Seguridad Nacional generó la integración de la estructura orgánico-funcional del Sistema de Seguridad Interior con el de Defensa Nacional, subordinándose las fuerzas de seguridad a la dirección y control operacional de las fuerzas armadas. En esta etapa se define que las fuerzas de seguridad deberían ser dirigidas por un integrante de las fuerzas armadas en actividad con el grado de Oficial Superior, situación que persistió hasta el retorno de la democracia.
En la "Directiva del Comandante General del Ejército Nº 404/75" (Secreta) se establece:
Fuerzas amigas
1) La Armada operará ofensivamente, a partir de la recepción de la Directiva del Consejo de Defensa Nº 1/75, contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras Fuerzas Armadas para detectar y aniquilar sus organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado.
2) La Fuerza Aérea operará ofensivamente, a partir de la recepción de la Directiva del Consejo de Defensa N° 1/75, contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras Fuerzas Armadas para detectar y aniquilar sus organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado.
3) El Consejo de Defensa mantendrá una reserva estratégica (1 Br I, 1 CIM ref y medios aéreos) a emplear con un preaviso de 24 horas, en las siguientes zonas por orden de prioridad:
Prioridad 1: TUCUMÁN
Prioridad 2: CAPITAL FEDERAL – LA PLATA
Prioridad 3: CÓRDOBA
Prioridad 4: ROSARIO/SANTA FE
3. ORGANIZACIÓN
a. Elementos orgánicos
1) Cdo Grl Ej y Form (s)
2) GGUUB e IIMM
3) Gendarmería Nacional
b. Elementos bajo control operacional
1) Policía Federal Argentina
2) Servicio Penitenciario Nacional
3) Elementos de policías y penitenciarios provinciales
c. Elementos bajo control funcional
Secretaría de Informaciones del Estado

l. Policía Federal Argentina
1) La Jefatura de la PFA y los elementos con asiento en CAPITAL FEDERAL quedarán bajo control del Cdo Grl Ej, a los efectos del cumplimiento de la misión impuesta.
2) Colocará bajo control operacional de los Comandantes de Zona de Defensa, las delegaciones de la PFA que se encuentren en la jurisdicción de cada una de
ellas, para satisfacer exclusivamente exigencias de la misión general impuesta.
3) Satisfará los requerimientos del Cte Z Def 1 para la lucha contra la subversión.
Los elementos que operen en apoyo del Cdo Z Def 1 lo harán bajo control operacional del citado Comandante.

En 1992 se promulga la Ley 24.059 de Seguridad Interior, que establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de planificación, coordinación, control y apoyo del esfuerzo nacional de policía tendiente a garantizar la seguridad interior. El sistema de seguridad interior integra a las Policías Federal, de Seguridad Aeroportuaria, a las provinciales que adhieran a la ley, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.