Área de identidad
Tipo de entidad
Entidad colectiva
Forma autorizada del nombre
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)***
Forma(s) paralela(s) de nombre
- CELS
Forma(s) normalizada del nombre, de acuerdo a otras reglas
Otra(s) forma(s) de nombre
Identificadores para instituciones
Área de descripción
Fechas de existencia
1979-0
Historia
Entre 1970 y 1980 nació y se desarrolló en la Argentina un vasto movimiento de defensa de los derechos humanos que obtuvo, por sus singulares características, una amplia trascendencia a nivel regional e internacional y que continúa gravitando de manera preponderante aún hoy en la realidad político-institucional del país.
El surgimiento de este movimiento obedeció a dos circunstancias concurrentes: el terrorismo de Estado implantado por las fuerzas armadas en el país desde el 24 de marzo de 1976, y el desarrollo del concepto universal de derechos humanos, producto de los grandes consensos políticos de la segunda post-guerra.
La fundación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 1979, durante la última dictadura militar, debe ubicarse en ese contexto particular. Su creación respondió a la necesidad de encarar acciones rápidas y decisivas para detener las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, documentar el terrorismo de Estado y proporcionar ayuda legal y asistencia a los familiares de las víctimas, especialmente en el caso de detenidos-desaparecidos.
Importantes activistas de Derechos Humanos se destacaron en la fundación del CELS: Emilio Fermín Mignone, Augusto Conte, Alfredo Galletti e Boris Pasik. Su primer presidente fue Emilio Fermín Mignone, abogado, escritor y educador y padre de Mónica María Candelaria Mignone, detenida el 14 de mayo de 1976 por comandos de la Marina y llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde desapareció. Actualmente el CELS es presidido por Horacio Verbitsky.
A partir de la restauración democrática en 1983, el CELS fue una referencia ineludible para el trabajo de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y de la justicia. Su rol de representante legal de numerosas víctimas y familiares lo convirtió en un centro de recepción de denuncias y testimonios, cuyo cuidadoso registro fue fundamental para permitir su utilización como material probatorio en los juicios.
Por otro lado, el CELS definió muy tempranamente una agenda de trabajo orientada a la protección de derechos humanos en democracia, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.
Al trabajo histórico y persistente en reclamo de verdad, justicia y memoria por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, el CELS añadió, hacia fines de los años 80, la investigación y denuncia de numerosas violaciones a los derechos humanos vinculadas al accionar violento de las fuerzas de seguridad, las condiciones infrahumanas de detención de las personas privadas de su libertad en comisarías y cárceles de todo el país y la persistencia de situaciones de crueldad institucional como torturas, malos tratos o abusos, fundamentalmente contra los sectores más excluidos de la sociedad.
A mediados de los años 90 el CELS entendió que resultaba imprescindible incorporar a su agenda de trabajo la tutela y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, entendidos como una referencia central e ineludible del diagnóstico sobre la vigencia de los derechos humanos en democracia.
Como usuario del sistema de justicia, el CELS comprendió también la necesidad de encarar una línea de trabajo institucional orientada a colaborar con la construcción de un sistema judicial legítimo e igualitario, desde una concepción que articula la consolidación del Estado de derecho con el fortalecimiento de un Poder Judicial protector de los derechos humanos.
Así es que las estrategias de intervención del CELS se ubican en cinco grandes áreas:
1) Litigios Estratégicos, con la exploración del litigio como herramienta de incidencia en políticas públicas. En la actualidad, el CELS litiga más de 100 casos en los tribunales argentinos y más de 30 ante organismos internacionales de derechos humanos. El tratamiento legal de estos casos permite trabajar sobre patrones estructurales de violaciones de derechos humanos, cuestionando el contenido, orientación o implementación de políticas públicas que afectan a amplios sectores sociales. De esta manera, los procesos judiciales no se agotan en sí mismos sino que integran una estrategia más amplia de promoción y protección de derechos.
2) Fiscalización e Interlocución con el Estado: dedicado a tarea de construir vínculos institucionales que permitan gravitar sobre el diseño, la instrumentación y el control de políticas públicas y, por otro, la tarea de conservar actitud crítica y capacidad de fiscalización respecto de las agencias judiciales, legislativas y ejecutivas a nivel federal y provincial.
3) Investigación aplicada a la incidencia: el abordaje de investigaciones de violaciones a los derechos humanos tiene un carácter multidisciplinario, con la promoción de diálogos con universidades y centros de investigación.
4) Articulación de instancias locales e internacionales: a lo largo de su historia, y con mayor énfasis desde la consagración constitucional de instrumentos internacionales de derechos humanos en 1994, el CELS ha invocado el derecho internacional de los derechos humanos para demandar la protección de personas y grupos a nivel nacional. Mediante la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno, el CELS fortaleció el litigio en instancias internacionales e impulsó la incorporación de los nuevos estándares constitucionales por parte de los tribunales locales.
5) Inserción social, federalización y alianzas: el CELS desarrolla una parte importante de sus actividades y estrategias en coordinación con otras organizaciones nacionales y del exterior. En los últimos años, el CELS ha integrado alianzas amplias junto con otras organizaciones nacionales para llevar adelante propuestas en materia de reforma judicial y en cuestiones de medio ambiente. También ha desarrollado trabajos con perspectiva regional y global en temas de DESC, seguridad ciudadana y violencia policial, economía global y derechos humanos, clínicas legales y litigio estratégico. Por otro lado, el CELS realiza hace más de una década tareas de capacitación de organizaciones sociales de distintas provincias de Argentina y es cada vez más intenso el trabajo de intercambio de experiencias con organizaciones de la región.
El surgimiento de este movimiento obedeció a dos circunstancias concurrentes: el terrorismo de Estado implantado por las fuerzas armadas en el país desde el 24 de marzo de 1976, y el desarrollo del concepto universal de derechos humanos, producto de los grandes consensos políticos de la segunda post-guerra.
La fundación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 1979, durante la última dictadura militar, debe ubicarse en ese contexto particular. Su creación respondió a la necesidad de encarar acciones rápidas y decisivas para detener las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, documentar el terrorismo de Estado y proporcionar ayuda legal y asistencia a los familiares de las víctimas, especialmente en el caso de detenidos-desaparecidos.
Importantes activistas de Derechos Humanos se destacaron en la fundación del CELS: Emilio Fermín Mignone, Augusto Conte, Alfredo Galletti e Boris Pasik. Su primer presidente fue Emilio Fermín Mignone, abogado, escritor y educador y padre de Mónica María Candelaria Mignone, detenida el 14 de mayo de 1976 por comandos de la Marina y llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde desapareció. Actualmente el CELS es presidido por Horacio Verbitsky.
A partir de la restauración democrática en 1983, el CELS fue una referencia ineludible para el trabajo de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y de la justicia. Su rol de representante legal de numerosas víctimas y familiares lo convirtió en un centro de recepción de denuncias y testimonios, cuyo cuidadoso registro fue fundamental para permitir su utilización como material probatorio en los juicios.
Por otro lado, el CELS definió muy tempranamente una agenda de trabajo orientada a la protección de derechos humanos en democracia, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.
Al trabajo histórico y persistente en reclamo de verdad, justicia y memoria por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, el CELS añadió, hacia fines de los años 80, la investigación y denuncia de numerosas violaciones a los derechos humanos vinculadas al accionar violento de las fuerzas de seguridad, las condiciones infrahumanas de detención de las personas privadas de su libertad en comisarías y cárceles de todo el país y la persistencia de situaciones de crueldad institucional como torturas, malos tratos o abusos, fundamentalmente contra los sectores más excluidos de la sociedad.
A mediados de los años 90 el CELS entendió que resultaba imprescindible incorporar a su agenda de trabajo la tutela y exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, entendidos como una referencia central e ineludible del diagnóstico sobre la vigencia de los derechos humanos en democracia.
Como usuario del sistema de justicia, el CELS comprendió también la necesidad de encarar una línea de trabajo institucional orientada a colaborar con la construcción de un sistema judicial legítimo e igualitario, desde una concepción que articula la consolidación del Estado de derecho con el fortalecimiento de un Poder Judicial protector de los derechos humanos.
Así es que las estrategias de intervención del CELS se ubican en cinco grandes áreas:
1) Litigios Estratégicos, con la exploración del litigio como herramienta de incidencia en políticas públicas. En la actualidad, el CELS litiga más de 100 casos en los tribunales argentinos y más de 30 ante organismos internacionales de derechos humanos. El tratamiento legal de estos casos permite trabajar sobre patrones estructurales de violaciones de derechos humanos, cuestionando el contenido, orientación o implementación de políticas públicas que afectan a amplios sectores sociales. De esta manera, los procesos judiciales no se agotan en sí mismos sino que integran una estrategia más amplia de promoción y protección de derechos.
2) Fiscalización e Interlocución con el Estado: dedicado a tarea de construir vínculos institucionales que permitan gravitar sobre el diseño, la instrumentación y el control de políticas públicas y, por otro, la tarea de conservar actitud crítica y capacidad de fiscalización respecto de las agencias judiciales, legislativas y ejecutivas a nivel federal y provincial.
3) Investigación aplicada a la incidencia: el abordaje de investigaciones de violaciones a los derechos humanos tiene un carácter multidisciplinario, con la promoción de diálogos con universidades y centros de investigación.
4) Articulación de instancias locales e internacionales: a lo largo de su historia, y con mayor énfasis desde la consagración constitucional de instrumentos internacionales de derechos humanos en 1994, el CELS ha invocado el derecho internacional de los derechos humanos para demandar la protección de personas y grupos a nivel nacional. Mediante la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno, el CELS fortaleció el litigio en instancias internacionales e impulsó la incorporación de los nuevos estándares constitucionales por parte de los tribunales locales.
5) Inserción social, federalización y alianzas: el CELS desarrolla una parte importante de sus actividades y estrategias en coordinación con otras organizaciones nacionales y del exterior. En los últimos años, el CELS ha integrado alianzas amplias junto con otras organizaciones nacionales para llevar adelante propuestas en materia de reforma judicial y en cuestiones de medio ambiente. También ha desarrollado trabajos con perspectiva regional y global en temas de DESC, seguridad ciudadana y violencia policial, economía global y derechos humanos, clínicas legales y litigio estratégico. Por otro lado, el CELS realiza hace más de una década tareas de capacitación de organizaciones sociales de distintas provincias de Argentina y es cada vez más intenso el trabajo de intercambio de experiencias con organizaciones de la región.
Lugares
Estatuto jurídico
Funciones, ocupaciones y actividades
La Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tiene a su cargo la orientación general del trabajo institucional. Está integrada por diez personalidades públicas del mundo del derecho, las ciencias sociales, la comunicación y la cultura, que se reúnen mensualmente y cuyo desempeño es ad honorem.
Realiza además un seguimiento permanente de las acciones que el CELS lleva a cabo a través de su equipo de trabajo. La Comisión Directiva cuenta con un Comité Ejecutivo.
Parte importante de las actividades y estrategias desarrolladas por el CELS se dan en coordinación con distintas organizaciones nacionales y del exterior, en la conformación de alianzas y redes estratégicas que son las siguientes:
Human Rights Watch; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Migrants Rights International; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); UNESCO – Programa Memoria del Mundo. Brasil: Conectas Direitos Humanos / Sur – Rede Universitaria de Direitos Humanos; Núcleo de Estudios da Violencia de la Universidad de San Pablo; Núcleo de Estudios y Pesquisas de la Universidad Federal Fluminense (NUFEP/UFF) Rio de Janeiro; Sou da Paz; Viva Río. Colombia: Coordinadora de Trabajo Carcelario de Justicia;Instituto de Servicios Legales Alternativos – ILSA. Chile: Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA); Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana; Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. El Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Estados Unidos: Open Society Justice Initiative; Vera Institute of Justice; Washington Office on Latin America – WOLA. Guatemala: Seguridad en Democracia. Jamaica: Jamaicans for Justice. México: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – Centro Prodh; Comisión Mexicana de Derechos Humanos; Fundar México; INSYDE. Perú: Instituto de Defensa Legal – IDL. Suiza: Comisión Internacional de Juristas, Ginebra. Uruguay: Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay – IELSUR.
Coalición Internacional de ONGs por un Protocolo Facultativo al PIDESC; Federación Internacional de los Derechos Humanos – FIDH; Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos – FEDEFAM; Liga Internacional por los Derechos Humanos de New York; Observatorio de políticas públicas de derechos humanos del MERCOSUR; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC); Red de intercambio de buenas prácticas en el campo de los servicios sociales, de salud de base y salud mental; Red Latinoamericana de Educación e Investigación en Derechos Humanos (RedLEIDH); Red Latinoamericana y Europea de Derechos Humanos – LAEHR; Human Rights Council-Net; International Network of Civil Liberties Organizations; Coalición Regional en Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos; Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI); Red Latinoamericana de Justicia Transicional.
Realiza además un seguimiento permanente de las acciones que el CELS lleva a cabo a través de su equipo de trabajo. La Comisión Directiva cuenta con un Comité Ejecutivo.
Parte importante de las actividades y estrategias desarrolladas por el CELS se dan en coordinación con distintas organizaciones nacionales y del exterior, en la conformación de alianzas y redes estratégicas que son las siguientes:
- Organizaciones Nacionales: Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales -ANDHES Sede Jujuy y Tucumán; Abuelas de Plaza de Mayo; Asamblea de Usuarios de Servicios de Salud Mental; Asociación Buena Memoria; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Asociación Civil Práctica Alternativa del Derecho (PRADE), Santiago del Estero; Asociación de Defensores de Derechos Humanos (ADDH); Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Asociación El Ágora; Asociación Miguel Bru, La Plata; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – La Plata; Casa del Liberado, Córdoba; Casa de la Memoria y la Vida Mansión Seré, Municipio de Morón; Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata; Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús; Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); Centro Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral; Central de Trabajadores Argentinos (CTA); Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), La Plata; Comisión Provincial por la Memoria; Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas (CONFAR); Convocatoria Neuquina, Neuquén; Departamento de Planificación y Políticas Públicas, el Centro de Derechos Humanos y la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús; Equipo Argentino de Antropología Forense; Equipo de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; FAVIM – Acción Ciudadana, Mendoza; Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO); Foro de Derechos Humanos de San Isidro; Foro Una Corte para la democracia; Foro para la Justicia Democrática (FOJUDE); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación por la Memoria Histórica y Social Argentina; Fundación Servicio, Paz y Justicia (SERPAJ); FLACSO Argentina; HelpArgentina; Hermana Martha Pelloni; HIJOS – Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Chaco; Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), Universidad Nacional de San Martín; Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED); Laboratorio de Políticas Públicas; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Mas derechos más seguridad; Memoria Abierta; Movimiento Ecuménico por los Derechos del Hombre; Movimiento Teresa Rodríguez; Organizaciones de acceso a la información; Organización Zainuco, Neuquén; Participación Ciudadana, Ushuaia; Poder Ciudadano; Programa de Investigación sobre Fuerzas Armadas, Seguridad y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes; Programa “Transformaciones en el Gobierno de la Seguridad Urbana y Derechos Humanos” de la Secretaría General de la Universidad Nacional de Rosario; Proyecto Seguridad Urbana, Institución Policial y Prevención del Delito de la Universidad Nacional del Litoral; Rabino Daniel Goldman; Raquel y Jorge Witis; Red de abogados de Derechos Humanos (Memoria); Red de Derechos Humanos y Salud Mental; Red de Redes de Información Económica y Social (UNIRED); Red Solidaria; Sección de Criminología y Política Criminal, Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario; Usuarios y Consumidores.
- Organizaciones Internacionales: Amnesty International; Asociación para la Prevención de la Tortura; Center for International Environmental Law –CIEL; Centre On Housing Rights and Evictions – COHRE; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL; Equipo Latinoamericano de Justicia y Género – ELA; Food First Information & Action Network – FIAN; Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas –FIEL; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO; Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – IWIGIA;
Human Rights Watch; Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Migrants Rights International; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); UNESCO – Programa Memoria del Mundo. Brasil: Conectas Direitos Humanos / Sur – Rede Universitaria de Direitos Humanos; Núcleo de Estudios da Violencia de la Universidad de San Pablo; Núcleo de Estudios y Pesquisas de la Universidad Federal Fluminense (NUFEP/UFF) Rio de Janeiro; Sou da Paz; Viva Río. Colombia: Coordinadora de Trabajo Carcelario de Justicia;Instituto de Servicios Legales Alternativos – ILSA. Chile: Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile; Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA); Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana; Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. El Salvador: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD). Estados Unidos: Open Society Justice Initiative; Vera Institute of Justice; Washington Office on Latin America – WOLA. Guatemala: Seguridad en Democracia. Jamaica: Jamaicans for Justice. México: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – Centro Prodh; Comisión Mexicana de Derechos Humanos; Fundar México; INSYDE. Perú: Instituto de Defensa Legal – IDL. Suiza: Comisión Internacional de Juristas, Ginebra. Uruguay: Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay – IELSUR.
- Universidades y Facultades: Universidad de Buenos Aires (UBA); Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS); Universidad Nacional de Lanús (UNLA); Universidad Nacional del Litoral (UNL); Universidad Nacional de Rosario (UNR); Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); Universidad de San Andrés; Universidad de Quilmes (UNQ). Facultades UBA: Facultad de Ciencias Sociales – Instituto Gino Germani; Facultad de Derecho; Facultad de Filosofía y Letras – Instituto de Ciencias Antropológicas – Sección Antropología Social.
- Bibliotecas y Archivos: Archivo General de la Nación. Dirección Archivo Intermedio; Archivos sin Frontera; Biblioteca del Congreso de la Nación; Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina; Universidad de San Andrés – Biblioteca Max von Buch; Universidad de la Plata – Biblioteca de Derechos Humanos; Universidad de Quilmes – Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone; Universidad de Lanús – Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone.
- Redes: Coalición Internacional de organizaciones de derechos humanos de las Américas;
Coalición Internacional de ONGs por un Protocolo Facultativo al PIDESC; Federación Internacional de los Derechos Humanos – FIDH; Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos – FEDEFAM; Liga Internacional por los Derechos Humanos de New York; Observatorio de políticas públicas de derechos humanos del MERCOSUR; Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red DESC); Red de intercambio de buenas prácticas en el campo de los servicios sociales, de salud de base y salud mental; Red Latinoamericana de Educación e Investigación en Derechos Humanos (RedLEIDH); Red Latinoamericana y Europea de Derechos Humanos – LAEHR; Human Rights Council-Net; International Network of Civil Liberties Organizations; Coalición Regional en Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos; Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI); Red Latinoamericana de Justicia Transicional.
Mandatos/fuentes de autoridad
Estructura/genealogía interna
Cuanto a los programas temáticos desarrollados por las distintas áreas de investigaciones se menciona:
- Memoria y Lucha contra la Impunidad: la investigación de la verdad sobre lo sucedido durante última dictadura militar argentina, el juzgamiento de los responsables del genocidio y la construcción de una memoria colectiva, constituyen respuestas indispensables para las víctimas y son condiciones para el fortalecimiento de la democracia.
- Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana: la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el accionar violento de las fuerzas de seguridad, el control del uso de la fuerza, y el seguimiento de la situación de los presos en todo el país son condiciones indispensables para el respeto a los derechos fundamentales.
- Derechos Económicos, Sociales y Culturales: la protección legal de los derechos sociales, el reconocimiento de derechos a individuos y grupos vulnerables, el análisis y monitoreo de políticas sociales y de servicios públicos constituyen condiciones necesarias para garantizar los derechos humanos en democracia.
- Justicia Democrática: la justicia es una pieza clave para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Desde el CELS se promueve su apertura a canales de participación y control para reforzar su independencia y legitimidad; la ampliación de las vías de acceso; y la obtención de respuestas eficaces para las violaciones de derechos humanos.
- Cárceles y Justicia Penal: la situación de las personas privadas de su libertad en Argentina es uno de los problemas institucionales prioritarios en la agenda actual, porque implica una masiva y sistemática violación a los derechos humanos en el sistema carcelario federal y en los provinciales. La responsabilidad por esta situación alcanza a todos los poderes del Estado.
- Salud Mental: la atención a las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares, la situación de las personas con discapacidades mentales detenidas en hospitales psiquiátricos y cárceles, el asesoramiento en casos de asilo político, refugio o restitución de niños apropiados componen la vigencia de derechos humanos en democracia.
- Control Civil de las Fuerzas Armadas: la democratización de las relaciones cívico-militares, la limitación de la injerencia de las fuerzas armadas en la seguridad interior, el control de la idoneidad ética de sus integrantes, y la seguridad regional
- Memoria y Lucha contra la Impunidad: la investigación de la verdad sobre lo sucedido durante última dictadura militar argentina, el juzgamiento de los responsables del genocidio y la construcción de una memoria colectiva, constituyen respuestas indispensables para las víctimas y son condiciones para el fortalecimiento de la democracia.
- Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana: la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el accionar violento de las fuerzas de seguridad, el control del uso de la fuerza, y el seguimiento de la situación de los presos en todo el país son condiciones indispensables para el respeto a los derechos fundamentales.
- Derechos Económicos, Sociales y Culturales: la protección legal de los derechos sociales, el reconocimiento de derechos a individuos y grupos vulnerables, el análisis y monitoreo de políticas sociales y de servicios públicos constituyen condiciones necesarias para garantizar los derechos humanos en democracia.
- Justicia Democrática: la justicia es una pieza clave para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Desde el CELS se promueve su apertura a canales de participación y control para reforzar su independencia y legitimidad; la ampliación de las vías de acceso; y la obtención de respuestas eficaces para las violaciones de derechos humanos.
- Cárceles y Justicia Penal: la situación de las personas privadas de su libertad en Argentina es uno de los problemas institucionales prioritarios en la agenda actual, porque implica una masiva y sistemática violación a los derechos humanos en el sistema carcelario federal y en los provinciales. La responsabilidad por esta situación alcanza a todos los poderes del Estado.
- Salud Mental: la atención a las víctimas del terrorismo de Estado y sus familiares, la situación de las personas con discapacidades mentales detenidas en hospitales psiquiátricos y cárceles, el asesoramiento en casos de asilo político, refugio o restitución de niños apropiados componen la vigencia de derechos humanos en democracia.
- Control Civil de las Fuerzas Armadas: la democratización de las relaciones cívico-militares, la limitación de la injerencia de las fuerzas armadas en la seguridad interior, el control de la idoneidad ética de sus integrantes, y la seguridad regional
Contexto general
Área de relaciones
Área de control
Identificador de la descripción
AR
Identificador de la institución
Reglas y/o convenciones usadas
Estado de elaboración
Revisado
Nivel de detalle
Básico
Fechas de creación, revisión o eliminación
01092014
Idioma(s)
Escritura(s)
Fuentes
CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES – CELS.
http://www.cels.org.ar/home/index.php
http://www.cels.org.ar/home/index.php