Las instituciones democráticas de la provincia de Córdoba fueron tempranamente derrumbadas por la acción de la policía provincial, dos años antes del golpe de estado de marzo de 1976, y cuatro meses antes de la muerte del entonces presidente de la República, Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974. El 28 de febrero de 1974, el jefe de policía de la provincia de Córdoba, Teniente Coronel (Re) Antonio Navarro se levantó contra las autoridades gubernamentales de la provincia, el gobernador Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López.
Navarro encarceló durante dos días a las autoridades provinciales y a varios funcionarios del Poder Ejecutivo imponiendo un “virtual” estado de sitio: persecuciones y detenciones a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles; la ciudad quedó paralizada bajo la custodia policial con el auxilio de grupos armados civiles: este hecho fue conocido como “el navarrazo”.
Después de marzo de 1974, la vida política de la provincia de Córdoba sólo conoció la intensificación de la crisis. Hasta marzo de 1976, se sucedieron tres Interventores Federales: Duilio
Brunello, Raúl Lacabanne y Raúl Bercovich Rodríguez. De esta forma, el “navarrazo” funcionó como catalizador para concretar los objetivos de depuración política e ideológica en la provincia por parte de la derecha política del peronismo y recuperar los espacios de poder político: el control del Estado provincial y la Confederación General del Trabajo (CGT) regional. Efectivamente, lo que se estaba viviendo durante las jornadas del “navarrazo”, demostraba que Córdoba era “un campo de ensayo” para un “proyecto” que se aplicaría en todo el país.
El 7 de septiembre de 1974 fue designado Interventor Federal el Brigadier (Re) Raúl Lacabanne con el apoyo del Ministro de Bienestar Social, José López Rega. La política de Lacabanne se basó en la lógica de un militar en acción, con un proceso de “depuración ideológica” de las instituciones que fue llevado adelante a través de las operaciones del Comando de Libertadores de América – versión local de la triple A –, estructura clandestina del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba que desató una sostenida acción criminal. Así es que toda la sociedad cordobesa quedó bajo sospecha y a merced del accionar policial, cuya función fue reiteradamente destacada por su desempeño en la lucha contra la subversión.
Luego, en la gestión del Interventor Federal Raúl Bercovich Rodríguez, se sumó a la persecución y al asesinato la desaparición forzosa de personas. Estas eran alojadas en la Prisión Militar Campo La Rivera (proximidades del cementerio San Vicente), que funcionaba como centro clandestino de detención de civiles. Según el Informe de la CONADEP, delegación Córdoba, las denuncias registradas sobre desaparición de personas antes del 24 de marzo de 1976, fueron 52; 42 de las cuales se contaron entre el 6 de diciembre de 1975 y el 20 de marzo de 1976. En este sentido, con los sucesos del “navarrazo”, y fundamentalmente desde el período del Interventor Federal Raúl Lacabanne, las instituciones políticas y los ciudadanos de Córdoba comenzaron a sufrir los efectos de una política de miedo, un preludio de lo que vino después.

Las policías provinciales durante el período abordado estaban bajo control operacional del Ejército, según la "Directiva del Comandante General del Ejército Nº 404/75" (Secreta) en donde se establece:
Fuerzas amigas:
1) La Armada operará ofensivamente, a partir de la recepción de la Directiva del Consejo de Defensa Nº 1/75, contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras Fuerzas Armadas para detectar y aniquilar sus organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado.
2) La Fuerza Aérea operará ofensivamente, a partir de la recepción de la Directiva del Consejo de Defensa N° 1/75, contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras Fuerzas Armadas para detectar y aniquilar sus organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado.
3) El Consejo de Defensa mantendrá una reserva estratégica (1 Br I, 1 CIM ref y medios aéreos) a emplear con un preaviso de 24 horas, en las siguientes zonas por orden de prioridad:
Prioridad 1: TUCUMÁN
Prioridad 2: CAPITAL FEDERAL – LA PLATA
Prioridad 3: CÓRDOBA
Prioridad 4: ROSARIO/SANTA FE
3. ORGANIZACIÓN
a. Elementos orgánicos
1) Cdo Grl Ej y Form (s)
2) GGUUB e IIMM
3) Gendarmería Nacional
b. Elementos bajo control operacional
1) Policía Federal Argentina
2) Servicio Penitenciario Nacional
3) Elementos de policías y penitenciarios provinciales
c. Elementos bajo control funcional
Secretaría de Informaciones del Estado

El organismo de inteligencia de las policías provinciales es el Departamento de Informaciones Policiales, identificado al interior de la estructura orgánica con el código D2. Este organismo surgió, en la mayoría de las policías provinciales, a principios de la década del setenta en el marco de ese proceso de militarización bajo las Fuerzas Armadas. Los Departamentos de Informaciones Policiales tienen un antecedente en las Divisiones de Orden Político surgidas dentro de la fuerza en el gobierno de Agustín Pedro Justo (1932-1938).
Desde 1972 el Departamento de Informaciones de Córdoba recibió mayor presupuesto y personal con la finalidad de incrementar las tareas espionaje, organización de la información obtenida, detenciones, secuestros, interrogatorios y torturas de personas consideradas como una amenaza para el orden social.
Los periodos de mayor represión y crímenes ocurrieron entre 1974 y 1979 cuando el D2 estuvo a cargo de ese departamento policial. Durante esos años, estuvieron al mando el Insp. Mayor Ernesto Julio Ledesma (1974-1975), el Crio. Insp. Pedro Raúl Telleldín (1975-1977) y el Crio. Juan Fernando Esteban (1977-1979). Los vínculos de la Policía Provincial con la política eran de tal dimensión que en febrero del 74 el Tte. Cnel. Domingo Navarro, jefe de la Policía de Córdoba, lideró un alzamiento conocido como el «Navarrazo» cuyo desenlace fue la destitución del gobernador electo y la intervención federal en el gobierno provincial.

Arzobispado de Córdoba Argentina

Las cárceles del Servicio Penitenciario de Córdoba y del resto del país, sirvieron para legalizar a muchos de los desaparecidos. En algunas oportunidades, también, fueron extraídos presos que estaban “legalizados”, para ser asesinados, generalmente, en enfrentamientos fraguados. Los cuerpos de muchas de las víctimas pasaron por el Hospital Militar, la Morgue Judicial y el Cementerio de San Vicente. Del mismo modo muchas de las comisarías de la capital y del interior provincial, como las de Unquillo y Salsipuedes, fueron utilizadas para albergar y desaparecer detenidos.
La Unidad Penitenciaria Nº 1 (UP 1) de Córdoba, destinada a albergar a detenidos legalizados que – después de pasar por algunos de los campos – eran sometidos a Tribunales Militares o puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN): Unidad Penitenciaria Nº 1: los traslados de detenidos entre diferentes centros alcanzaron a personas “legalizadas” que se encontraban alojadas en las unidades penitenciarias de El Buen Pastor, Cárcel de Encausados y Unidad Penitenciaria Provincial Nº 1, quienes fueron sacadas en diversas oportunidades para ser llevadas a los CCD.
Entre marzo y octubre de 1976 fueron fusilados 29 presos políticos detenidos en la Unidad Nº del Servicio Penitenciario Provincial (Barrio San Martín, Córdoba).
La custodia de los campos bajo dependencia militar y de la UP 1 estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, a través del Destacamento Móvil Nº 3 con asiento en la ciudad de Jesús María.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el Decreto presidencial Nº 187 del 15 de diciembre de 1983 por el presidente Raúl Alfonsín.
En el primer considerando del Decreto se sostiene que “la cuestión de los Derechos Humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional”, debiendo la Comisión tener como objetivo intervenir activamente en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país, averiguando su destino o paradero como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización. Recibiría denuncias y pruebas sobre esos hechos para remitirlos a la justicia cuando de ellas surgiera la comisión de delitos. La misión encomendada no implicaba la determinación de responsabilidades. La justicia, receptora del material logrado por la Comisión en sus investigaciones y procedimientos, sería la encargada de delimitar responsabilidades, y decidir sobre los culpables.

El presidente de la República convocó entonces a personalidades de diferentes ámbitos culturales y políticos, para que llevaran a cabo con independencia sus funciones y con carácter “ad honorem”: Fue así como asumieron sus funciones Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall T. Meyer, Mons. Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú y Ernesto Sábato, quien la presidió. También la integraron Santiago López, Hugo Piucill, Horacio Huarte, Graciela Fernandez Meijide, Daniel Salvador, Raúl Aragón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.

Fue la primera Comisión de la Verdad que funcionó en el mundo. En la realización de sus labores la Comisión contó con la ayuda prestada por los organismos de Derechos Humanos, que aportaron recursos humanos y técnicos, así como toda su consolidada experiencia adquirida durante el período dictatorial, sobre todo la documentación reunida. También contó con elaboraciones efectuadas anteriormente por Naciones Unidas,
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y diversos organismos internacionales, en relación al tema de las desapariciones en la República Argentina.
Por otra parte, muchos de los requerimientos de la Comisión quedaron sin respuesta, al no contestarse satisfactoriamente todos los respectivos pedidos de informes cursados a organismos dependientes de las Fuerzas Armadas. Esta falta de colaboración se evidenció también en la actitud de unos pocos Jueces de Capital y otros de Provincia que devolvieron las notas que la CONADEP les remitía negándole entidad, representatividad o personería. También hubo organismos administrativos y de seguridad a los que se debió recurrir hasta la instancia del presidente de la República para que respondieran a la brevedad, lo mismo que para que se dejara sin efecto la disposición que servía a los integrantes de las Fuerzas Armadas para negarse a responder a las preguntas de la Comisión so pretexto de “secreto militar”, acorde a lo dispuesto por el Decreto Nº 2107/84.
Debido al aluvión de denuncias y testimonios producidos ni bien se iniciaron las actividades de la Comisión, se tornó indispensable la incorporación de más personal y la obtención de mayor espacio dentro de las instalaciones del Centro Cultural General San Martín, cuyo Director, Javier Torre, destinó el segundo piso y sus dependencias anexas, con muebles y útiles, al servicio de la CONADEP.
El informe de CONADEP precisa en 8.961 el número de desaparecidos, y en sus tres anexos incluye los datos identitarios básicos de cada desaparecido, de aquellos vistos por los sobrevivientes durante su cautiverio y una lista de centros clandestinos. Las listas son presentadas como registros provisorios, ya que como la propia Comisión advierte "muchas desapariciones no han sido denunciadas, por carecer las víctimas de familiares, por preferir estos mantener reservas o por vivir en localidades muy alejadas de centros urbanos". No incluye el informe a aquellas personas cuyos cadáveres fueron hallados e identificados, ni a quienes sobrevivieron al cautiverio clandestino. Incluyó declaraciones de miembros de las Fuerzas de Seguridad que intervinieron en el accionar represivo. Realizó inspecciones en distintos puntos del territorio nacional; recabó información a las Fuerzas Armadas y de Seguridad y a diversos organismos públicos y privados.
De la investigación efectuada resultó la formulación de denuncias ante la justicia, comprensivas de 1.086 legajos que permiten tener por acreditada la existencia y funcionamiento de los principales centros clandestinos de detención; nómina parcial de “desaparecidos” que fueron vistos con vida en tales centros y de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mencionados por las víctimas como responsables de los graves hechos denunciados.
Según el informe de la CONADEP, el gobierno militar, debido al ejercicio de la facultad de Estado de Sitio, detuvo a 4.029 personas por menos de un año; a 2.296 entre uno y tres años; a 1.172 entre tres y cinco años; a 668 entre cinco y siete años; y a 431 entre siete y nueve años. La CONADEP ha registrado que, por lo menos, 157 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pasaron luego a revistar en la categoría de desaparecidos una vez que se emitió el Decreto disponiendo la libertad de los mismos. Cabe agregar que el uso de esta facultad – poner a disposición del PEN – implicó de hecho la imposición de severas condenas sin formulación de cargos ni juicio previo, por lo que violaba sistemáticamente el derecho a justa defensa.
El informe presentado como resultado de las investigaciones de CONADEP fue publicado bajo el titulo "Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas", editado por EUDEBA (Editorial Universidad de Buenos Aires) en 1984.
La CONADEP fue más tarde una importante prueba documental que permitió el juzgamiento de los integrantes de las Juntas Militares en la causa 13/84.
En el año 2007, el Fondo Documental CONADEP fue declarado Memoria del Mundo por la UNESCO junto a otros 18 archivos del Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos en Argentina relativo al período 1976-1983.