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Abuelas de Plaza de Mayo***

1977 -

Durante la última dictadura dictadura argentina, la cantidad de secuestros de niños y de jóvenes embarazadas, el funcionamiento de maternidades clandestinas (Campo de Mayo, Escuela de Mecánica de la Armada, Pozo de Banfield, etc.), la existencia de listas de familias de militares en "espera” de un nacimiento en esos centros clandestinos y las declaraciones de los mismos militares demuestran la existencia de un plan preconcebido no sólo de secuestro de adultos sino también un plan sistemático de apropiación de niños.
Los niños robados como “botín de guerra” fueron inscriptos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres sin nombre N.N. De esa manera los hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus derechos y de su libertad.
El año 1977 doce madres comprendieron que debían organizarse para buscar a los hijos de sus hijos secuestrados por la dictadura. Ese mismo año, en 22 de octubre, se juntaron por primera vez para esbozar los lineamientos de su búsqueda e iniciar una lucha colectiva que sigue hasta hoy. Las mujeres se bautizaron como Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, más tarde adoptaron el nombre con que el periodismo internacional las llamaba: Abuelas de Plaza de Mayo.
El grupo original de Abuelas estaba compuesto por Raquel Radío de Marizcurrena; Clara Jurado; María Eugenia Cassinelli de García Iruretagoyena; Delia Giovanola de Califano; Haydeé Vallino de Lemos; Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra; Leontina Puebla de Pérez; Beatriz Aicardi de Neuhaus; Eva Márquez de Castillo Barrios; María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani; Vilma Delinda Sesarego de Gutiérrez, y Mirta Acuña de Baravalle.
El lugar que las 12 fundadoras habían alquilado quedó chico, pero gracias a una donación del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), la principal organización ecuménica cristiana internacional, compraron el primer departamento de la Asociación, ubicado en Montevideo 434, en pleno centro porteño.
Mientras tanto se pusieron a compilar un listado de nombres con la foto de cada niño y cada mujer embarazada secuestrados. Luego hicieron una lista de personalidades a quienes presentar los casos. Escribieron una carta dirigida al entonces papa Paulo VI e infinidad de misivas a funcionarios de todos los niveles. Enviaron escritos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a las Naciones Unidas y a la Cruz Roja. Al mismo tiempo se fueron entrevistando con militares, obispos y líderes políticos. Además de ir diariamente a los despachos oficiales, las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas empezaron a ir a las redacciones de los diarios.
En abril de 1978, previendo los posibles problemas que surgirían si sus nietos fueran “legalmente” adoptados, las Abuelas solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que prohibiera la adopción de niños registrados como NN y exigiera investigaciones exhaustivas sobre los orígenes de quienes tuvieran tres años o menos y que hubiesen sido entregados en adopción después de marzo de 1976. Tres meses después la Corte rechazó la presentación y se declaró incompetente para tratar el problema.
Mientras tanto, las Abuelas fueron definiendo su perfil interdisciplinario (con médicos, abogados, genetistas, antropólogos y psicólogos que trabajaban en la Asociación) y a partir de esto, la interrelación con otros actores y organizaciones se diversificó. Además empezaron a participar en congresos, seminarios y conferencias, en muchos casos como expositoras centrales.
El 27 de septiembre de 1983, con los militares aún en el poder, se promulgó la Ley de Enjuiciamiento de Actividades Terroristas y Subversivas, conocida como Ley de Autoanistia. Un mes después, el 30 de octubre, el pueblo volvió a votar. Ganó el candidato radical, Raúl Alfonsín, que asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983, y una de sus primeras medidas fue enviar al Congreso un Proyecto de Ley para anular la Ley de Autoanistia, que fue aprobado y convertido en Ley el 22 de diciembre. Acto seguido sancionó los Decretos Nº 157 y 158. El primero planteaba la persecución penal correspondiente contra los máximos responsables de la instauración de formas violentas de acción política, que se aplicaría a los dirigentes de organizaciones guerrilleras. Y el segundo Decreto determinaba el enjuiciamiento de la Junta Militar que usurpó el gobierno el 24 de marzo de 1976. Alfonsín también sancionó el Decreto 187 por el cual estableció la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que estaría a cargo de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
En este mismo año las Abuelas de Plaza de Mayo adquirieron la personería jurídica: “Pasado el tiempo y ante la persistencia de nuestro estado de despojo, a pesar del incesante reclamo, hemos resuelto constituir la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo”, dice el acta constitutiva de la Asociación fechada el 9 de septiembre de 1983.
Las Abuelas comenzaron a ganar respeto y reconocimiento crecientes, y mucha gente se fue acercando a ellas. Algunos, de forma anónima, aportaron datos sobre los menores. Otros se sumaron a las marchas. También se acercaron profesionales, quienes voluntariamente comenzaron a prestar ayuda. Así llegaron los psicólogos para acompañar a los niños en el período de la restitución y los abogados para elaborar estrategias a seguir ante la Justicia. El trabajo de la institución se fue delineando en cuatro niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales; presentaciones ante la Justicia; solicitudes de colaboración dirigida al pueblo en general; pesquisas o investigaciones personales. Por cada niño desaparecido se abrió una causa judicial a la que aún hoy se van agregando elementos probatorios para localizarlos y comprobar su verdadera filiación, así como también para juzgar a los responsables de su secuestro o tenencia ilícita. El equipo más protegido fue el de “investigación”. Nadie que no fuera Abuela podía pertenecer a él. Recién en 1984 ingresaron otros familiares a investigación. Además de todo este trabajo silencioso, las Abuelas empezaron a difundir mensajes de búsqueda en diarios, revistas, radios y canales de televisión: “Si usted sabe algo, ayúdenos a encontrarlos”, decían.
En 1984, Las Abuelas, que ya habían resuelto 25 casos de apropiación, decidieron editar un libro para contar todas las experiencias vividas en siete años de lucha. Así se publicó “Botín de Guerra”, en el que, a través de testimonios, se relatan los pasos iniciales del trabajo de las Abuelas y las primeras restituciones. También se realizó la primera muestra “Niños desaparecidos, nacidos en Cautiverio”, junto a la Asociación Cristiana de Jóvenes, y se llevó adelante el “Primer Seminario Nacional Niños desaparecidos, su restitución”. En 1986 las Abuelas también comenzaron a publicar un boletín de informaciones, que editarían sin interrupciones durante ocho años.
En febrero de 1986, las Abuelas se entrevistaron con el presidente Raúl Alfonsín a quien le realizaron varios pedidos. Uno de ellos era que enviara al Congreso de la Nación la propuesta de creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Las pruebas recabadas sobre los niños desaparecidos y la eficacia indiscutible del análisis de ADN – que ya había servido para resolver varios casos – hicieron que el presidente aprobara la solicitud. Abuelas, junto con una serie de organismos gubernamentales y el Servicio de Inmunología del Hospital Durand de la Capital Federal, redactaron una Ley que fue unánimemente aprobada por el Congreso en mayo de 1987. La Ley 23.511 determinó la creación de un banco de datos genéticos para dirimir cualquier tipo de conflicto que implicara cuestiones de filiación, incluidos los casos de niños desaparecidos.
Los primeros años de la década del 90 fueron de reacomodamiento institucional para las Abuelas. Se produjeron algunos cambios: Rosa Roisinblit pasó a ocupar el cargo de vicepresidenta y Estela Carlotto el de presidenta. Estela fue vicepresidenta hasta el 89, y después de la renuncia de Chicha Mariani – segunda presidenta de Abuelas – quedó como presidenta. El año 1990, en la reunión de comisión directiva, Estela fue reelecta y se votó a Rosa como vice. En 1992, a partir de una solicitud de las Abuelas al Gobierno nacional, se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En 1995 nació la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), de la que participaban –y siguen participando – muchos nietos. La generación de los hijos de desaparecidos comenzaba a reclamar, junto a Madres y Abuelas, “verdad, memoria y justicia”. Junto con este recambio generacional, el pacto de impunidad que habían sellado Raúl Alfonsín y Carlos Menem con sus concesiones a los represores, lentamente empezaba a desmoronarse. El silencio corporativo de las fuerzas represivas también se quebró. El 3 de marzo del 95, el ex capitán de corbeta Alfredo Francisco Scilingo reconoció haber participado, junto con otros militares, del asesinato de detenidos-desaparecidos en los llamados “vuelos de la muerte”.
En julio de 1998, a partir de una idea surgida del nuevo equipo de colaboradores – en donde también había hijos de desaparecidos –, se creó el proyecto Reconstrucción de la Identidad de los Desaparecidos, “Archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo”, por medio de un convenio entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Abuelas.
En 2002 se instaló un local para el funcionamiento del servicio asistencial gratuito y abierto a la comunidad del equipo psicológico, dedicado a la atención de víctimas de violación del derecho a la identidad, que comenzaría a funcionar en septiembre del año siguiente. Alicia Lo Giúdice, responsable del área terapéutica de Abuelas, quedó a cargo del Centro que además, fue dotando de profesionales a las filiales de Córdoba, Mar del Plata, Rosario y La Plata. También en ese año la CONADI cumplió sus primeros 10 años de trabajo con 97 casos resueltos. Por tal razón publicó un informe donde resumía su historia, sus objetivos y su modalidad de trabajo desde su creación en noviembre de 1992.
El 25 de mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió como presidente, y el 30 de mayo el presidente recibió a las Madres de Plaza de Mayo, y éste fue el inicio de una relación fluida y cercana con los organismos de derechos humanos. El Congreso, en tanto, aprobó en agosto la anulación de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Así comenzó la reapertura de causas en la Justicia – entre ellas las “megacausas” ESMA y Primer Cuerpo de Ejército –, y todos estos hechos fueron la antesala de un cambio de rumbo en materia de derechos humanos y de un reconocimiento, por parte del Estado, de los crímenes cometidos durante la última dictadura.
Las Abuelas han creado, también, un programa llamado “Red Nacional por el Derecho a la Identidad” que se incrementó a partir del año 2003, cuyo objetivo principal fue capacitar a la comunidad para que se interiorizara e involucrara en el trabajo por la defensa del derecho a la identidad y en la localización y restitución de jóvenes apropiados.
En marzo de 2005 las Abuelas se mudaron de la casa de la calle Corrientes – donde estaban desde febrero de 1988 – y se instalaron junto a sus equipos técnicos en la nueva casona de Virrey Cevallos al 500. Y
Las Abuelas trabajan desde sus inicios en el ámbito de la educación. En las primeras épocas las escuelas eran sitios donde podían estar sus nietos. Más tarde, cuando los niños crecieron, pasaron a ser un espacio de construcción de memoria. Pero hoy vuelven a ser lugares de búsqueda, pues en los colegios están sus bisnietos, los hijos de sus nietos apropiados por la dictadura, que también ven lesionado su derecho a la identidad. Por esto las Abuelas siguen buscando justicia y verdad para sus hijos; restitución de la identidad para sus nietos, y ahora también para sus bisnietos.
Hasta agosto de 2014, Abuelas de Plaza de Mayo ha logrado restituir la identidad a 114 personas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay

Organización No Gubernamental

La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental que tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política, y crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables. Las Abuelas de Plaza de Mayo trabajan por sus nietos – hoy hombres y mujeres –, por sus bisnietos – que también ven violado su derecho a la identidad –, y por todos los niños de las futuras generaciones, para preservar sus raíces y su historia, pilares fundamentales de toda identidad. Hasta el momento lograron localizar 110 niños desaparecidos.
Con el fin de localizar los niños desaparecidos Abuelas de Plaza de Mayo trabajan en cuatro niveles: denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales; presentaciones ante la Justicia; solicitudes de colaboración dirigida al pueblo en general; y pesquisas o investigaciones personales. Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la Justicia a la que se agregan las denuncias que se van recibiendo con el correr del tiempo y que conforman elementos probatorios que determinan su verdadera identidad y la de los responsables de su secuestro o tenencia ilícita.
Para su trabajo la Asociación cuenta con equipos técnicos integrados por profesionales en los aspectos jurídico, médico, psicológico y genético, actuando en las áreas de Presentación Espontánea; Jurídica; Psicológica; Difusión; Genética; Archivo Biográfico.

• Área Presentación Espontánea (PE): es el espacio para que todas aquellas personas que se presentan espontáneamente (en forma personal, a través de un tercero, por teléfono, correo postal o por correo electrónico) con alguna inquietud respecto de su origen sean recibidas por los colaboradores de Abuelas de Plaza de Mayo. Para tratar este tema de manera personal se creó la “Red por el Derecho a la Identidad” intentando garantizar esta posibilidad en distintos lugares del país. La idea de la Red nació en 1997: cuando las Abuelas intensificaron la difusión de su búsqueda y convocaron a los chicos que sospecharan ser hijos de desaparecidos a acercarse a ellas, se incrementaron en la misma proporción las visitas, llamados telefónicos y correos electrónicos de jóvenes con dudas. Sin embargo muchos de ellos vivían lejos y les resultaba difícil viajar a Buenos Aires. En octubre de 2001 la idea empezó a cobrar forma con la ayuda de los colaboradores y de la CONADI, que se transformó en socia única del proyecto. En abril de 2003 los equipos de Abuelas y de la CONADI iniciaron su recorrido por las provincias para atender a todas aquellas personas que tuvieran dudas sobre su identidad o quisieran hacer consultas o denuncias, pero también para instalar la problemática de los jóvenes apropiados en ciudades que contaban con poca información y herramientas. En este viaje comenzó la construcción de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, cuyo objetivo principal fue capacitar a la comunidad para que se interiorizara e involucrara en el trabajo por la defensa del derecho a la identidad y en la localización y restitución de jóvenes apropiados. CONADI funciona como el instrumento para garantizar este derecho a los jóvenes nacidos entre 1975 y 1980, ya que datan de estos años los nacimientos de los bebés apropiados por razones políticos, es decir los nietos de las abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo también firmó un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Nación con el objetivo de facilitar la búsqueda de su origen a las personas nacidas antes de 1975, de quienes no puede sospecharse que sean nietos de las abuelas. La Red por la Identidad funciona actualmente en 30 ciudades y está conformada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieren colaborar en la lucha de Abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad.
• Área Jurídica: actualmente, el Equipo Jurídico de la Asociación interviene en numerosas causas judiciales, en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, San Nicolás y Paraná, donde se investiga la posible sustracción y sustitución de la identidad de jóvenes que podrían ser hijos de personas desaparecidas. En ese contexto, su tarea consiste en impulsar los procesos, proponiendo medidas de prueba necesarias para la averiguación de la verdad y controlando su realización. Por otra parte, los abogados y abogadas que integran el área jurídica patrocinan a la Asociación y a otras víctimas, que se encuentran presentadas como querellantes en las principales causas donde se juzgan a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El Equipo Jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo también trabaja por la reforma y mejora de las instituciones democráticas, en particular, del sistema de justicia. En este campo, ha elaborado anteproyectos de ley, dictámenes e informes sobre distintas cuestiones relacionadas con su ámbito de competencia Finalmente, desde el área jurídica de la Asociación se fomentan y realizan seminarios especializados, publicaciones y otras actividades académicas, dirigidas a estudiantes, profesionales y operadores del Poder Judicial, con la finalidad de perfeccionar su formación en temas vinculados con la labor de Abuelas y los derechos humanos en general.
• Área Psicológica: volcada al derecho a la identidad. Los menores apropiados fueron sustraídos de un sistema de parentesco e incluidos violentamente en otro que reniega de lo instituido por los padres. Acto amparado por el Terrorismo de Estado en el que el triunfo sobre los padres desaparecidos debe perpetuarse más allá de la desaparición. Así se somete al niño a una relación que reniega de lo acontecido, pues siendo los autores del hecho ilícito o cómplices, se manejan “como si” nada hubiera sucedido, sabiendo que la relación se monta sobre el asesinato de los padres.
• Área Difusión: a partir de 1997 las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron a dedicar una parte importante de su trabajo a realizar distintas campañas de difusión para convocar a los jóvenes que tienen dudas sobre su identidad y hacerlos partícipes de su propia búsqueda. La pregunta “¿Vos sabés quién sos?” fue un llamamiento a la reflexión social e individual. Desde entonces, son los propios jóvenes los que se acercan a la institución preguntando, dudando sobre su identidad: buscándose. Así, a la búsqueda permanente que las Abuelas llevan adelante, se le suma la participación de los propios jóvenes.
• Área Genética: a fin de garantizar a los niños apropiados la posibilidad de recuperar su identidad, hace más de dos décadas, en conjunto con varios organismos gubernamentales, Abuelas de Plaza de Mayo elaboró un proyecto de ley referido a un Banco Nacional de Datos Genéticos de familiares de chicos desaparecidos. Este proyecto fue presentado con carácter de prioridad ante el Parlamento por el Presidente de la Nación y fue impulsado activamente por la Institución. En mayo de 1987 se convirtió en la ley Nº 23.511. Su reglamentación fue sancionada en 1989. La misión del Banco es el almacenamiento y la conservación de los perfiles genéticos de cada uno de los miembros de los grupos familiares, a fin de posibilitar la realización de los estudios que se desarrollen en el futuro.
• Área Archivo Biográfico: en julio de 1998 se creó el proyecto Reconstrucción de la Identidad de los Desaparecidos, “Archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo”, por medio de un convenio entre la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Abuelas. La finalidad del proyecto, que continúa hasta hoy, es reconstruir la historia de los padres desaparecidos de los chicos apropiados, a través del relato de familiares y amigos, para recuperar sus historias de vida a fin de conservar la memoria y garantizar en el tiempo el derecho a la identidad. El Archivo recoge relatos de familiares, amigos, compañeros de militancia y de cautiverio de los padres y madres desaparecidos o asesinados, para preservarlos en el tiempo y garantizar el derecho de cada nieto/a a conocer su origen y su historia. Restituir la identidad de los jóvenes apropiados es también transmitirles quiénes fueron sus padres. Así, al contar la historia de sus hijos, las Abuelas desafiaron el propósito genocida de desaparecerlos.

Abuelas de Plaza de Mayo también actúa en el área de educación y formación, con publicaciones de materiales y videos educativos, especialmente acerca del Derecho a la Identidad. También recorren escuelas, universidades y otros ámbitos educativos transmitiendo su lucha, y promueven y/o participan en diversos Seminarios volcados a los Derechos Humanos, de forma amplia, y Derecho a la Identidad, de forma más restricta.

La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental sin fines de lucro y adquirieron su personería jurídica el año 1983: “Pasado el tiempo y ante la persistencia de nuestro estado de despojo, a pesar del incesante reclamo, hemos resuelto constituir la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo”, dice el acta constitutiva de la Asociación fechada el 9 de septiembre de 1983. La organización cuenta con financiamiento otorgado por diferentes instituciones y organismos internacionales, países solidarios con sus tareas en derechos humanos y por medio de la Ley de Presupuesto Nacional 2010 Nº 26.546. Así mismo, como toda sociedad civil Abuelas cumple con las obligaciones que el Estado requiere al otorgar la personería jurídica, presentando todos los años en el mes de mayo, los balances anuales de la Asociación ante el Ministerio de Justicia de la Nación.
Con la desaparición sistemática de menores de edad el Estado Argentino ha violado la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobado por Naciones Unidas en 1948, art. 1º y 16º y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por Naciones Unidas en 1966, parte III, art. 10º, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por Naciones Unidas en 1966, art. 23º y 24º y la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica de noviembre de 1960, art. 17º y 18º. Asimismo se violaron, desde el punto de vista del derecho interno, diversos artículos de la 1ª parte de Declaraciones y Garantías de la Constitución Nacional.
El Derecho Penal aún no ha legislado sobre la “desaparición forzada de personas”, pero en relación a menores hay delitos contemplados:
a. delito de sustracción de menor, art. 146;
b. delito de supresión y suposición de estado civil, art. 139;
c. delito de falsificación ideológica de documento público, art. 292 y 293;
d. delito de privación ilegal de la libertad, art. 142.
La organización Abuelas de Plaza de Mayo ha implementado un Banco de Datos Genéticos, creado por la Ley Nacional Nº 23.511 con fecha de publicación 13 de mayo de 1987 – con reglamentación sancionada en 1989 – donde figuran los mapas genéticos de todas las familias que tienen niños desaparecidos. En este Banco se conservan muestras de sangre de los familiares de los casos documentados para el joven que quiera buscar su identidad. Dicho Banco tiene por objeto realizar informes y dictámenes técnicos, y realizar pericias genéticas a requerimiento judicial para determinar la identidad de un menor que se suponga hijo de desaparecidos. En 2009, Abuelas de Plaza de Mayo impulsó un nuevo proyecto para jerarquizar el funcionamiento del Banco de Datos Genéticos. El Congreso de la Nación sancionó en noviembre de ese año la Ley Nº 26.548 que establece su ámbito de actuación como organismo autónomo y autárquico y el objeto del Banco Nacional de Datos Genéticos: “Garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983, y que permita:
La búsqueda e identificación de hijos y/o hijas de personas desaparecidas, que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres; b.
Auxiliar a la justicia y/o a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia objeto de esta ley en la identificación genética de los restos de personas víctimas de desaparición forzada”.
El impacto de la lucha de Abuelas en materia de legislación sobre la niñez ha sido decisivo a escala mundial. Tanto es así que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluye tres artículos directamente promovidos por las Abuelas, tendientes a proteger el derecho a la identidad. Los Artículos 7, 8 y 11 se refieren al derecho a la identidad, y son conocidos como “los artículos argentinos” porque fueron impulsados por las Abuelas, quienes desde diversas disciplinas – psicología, genética, derecho, antropología – señalaron al mundo la necesidad de reparar el daño causado por el terrorismo de Estado. Los artículos “argentinos” de la Convención establecen lo siguiente:
Artículo 7º:
1. El niño deberá ser registrado inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde éste a su nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.
Artículo 8º:
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el Derecho del Niño a preservar su Identidad, incluida nacionalidad, nombre y relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
Artículo 11º:
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concentración de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.
En 1992, a partir de una solicitud de las Abuelas al Gobierno nacional, se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que depende directamente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, siendo la Subsecretaria la Presidenta de la Comisión. Desde la sanción de la Ley Nº 3.849, en septiembre de 1990, que incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño al derecho interno argentino, las Abuelas venían pidiendo la conformación de una comisión técnica especializada que tuviera como objetivos velar por el cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención y, simultáneamente, la búsqueda y localización de los niños desaparecidos durante la última dictadura. Con estos objetivos se formó la CONADI, que se encarga de solicitar documentación a los lugares que intervinieron en la inscripción de los bebés nacidos entre 1975 y 1981 – hoy jóvenes que dudan sobre su identidad – y, si es necesario, ordena los análisis de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
Las leyes de impunidad, a partir de los principios de “obediencia debida” y “cosa juzgada”, habían cerrado el paso a cualquier condena contra los responsables de la desaparición de los hijos de Madres y Abuelas. Sin embargo las Abuelas sí pudieron condenar a varios militares por la sustracción y robo de identidad de sus nietos. De esta manera, trabajando en las fisuras del sistema de impunidad, las Abuelas también lograron impulsar una nueva Ley de adopción por la cual se obligaba a proteger el derecho a la información sobre el origen biológico, aprobada en 1994 por Diputados y tres años después por el Senado.
El 8 de agosto de 2001, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 25.457 que jerarquizó y reafirmó la labor de la CONADI en la búsqueda de los niños desaparecidos por el terrorismo de Estado. La Ley, en rigor, ratificó la creación de la CONADI, ya en funcionamiento desde 1992. Y en diciembre las Abuelas pusieron en marcha su nueva página web – www.abuelas.org.ar – como una forma más de difundir su lucha.
En agosto de 2004 el gobierno impulsó el proyecto de reparación económica para los menores secuestrados en dictadura y el 30 de agosto diputados y senadores le dieron forma de Ley: “Las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de su madre, o que, siendo menores, hubiesen permanecido en cualquier circunstancia detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o detenido-desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares y/o áreas militares, con independencia de su situación judicial, podrán acogerse a los beneficios instituidos en la presente ley”, dice en su artículo 1º la Ley 25.914, y agrega en el mismo artículo: “Las personas que por alguna de las circunstancias establecidas en la presente, hayan sido víctimas de sustitución de identidad recibirán la reparación que esta ley determina”. Esto significó el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de víctimas menores de edad durante la dictadura, pero también un intento, aún en construcción, de documentar los cientos de casos de niños que fueron secuestrados y torturados junto a sus padres.
El año 2005 fue sancionada la Ley 26.001, por la cual el Congreso de la Nación instituyó el 22 de octubre como Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Precisamente un 22 de octubre, pero de 1977, las Abuelas habían comenzado su incansable búsqueda para restituir la identidad de sus nietos. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a 18 años de su sanción, en el marco de la causa impulsada por Abuelas y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por las desapariciones de los padres de la nieta Claudia Victoria Poblete.

La Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo se constituye de: Presidenta; Vicepresidenta; Secretario; Prosecretaria; Tesorera; Protesorera, nueve Vocales; Órgano de Fiscalización.
Abuelas de Plaza de Mayo cuenta con financiamiento otorgado por diferentes instituciones y organismos internacionales, países solidarios con las tareas en derechos humanos y por medio de la Ley de Presupuesto Nacional 2010 Nº 26.546. Los organismos y las instituciones internacionales que colaboraron en el año 2007 fueron: Unión Europea, Naciones Unidas, P.N.U.D (Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas), C.W.S. (Consejo Mundial de las Iglesias, movimiento ecuménico por la unión de los cristianos).
Los países que colaboran con Abuelas por medio de sus embajadas son España, Italia, Gran Bretaña, Holanda y Noruega.
Algunos organismos e instituciones ligadas a la labor de Abuelas son: Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CO.NA.DI.); Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Delegación Capital; H.I.J.O.S. Delegación Córdoba; Raíz Natal – Hijos por el derecho a la identidad biológica; Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN); Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio Nacional de Justicia y Derechos Humanos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas; Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. (MEDH).

Estela Bravo***

CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) *** (Noviembre de 1992)

AR

Revised

Minimal

Agosto 2014

• Spanish

• Página institucional de Abuelas de Plaza de Mayo
• ABUELAS DE PLAZA DE MAYO. La Historia de Abuelas. 30 años de búsqueda.