El golpe de Estado de 1976 se desenvolvió en el marco de un proceso cuyos antecedentes pueden rastrearse a lo largo de todo el siglo XX, en la alternancia de dictaduras militares y democracias restringidas.
En el marco de la sociedad fuertemente movilizada de inicios de la década del setenta, las Fuerzas Armadas y de Seguridad comenzaron a desarrollar operaciones represivas ilegales, a través de organizaciones paraestatales. Los asesinatos y los secuestros efectuados por la Triple A y otras bandas de derecha organizadas, armadas y financiadas desde el Ministerio de Bienestar Social y otros sectores gubernamentales, las acciones criminales encubiertas de los comandos de inteligencia militar y policial y la agudización de la política represiva (“Decreto de Aniquilamiento”) produjeron más de 1500 víctimas, muchas de ellas desaparecidas, y allanaron el camino a la consumación del golpe de Estado que derrocó un gobierno constitucional, eliminó todo vestigio democrático e institucionalizó el ejercicio sistemático y masivo del terrorismo estatal.
La decisión planificada de eliminar al activismo organizado, desmantelar los nucleamientos populares, disciplinar a la sociedad, requería de la totalidad de las instituciones del Estado. Tras el golpe de 1976, la dictadura institucionalizó y potenció el modo represivo previamente ensayado: la metodología de secuestro-tortura-desaparición y el centro clandestino de detención como dispositivo de destrucción y exterminio de los prisioneros y de diseminación del terror hacia la sociedad.
Ya en 1975, al tiempo que se dictaba la Directiva del Consejo de Defensa Nº 1/75, la Armada Argentina adaptó su organigrama para participar en el plan represivo. El comandante en jefe de la Armada, Emilio Massera, emitió la Directiva Antisubversiva COAR 1/75 “S”, que indicaba que la misión de la Armada sería operar en su jurisdicción y fuera de ella contra las organizaciones subversivas, para “detectarlas y aniquilarlas”, e instruyó al Comando de Operaciones Navales (CON) para que emitiera un “plan estratégico operacional”. El resultado fue el Plan de Capacidades CON Nº 1 “S”/75 Contribuyente Con La Directiva Antisubversiva COAR Nº1/75 “S” (PLACINTARA/75) del 21 de noviembre de ese mismo año.
Estos documentos definieron los objetivos y el modo de la participación de la Armada en la represión durante la dictadura.
El “Plan Anual Naval” de 1976, determinó la preeminencia de las actividades contrarrevolucionarias, especialmente en lo que hacía al uso de instalaciones, gastos, ocupación de personal y recursos de formación.
Para enfrentar la “lucha contra la subversión” la Armada fue dividida en once Fuerzas de Tarea (FT), a las cuales se le asignaron dependencias edilicias, circunscripciones territoriales y misiones específicas. Estas FT se subdividieron, a su vez, en Grupos de tareas (GT) y estas en Unidades de Tareas (UT) y en Elementos de Tareas (ET).
La FT3 fue denominada “Agrupación Buenos Aires”, y su misión era la actividad ofensiva contra el “enemigo subversivo”. Estaba organizada en diferentes GT, apostados en dependencias de la Armada, en la Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Estos eran: el Batallón de Seguridad de la sede del Comando General de la Armada, la Base Aeronaval de Ezeiza, La Escuela Superior de Mecánica de la Armada, el Arsenal de Artillería de Marina de Zárate, los Apostaderos Navales de Buenos Aires y San Fernando, la Escuela Nacional de Náutica, el Arsenal Naval Azopardo y los demás organismos y dependencias de la Armada con asiento en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Su comandante era el jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada y reportaba al Comando de Operaciones Navales.
Esta forma de organización funcional era la que se debía adoptar en caso de conflicto bélico u otras circunstancias especiales y fue la que adoptó también para su participación en la guerra por las islas Malvinas, por ejemplo. La coordinación de las FT quedó a cargo del Comando de Operaciones Navales, quien reportaba directamente al comandante en jefe de la Armada: de esta manera se creó una cadena de mandos paralela a la administrativa.
El Grupo de Tareas 3.3 de la Armada, así como el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), también se ocupó de actividades represivas en el exterior, mediadas o no por relaciones de coordinación represiva con organismos represivos de otros países, como operativos de recolección de información para la confección de inteligencia sobre activistas argentinos que se encontraran residiendo en el exterior del país. Del mismo modo, operativos de repatriación forzada de exiliados secuestrados fuera del país. En la mayoría de los casos fueron operativos en los que se secuestró a militantes o ex militantes de la organización Montoneros. El más importante por su volumen fue el traslado de miembros de la Columna Oeste de Montoneros detenidos en Uruguay por el cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA) en diciembre de 1977. Otra modalidad de actuación del GT3.3 consistió en operativos para intentar asesinar a dirigentes de la organización Montoneros en el exterior, especialmente en México. También operativos de acción psicológica con el objetivo de desprestigiar a los exiliados y principalmente, a los de la organización Montoneros, vinculados o no con la repatriación forzada de miembros de esa organización que se encontraban en el exilio y su posterior desaparición y operativos de infiltración en las comunidades de exiliados con el fin de desalentar las denuncias contra la dictadura en general y contra la Armada en particular. (Slatman, 2012).