Entre 1970 y 1980 nació y se desarrolló en la Argentina un vasto movimiento de defensa de los derechos humanos que obtuvo, por sus singulares características, una amplia trascendencia a nivel regional e internacional y que continúa gravitando de manera preponderante aún hoy en la realidad político-institucional del país.
El surgimiento de este movimiento obedeció a dos circunstancias concurrentes: el terrorismo de Estado implantado por las fuerzas armadas en el país desde el 24 de marzo de 1976, y el desarrollo del concepto universal de derechos humanos, producto de los grandes consensos políticos de la segunda post-guerra.
La fundación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 1979, durante la última dictadura militar, debe ubicarse en ese contexto particular. Su creación respondió a la necesidad de encarar acciones rápidas y decisivas para detener las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, documentar el terrorismo de Estado y proporcionar ayuda legal y asistencia a los familiares de las víctimas, especialmente en el caso de detenidos-desaparecidos.
Importantes activistas de Derechos Humanos se destacaron en la fundación del CELS: Emilio Fermín Mignone, Augusto Conte, Alfredo Galletti e Boris Pasik. Su primer presidente fue Emilio Fermín Mignone, abogado, escritor y educador y padre de Mónica María Candelaria Mignone, detenida el 14 de mayo de 1976 por comandos de la Marina y llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde desapareció. Actualmente el CELS es presidido por Horacio Verbitsky.
A partir de la restauración democrática en 1983, el CELS fue una referencia ineludible para el trabajo de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y de la justicia. Su rol de representante legal de numerosas víctimas y familiares lo convirtió en un centro de recepción de denuncias y testimonios, cuyo cuidadoso registro fue fundamental para permitir su utilización como material probatorio en los juicios.
Por otro lado, el CELS definió muy tempranamente una agenda de trabajo orientada a la protección de derechos humanos en democracia, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.
Al trabajo histórico y persistente en reclamo de verdad, justicia y memoria por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, el CELS añadió, hacia fines de los años 80, la investigación y denuncia de numerosas violaciones a los derechos humanos vinculadas al accionar violento de las fuerzas de seguridad, las condiciones infrahumanas de detención de las personas privadas de su libertad en comisarías y cárceles de todo el país y la persistencia de situaciones de crueldad institucional como torturas, malos tratos o abusos, fundamentalmente contra los sectores más excluidos de la sociedad.
A mediados de los años 90 el CELS entendió que resultaba imprescindible incorporar a su agenda de trabajo la tutela y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, entendidos como una referencia central e ineludible del diagnóstico sobre la vigencia de los derechos humanos en democracia.
Como usuario del sistema de justicia, el CELS comprendió también la necesidad de encarar una línea de trabajo institucional orientada a colaborar con la construcción de un sistema judicial legítimo e igualitario, desde una concepción que articula la consolidación del Estado de derecho con el fortalecimiento de un Poder Judicial protector de los derechos humanos.
Así es que las estrategias de intervención del CELS se ubican en cinco grandes áreas:
1) Litigios Estratégicos, con la exploración del litigio como herramienta de incidencia en políticas públicas. En la actualidad, el CELS litiga más de 100 casos en los tribunales argentinos y más de 30 ante organismos internacionales de derechos humanos. El tratamiento legal de estos casos permite trabajar sobre patrones estructurales de violaciones de derechos humanos, cuestionando el contenido, orientación o implementación de políticas públicas que afectan a amplios sectores sociales. De esta manera, los procesos judiciales no se agotan en sí mismos sino que integran una estrategia más amplia de promoción y protección de derechos.
2) Fiscalización e Interlocución con el Estado: dedicado a tarea de construir vínculos institucionales que permitan gravitar sobre el diseño, la instrumentación y el control de políticas públicas y, por otro, la tarea de conservar actitud crítica y capacidad de fiscalización respecto de las agencias judiciales, legislativas y ejecutivas a nivel federal y provincial.
3) Investigación aplicada a la incidencia: el abordaje de investigaciones de violaciones a los derechos humanos tiene un carácter multidisciplinario, con la promoción de diálogos con universidades y centros de investigación.
4) Articulación de instancias locales e internacionales: a lo largo de su historia, y con mayor énfasis desde la consagración constitucional de instrumentos internacionales de derechos humanos en 1994, el CELS ha invocado el derecho internacional de los derechos humanos para demandar la protección de personas y grupos a nivel nacional. Mediante la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno, el CELS fortaleció el litigio en instancias internacionales e impulsó la incorporación de los nuevos estándares constitucionales por parte de los tribunales locales.
5) Inserción social, federalización y alianzas: el CELS desarrolla una parte importante de sus actividades y estrategias en coordinación con otras organizaciones nacionales y del exterior. En los últimos años, el CELS ha integrado alianzas amplias junto con otras organizaciones nacionales para llevar adelante propuestas en materia de reforma judicial y en cuestiones de medio ambiente. También ha desarrollado trabajos con perspectiva regional y global en temas de DESC, seguridad ciudadana y violencia policial, economía global y derechos humanos, clínicas legales y litigio estratégico. Por otro lado, el CELS realiza hace más de una década tareas de capacitación de organizaciones sociales de distintas provincias de Argentina y es cada vez más intenso el trabajo de intercambio de experiencias con organizaciones de la región.