La historia de la Vicaría de la Solidaridad comienza a escribirse en Chile el 11 de septiembre de 1973, con el golpe de Estado al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Esta se inicia con la creación del Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI), mediante un decreto arzobispal firmado por el Cardenal de la Iglesia Católica y Arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silva Henriquez, fechado el 9 de octubre de 1973, que da origen a esta “comisión especial para atender a los chilenos que, a consecuencia de los últimos acontecimientos políticos, se encuentren en grave necesidad económica o personal”.
El Comité fue un organismo de carácter ecuménico en el que participaron la Iglesia Católica, las iglesias Evangélica Luterana en Chile, Metodista, Metodista Pentecostal, Presbiteriana, Bautista, Ortodoxa y el Gran Rabino de la Comunidad Israelita de Chile, que tenía como misión prestar asistencia legal y social a las víctimas de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se produjeron a raíz del golpe militar del 11 de septiembre de ese mismo año.
El trabajo realizado en el Comité fue respondiendo a las necesidades y urgencias que se iban presentando: resguardar la vida de los perseguidos, procurar la libertad de los detenidos, atender a los cesantes que día a día iban aumentando. Nacen así su Departamento Jurídico, Departamento Laboral, Departamento Campesino, Departamento Universitario, Departamento de Reubicación, Departamento de Zonas; junto a las distintas organizaciones de familiares de detenidos, entre estas la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El origen del COPACHI está asociado además al largo peregrinar de los familiares de las víctimas de la represión, especialmente de los detenidos-desaparecidos, que buscando información sobre ellos golpeaban distintas puertas, entre ellas las de las Iglesias.
COPACHI se abocó a brindar apoyo legal a los prisioneros políticos y trabajadores despedidos por causas políticas. En sólo dos años interpuso cerca de 7.000 recursos para detenidos-desaparecidos y alrededor de 6.000 para los trabajadores exonerados. También apoyó la salida del país de quienes estaban perseguidos, y proveyó al extranjero las primeras informaciones sobre la represión. Más tarde, ante el efecto de las medidas económicas del gobierno, inició programas de apoyo social. Su financiamento provenía del extranjero, tanto de diferentes Iglesias como de agencias seculares. Éstas y otras funciones serán continuadas por la Vicaría de la Solidaridad.
A poco andar, y conocerse el trabajo que el COPACHI realizaba, la Junta de Gobierno no tardó en catalogarlo parte del bando enemigo. El 11 de noviembre de 1975 el dictador Augusto Pinochet le envía al Cardenal Raúl Silva Henríquez una carta exigiéndole la disolución del Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Días más tarde, el Cardenal le responde que las distintas Iglesias que conforman el Comité han analizado su planteamiento y acordado aceptar su exigencia de cesar sus actividades. No obstante, todas asumieron el compromiso de colaborar y respaldar las decisiones de la Iglesia Católica. El Cardenal Silva Henríquez siguiendo su mandato evangélico decide cerrar el Comité y crear la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, cuyo marco doctrinal inspirador estuvo constituido por la Carta Pastoral sobre la Solidaridad entregada por él mismo, el 25 de julio de 1975. Cada una de las iglesias debió continuar el trabajo por separado.
El 1º de enero de 1976, el Cardenal Silva Henríquez mediante Decreto Arzobispal Nº 5-76 crea la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, en reemplazo del Comité de Cooperación para la Paz, continuando su tarea en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Con el correr del tiempo, comenzaron a estructurarse los departamentos de la Vicaría que respondían concretamente a las necesidades que se iban atendiendo: Departamento Jurídico, Departamento Laboral, Departamento Campesino, Departamento de Zonas, Departamento de Coordinación Nacional, Departamento de Publicaciones, Departamento de Apoyo y Finanzas. A medida que se transformaban los requerimientos, la Vicaría iba readecuando sus programas y funciones. Así, cuando la Iglesia de Santiago decide crear la Vicaría de la Pastoral Obrera se suprime el Departamento de Asesoría Laboral que atendía a trabajadores. Así también cuando empezaron a crearse organismos y organizaciones sindicales campesinas autónomas culminó el Departamento Campesino. Las dos líneas de acción que tuvieron un carácter más permanente fueron la labor de atención jurídica y el trabajo de promoción y educación solidaria.
Con el transcurso de los años, el país se fue transformando, así como la labor de la Vicaría. Si bien es cierto que estuvo fuertemente ligada a la dictadura como fuerza oponente, era la intención del Cardenal Silva Henríquez que la “solidaridad” fuera parte de la pastoral de la iglesia. En este sentido, muchas de sus iniciativas y acciones fueron explicadas como una acción subsidiaria de un ejercicio propio de la sociedad, de los ciudadanos, de los organismos corporativos, como los sindicatos, los partidos políticos, pero estos no podían ser desarrollados porque la dictadura había suspendido la vigencia de esos derechos. De ahí entonces que una acción subsidiaria apareciera como vital. Tales acciones se mantendrían hasta que el país recuperara la democracia.
En el desarrollo de su labor la Vicaría de la Solidaridad contó con fondos provenientes de Estados Unidos y Europa, principalmente del Consejo Mundial de Iglesias que realizó importantes aportes para sostener el trabajo de ayuda que se entendía una exigencia evangélica.
El Cardenal Raúl Silva Henriquez, Arzobispo de Santiago a partir de los años sesenta y hasta mediados de los años ochenta, fue una de las figuras más importantes de la Iglesia Católica. Entre sus iniciativas más importantes figuraron los cambios institucionales que impulsó para la formación del clero, los laicos, los jóvenes y los trabajadores. A elllo se suma que en los años sesenta, junto a Monsenhor Larraín, apoyó la Reforma Agraria, al entregar a los campesinos parte de las tierras de la Iglesia Católica. No obstante, es durante la dictadura militar que sus acciones sociales cobraron su mayor impacto político, en tanto impulsó la defensa de los derechos humanos contra la represión al crear COPACHI y su sucessora la Vicaría de la Solidaridad, además de la Pastoral Obrera para apoyar a los trabajadores y la Academia de Humanismo Cristiano para dar cabida a los académicos e intelectuales que no podían deempeñarse en las universidades por razones políticas.
El 31 de diciembre de 1992, La Vicaría de la Solidaridad encerró sus actividades, por decisión del Episcopado. Tras el cierre, algunas de sus funciones fueron asumidas por otras instituciones, entre ellas el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y la Corporación de Asistencia Judicial, que continúan con los procesos que llevaba la Vicaría de ex presos políticos, procesos generales, denuncias y querellas por los detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos. Los talleres de artesanías tenían ya su propia fundación, mientras que la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos que funcionaba en la Vicaría se traslada a un local de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC). Pero también la Iglesia creó dos nuevas dependencias eclesiales: la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad y la Vicaría de la Pastoral Social.
La Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad viene a hacerse cargo de uno de los recursos más importantes de la Vicaría, sus papeles, de ahí que se crea vista la “conveniência de lo solicitado por la Vicaría de la Solidaridad, en orden a crear una entidad canónica capaz de resguardar y hacerse responsable del bagaje e instrumental acumulado en materia de información en el ámbito de los derechos humanos que compromete la confidencialidad y el secreto professional depositado en manos de organismos de la Iglesia que asumieron esta misión evangélica”. Se trata de un acervo que incluye, entre otros, cerca de 85.000 documentos con los antecedentes de las 45.000 personas atendidas por la Vicaría durante la dictadura.