Identity area
Type of entity
Corporate body
Authorized form of name
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ***
Parallel form(s) of name
- Ministerio de Justicia
Standardized form(s) of name according to other rules
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Presidencia de la Nación
Other form(s) of name
Identifiers for corporate bodies
Description area
Dates of existence
1853 -
History
El Ministerio de Justicia tuvo diferentes denominaciones al largo de la historia argentina. Así es que bajo la presidencia de Justo José de Urquiza (1854/1860) – y por casi cien años – se llamó Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, denominación que se modificó tras la reforma constitucional de 1949, cuando pasó a llamarse Ministerio de Justicia.
En el gobierno de Eduardo Lonardi (23 de septiembre de 1955 al 13 de noviembre de 1955), la institución pasó a denominarse Ministerio del Interior y Justicia. Luego, en el mismo año, en la presidencia de Pedro Eugenio Aramburu (13 de noviembre de 1955 al 1º de mayo de 1958) retomó la denominación de Ministerio de Justicia.
A partir del gobierno de Arturo Frondizi (1º de mayo de 1958 al 29 de marzo de 1962), la cartera se unió a la de la Educación, y pasó a llamarse Ministerio de Educación y Justicia.
Cuando la denominada Revolución Argentina, en el gobierno de Juan Carlos Onganía (29 de junio de 1966 al 8 de junio de 1970) se tornó Secretaría de Justicia, subsumida en el Ministerio del Interior, y en el año 1969 volvió a llamarse Ministerio de Justicia.
Su denominación solamente cambia en diciembre de 2001, cuando recibe nuevamente la denominación de Secretaría de Justicia, durante el periodo del 22 de diciembre de 2001 al 30 de diciembre de 2001, en el gobierno provisional de Adolfo Rodríguez Saá. Con la asunción de Eduardo Duhalde a la presidencia interina de la República (2 de enero de 2002 al 25 de mayo de 2003) pasó nuevamente a llamarse Ministerio de Justicia. Finalmente, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (10 de diciembre de 2007 al 10 de diciembre de 2011) fue denominado Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y más tarde, el 15 de diciembre de 2010, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En el gobierno de Eduardo Lonardi (23 de septiembre de 1955 al 13 de noviembre de 1955), la institución pasó a denominarse Ministerio del Interior y Justicia. Luego, en el mismo año, en la presidencia de Pedro Eugenio Aramburu (13 de noviembre de 1955 al 1º de mayo de 1958) retomó la denominación de Ministerio de Justicia.
A partir del gobierno de Arturo Frondizi (1º de mayo de 1958 al 29 de marzo de 1962), la cartera se unió a la de la Educación, y pasó a llamarse Ministerio de Educación y Justicia.
Cuando la denominada Revolución Argentina, en el gobierno de Juan Carlos Onganía (29 de junio de 1966 al 8 de junio de 1970) se tornó Secretaría de Justicia, subsumida en el Ministerio del Interior, y en el año 1969 volvió a llamarse Ministerio de Justicia.
Su denominación solamente cambia en diciembre de 2001, cuando recibe nuevamente la denominación de Secretaría de Justicia, durante el periodo del 22 de diciembre de 2001 al 30 de diciembre de 2001, en el gobierno provisional de Adolfo Rodríguez Saá. Con la asunción de Eduardo Duhalde a la presidencia interina de la República (2 de enero de 2002 al 25 de mayo de 2003) pasó nuevamente a llamarse Ministerio de Justicia. Finalmente, en la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (10 de diciembre de 2007 al 10 de diciembre de 2011) fue denominado Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, y más tarde, el 15 de diciembre de 2010, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Places
Argentina
Legal status
Functions, occupations and activities
En la actualidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que funciona dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, es el que asiste al Presidente mediante su opinión en todas las materias relacionadas con temas legales o de derechos humanos, como también lo asesora en la coordinación de la actividad del Estado en esta área.
Elabora y ejecuta planes, programas y políticas relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en el sector público. Del mismo modo, lo asiste en sus relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa), el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, el Congreso de la Nación y las Organizaciones No Gubernamentales.
Entre sus atribuciones se cuenta la de asistir al Presidente en el nombramiento de los jueces nacionales según los procedimientos previstos en la Constitución y la legislación vigente. También elabora proyectos de reforma y actualización legislativas, estudia proyectos de leyes y decretos surgidos en otras áreas del Poder Ejecutivo. Realiza el seguimiento del trámite parlamentario de las futuras leyes y ordena y recopila las normas jurídicas.
Tiene a su cargo la coordinación de las actividades de cooperación jurídica provincial, nacional e internacional, e interviene en las cuestiones en el que el interés del Estado pueda verse afectado. Asimismo actúa en todo lo relacionado con medios alternativos de resolución de conflictos y conduce los programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria del Ministerio. Contribuye en la definición de las políticas nacionales criminal y penitenciaria. Particularmente interviene en lo relacionado con el cumplimiento de las penas y la administración y funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal; propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los internos; promueve el desarrollo de los patronatos de liberados; participa en los casos de indultos y conmutación de penas; supervisa la coordinación de acciones con los servicios penitenciarios provinciales y asiste en la construcción y mantenimiento de las unidades del Servicio Penitenciario Federal.
El Ministerio desarrolla las siguientes Áreas Temáticas:
Elabora y ejecuta planes, programas y políticas relacionadas con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en el sector público. Del mismo modo, lo asiste en sus relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa), el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, el Congreso de la Nación y las Organizaciones No Gubernamentales.
Entre sus atribuciones se cuenta la de asistir al Presidente en el nombramiento de los jueces nacionales según los procedimientos previstos en la Constitución y la legislación vigente. También elabora proyectos de reforma y actualización legislativas, estudia proyectos de leyes y decretos surgidos en otras áreas del Poder Ejecutivo. Realiza el seguimiento del trámite parlamentario de las futuras leyes y ordena y recopila las normas jurídicas.
Tiene a su cargo la coordinación de las actividades de cooperación jurídica provincial, nacional e internacional, e interviene en las cuestiones en el que el interés del Estado pueda verse afectado. Asimismo actúa en todo lo relacionado con medios alternativos de resolución de conflictos y conduce los programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria del Ministerio. Contribuye en la definición de las políticas nacionales criminal y penitenciaria. Particularmente interviene en lo relacionado con el cumplimiento de las penas y la administración y funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal; propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los internos; promueve el desarrollo de los patronatos de liberados; participa en los casos de indultos y conmutación de penas; supervisa la coordinación de acciones con los servicios penitenciarios provinciales y asiste en la construcción y mantenimiento de las unidades del Servicio Penitenciario Federal.
El Ministerio desarrolla las siguientes Áreas Temáticas:
- Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad (PCD): ADAJUS es el “Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia” dependiente de la Secretaría de Justicia de la Nación y su objetivo es fortalecer los derechos de los PCD a través de procedimientos adecuados, la comunicación e información. Los propósitos de ADAJUS se enmarcan en los términos de la "Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad" (CDPCD), a la que Argentina suscribió en 2007 y ratificó en 2008, y que la Ley 26.378 incorpora a la normativa nacional. Su Artículo número 13 hace referencia al Acceso a la Justicia:
- Estadística de Política Criminal: responsable por los informes Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) y Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) elaborados por la Dirección Nacional de Política Criminal.
- Programa Nacional de Criminalística: tiene como objetivo la organización de la práctica criminalística para su optimización en el esclarecimiento del hecho delictivo, a través de distintas actividades que se desarrollan en los ámbitos del Poder Judicial, Fiscales, Defensores y Fuerza Policial.
- Lucha contra la impunidad: impulsada por el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad – PRONALCI, que impulsa medidas que les permite a las autoridades adoptar estándares de actuación judicial basados en el sistema universal y regional de derechos humanos. Su misión también consiste en romper el aislamiento que padecen las víctimas con sus reclamos de justicia. Su actuación facilitadora y de tutela de los derechos esenciales busca mitigar y encausar los efectos que la violencia y la injusticia generan. El PRONALCI cuenta con abogados, familiares de víctimas y otros profesionales que acuerdan planes de trabajo con los denunciantes para encaminar apropiadamente la demanda de justicia. A nivel nacional el PRONALCI se organiza en diversos equipos de trabajo con competencias específicas que interactúan bajo una coordinación legal, técnica y administrativa que reciben el asesoramiento, consulta y apoyo de un Consejo Interdisciplinario integrado por familiares de víctimas, expertos, académicos y Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos.
- Lucha contra el lavado de dinero: a fines de 2010 se dictó el Decreto Nº 1936/2010, que dispuso la reorganización de todo el sistema de prevención en materia antilavado, asignando a la Unidad de Información Financiera la representación de Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (GAFISUD) y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA). Asimismo se otorgaron a dicha Unidad facultades de dirección en esta temática respecto de los organismos públicos en los órdenes nacional, provincial y municipal.
- Readaptación Social: la Dirección Nacional de Readaptación Social (DNRS) fue constituida por el Decreto 1755/2008 con el objetivo de propiciar la inclusión social de los internos y los egresados de las cárceles federales, y trabaja a partir de dos dispositivos, que son la Intervención en Cárceles y Atención Inmediata y Seguimiento.
- Trata de personas: su objetivo es la prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas, a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- Violencia de Género: a Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG) fue creada el 21 de febrero de 2011 con el objetivo de formular las sanciones a la violencia de género establecidas por la ley Nº 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales” en sus diferentes tipos y modalidades. La CONSAVIG desarrolla la elaboración de normas referidas a la sanción de violencia de género conjuntamente con organismos nacionales, provinciales y municipales. Asimismo articula acciones con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, y otras de la sociedad civil para tal fin.
- Mediación y Resolución de Conflictos: la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos – DNMyMPRC - tiene a su cargo las siguientes áreas: Registro Nacional de Mediación; Registro Nacional de Conciliadores Laborales (RENACLO); Centro de Prevención y Resolución de Conflictos.
- Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales: tiene como objetivo principal asistir a la Secretaría de Justicia, a través de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial, en las actividades de cooperación jurídica internacional y en el desarrollo de políticas comunes con organismos internacionales y con otros países, en especial limítrofes, en materias de competencia de la jurisdicción (conforme Decreto Nº 1486/2011). Además, es el enlace y coordina a las distintas áreas de la Secretaría de Justicia en la formulación de políticas internacionales.
Mandates/sources of authority
En Argentina, la Justicia más que estar establecida como una institución fija, siempre fue desplazándose bajo la órbita de uno u otro organismo del Ejecutivo. Así comienza como Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, según lo dictado en la Constitución Nacional de 1853. Sus atribuciones se determinaron en la Ley Nº 80 de 1856 pero luego fueron modificadas por la Ley Nº 3.727 del año 1898. Ya a mediados del siglo XX, el Ministerio de Interior y Justicia es instaurado por la Ley Nº 14.303 Orgánica de Ministerios. Un año después, este ministerio pasaba a estar “asistido en el despacho de los asuntos a su cargo por dos subsecretarios, de Interior el uno, y de Justicia el otro” (Decreto Nº 416/55). Hacia noviembre del mismo 1955, el Decreto-ley Nº 2.811 separaba aquel Ministerio en dos nuevos: el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia. Luego Justicia se unirá a Educación en un solo ministerio según la Ley Nº 14.439 de 1958. Las funciones de ambas carteras van a ser subsumidas en Secretarías de Estado dependientes del Ministerio del Interior por la Ley de ministerios Nº 16.956 en 1966. Tres años después, la Ley Nº 18.416 volverá a categorizar a la Justicia como ministerio, describiendo sus funciones en la Ley Nº 18.417.
La Ley Nº 18.416 de 20 de octubre de 1969 establece en su artículo 1º que el despacho de los negocios de la Nación estará a cargo de los Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, de Economía y Trabajo, de Cultura y Educación, de Defensa, de Bienestar Social, de Obras y Servicios Públicos y de Justicia. Todos ellos – exceptuando el Ministro de Justicia – deben asistir al presidente de la República en forma conjunta, constituyendo el Gabinete Nacional (artículo 2). La Secretaría de Estado de Justicia – cuyo titular es el Ministro de Justicia – deberá asistir, de forma directa, al presidente de la República, conforme expuesto en el artículo 3.
La Ley Nº 18.416 determina las competencias de los Ministerios y Secretarías, bien como las funciones de los Ministros de Estado, excepto en lo que respecta al Ministerio de Justicia. Esta institución tiene sus funciones y competencias regladas por la Ley 18.417, también del 20 de octubre de 1969. Así es que en su artículo 1º se determinan las funciones de carácter general en materias de su competencia que el Ministro de Justicia deberá ejercer, que son las siguientes: 1) Intervenir en la formulación de las políticas nacionales y establecer las políticas particulares deducidas de aquéllas. Aplicar las políticas nacionales y particulares, y ejecutar los planes y programas respectivos; 2) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los fines de la Revolución Argentina, la Constitución Nacional, las leyes y decretos; 3) Refrendar y legalizar, con su firma, los actos de competencia del Presidente de la Nación; 4) Intervenir en la elaboración y promulgación de las leyes y supervisar su ejecución; 5) Intervenir en la elaboración del presupuesto de la Secretaría de Estado y someterlo a la aprobación del Poder Ejecutivo. Fiscalizar el cumplimiento del presupuesto aprobado y las normas de administración presupuestaria y contable vigentes; 6) Elevar al Poder Ejecutivo la Memoria Anual y todo otro informe que le sea requerido; 7) Velar por el adecuado cumplimiento de las decisiones y órdenes que expida el Poder Judicial, en uso de sus atribuciones; 8) Participar en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional, que la Nación suscriba o a los cuales se adhiera; 9) Participar, cuando así lo disponga el Presidente de la Nación, en las reuniones del Gabinete Nacional, del CONADE, del CONASE y del CONACYT; 10) Promover, auspiciar y realizar los estudios e investigaciones para el fomento y protección de los intereses nacionales y el progreso del país, dentro de la política que el Poder Ejecutivo establezca al respecto; 11) Dirigir y administrar la Secretaría de Estado, implantando las técnicas adecuadas que aseguren un eficiente rendimiento en el logro de los objetivos establecidos en las políticas nacionales.
Las competencias de la Secretaría de Estado de Justicia son regladas por el artículo 2º, siendo la primera de ellas entender en la organización y régimen del Poder Judicial de la Nación. También es encargada de entender en la reforma y actualización de los Códigos y de las leyes en materias de su competencia propia; proyectar la codificación de la legislación que por su importancia deba ser ordenada; prestar asesoramiento jurídico con respecto a los proyectos de legislación especial cuando el Poder Ejecutivo lo considere necesario; cumplir las funciones determinadas en leyes y reglamentaciones asignadas a la Procuración del Tesoro o a su titular; entender en la organización y atribuciones del ministerio público en el orden nacional; supervisar los establecimientos penales nacionales y atender su perfeccionamiento; entender en el indulto y la conmutación de penas impuestas por tribunales nacionales; entender en la edición oficial de la colección de leyes nacionales y en la compilación de constituciones, códigos y leyes provinciales y extranjeras; realizar la estadística judicial y atender a la publicación da fallos; entender en la reglamentación y fiscalización del ejercicio de las profesiones directamente vinculadas a actividades en las ramas de su competencia; supervisar el registro de los antecedentes judiciales de las personas procesadas, e intercambiar la información respectiva en el territorio de la Nación y en todas las jurisdicciones; entender en la concesión y retiro de personerías jurídicas y vigilar el funcionamiento de las sociedades anónimas, asociaciones civiles con personería jurídica y aquellas cuya fiscalización se le confiere por leyes especiales; entender en la organización, dirección y fiscalización del régimen notarial; organizar y supervisar el registro de los derechos de las personas sobre los bienes y de los gravámenes que los afectan; supervisar la formalización notarial de los actos jurídicos del Estado Nacional.
El artículo 3º dispone que el Ministro de Justicia propondrá al Poder Ejecutivo la designación de uno o más subsecretarios que tendrán las funciones, atribuciones y responsabilidades que el Ministro les fije, y por el artículo 4º transfiere la Procuración del Tesoro de la Nación a la Jurisdicción de la Secretaría de Estado de Justicia.
La Ley Nº 18.416 de 20 de octubre de 1969 establece en su artículo 1º que el despacho de los negocios de la Nación estará a cargo de los Ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y Culto, de Economía y Trabajo, de Cultura y Educación, de Defensa, de Bienestar Social, de Obras y Servicios Públicos y de Justicia. Todos ellos – exceptuando el Ministro de Justicia – deben asistir al presidente de la República en forma conjunta, constituyendo el Gabinete Nacional (artículo 2). La Secretaría de Estado de Justicia – cuyo titular es el Ministro de Justicia – deberá asistir, de forma directa, al presidente de la República, conforme expuesto en el artículo 3.
La Ley Nº 18.416 determina las competencias de los Ministerios y Secretarías, bien como las funciones de los Ministros de Estado, excepto en lo que respecta al Ministerio de Justicia. Esta institución tiene sus funciones y competencias regladas por la Ley 18.417, también del 20 de octubre de 1969. Así es que en su artículo 1º se determinan las funciones de carácter general en materias de su competencia que el Ministro de Justicia deberá ejercer, que son las siguientes: 1) Intervenir en la formulación de las políticas nacionales y establecer las políticas particulares deducidas de aquéllas. Aplicar las políticas nacionales y particulares, y ejecutar los planes y programas respectivos; 2) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y los fines de la Revolución Argentina, la Constitución Nacional, las leyes y decretos; 3) Refrendar y legalizar, con su firma, los actos de competencia del Presidente de la Nación; 4) Intervenir en la elaboración y promulgación de las leyes y supervisar su ejecución; 5) Intervenir en la elaboración del presupuesto de la Secretaría de Estado y someterlo a la aprobación del Poder Ejecutivo. Fiscalizar el cumplimiento del presupuesto aprobado y las normas de administración presupuestaria y contable vigentes; 6) Elevar al Poder Ejecutivo la Memoria Anual y todo otro informe que le sea requerido; 7) Velar por el adecuado cumplimiento de las decisiones y órdenes que expida el Poder Judicial, en uso de sus atribuciones; 8) Participar en la celebración y ejecución de los instrumentos de carácter internacional, que la Nación suscriba o a los cuales se adhiera; 9) Participar, cuando así lo disponga el Presidente de la Nación, en las reuniones del Gabinete Nacional, del CONADE, del CONASE y del CONACYT; 10) Promover, auspiciar y realizar los estudios e investigaciones para el fomento y protección de los intereses nacionales y el progreso del país, dentro de la política que el Poder Ejecutivo establezca al respecto; 11) Dirigir y administrar la Secretaría de Estado, implantando las técnicas adecuadas que aseguren un eficiente rendimiento en el logro de los objetivos establecidos en las políticas nacionales.
Las competencias de la Secretaría de Estado de Justicia son regladas por el artículo 2º, siendo la primera de ellas entender en la organización y régimen del Poder Judicial de la Nación. También es encargada de entender en la reforma y actualización de los Códigos y de las leyes en materias de su competencia propia; proyectar la codificación de la legislación que por su importancia deba ser ordenada; prestar asesoramiento jurídico con respecto a los proyectos de legislación especial cuando el Poder Ejecutivo lo considere necesario; cumplir las funciones determinadas en leyes y reglamentaciones asignadas a la Procuración del Tesoro o a su titular; entender en la organización y atribuciones del ministerio público en el orden nacional; supervisar los establecimientos penales nacionales y atender su perfeccionamiento; entender en el indulto y la conmutación de penas impuestas por tribunales nacionales; entender en la edición oficial de la colección de leyes nacionales y en la compilación de constituciones, códigos y leyes provinciales y extranjeras; realizar la estadística judicial y atender a la publicación da fallos; entender en la reglamentación y fiscalización del ejercicio de las profesiones directamente vinculadas a actividades en las ramas de su competencia; supervisar el registro de los antecedentes judiciales de las personas procesadas, e intercambiar la información respectiva en el territorio de la Nación y en todas las jurisdicciones; entender en la concesión y retiro de personerías jurídicas y vigilar el funcionamiento de las sociedades anónimas, asociaciones civiles con personería jurídica y aquellas cuya fiscalización se le confiere por leyes especiales; entender en la organización, dirección y fiscalización del régimen notarial; organizar y supervisar el registro de los derechos de las personas sobre los bienes y de los gravámenes que los afectan; supervisar la formalización notarial de los actos jurídicos del Estado Nacional.
El artículo 3º dispone que el Ministro de Justicia propondrá al Poder Ejecutivo la designación de uno o más subsecretarios que tendrán las funciones, atribuciones y responsabilidades que el Ministro les fije, y por el artículo 4º transfiere la Procuración del Tesoro de la Nación a la Jurisdicción de la Secretaría de Estado de Justicia.
Internal structures/genealogy
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con tres secretarias que a su vez se subdividen en:
- Secretaria de Justicia: Subsecretaría de Política Criminal; Subsecretaría de Infraestructura Penitenciaria; Subsecretaría de Gestión Penitenciaria; Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial.
- Secretaría de Derechos Humanos: Protección de los Derechos Humanos; Promoción de los Derechos Humanos;
- Secretaría de Asuntos Registrales: Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral.
Son organismos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Archivo Nacional de la Memoria (ANM); Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género; Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales; Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos; Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia; Dirección Nacional de Protección de Datos Personales; Dirección Nacional de Readaptación Social; Dirección Nacional del Derecho de Autor; Escribanía General de Gobierno; INFOJUS – Sistema Argentino de Información Jurídica; Inspección General de Justicia; Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); Oficina Anticorrupción; Procuración del Tesoro de la Nación; Programa Nacional de Criminalística; Registro de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia; Registro de la Propiedad Inmueble; Registro Nacional de Armas; Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal; Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas; Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios; Registro Nacional de Reincidencia; Registro Nacional de Tierras Rurales; Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos; Secretaría de Derechos Humanos; Servicio Penitenciario Federal; Unidad AMIA; Unidad de Auditoría Interna; Unidad de Información Financiera.
- Secretaria de Justicia: Subsecretaría de Política Criminal; Subsecretaría de Infraestructura Penitenciaria; Subsecretaría de Gestión Penitenciaria; Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial.
- Secretaría de Derechos Humanos: Protección de los Derechos Humanos; Promoción de los Derechos Humanos;
- Secretaría de Asuntos Registrales: Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión Registral.
Son organismos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Archivo Nacional de la Memoria (ANM); Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género; Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en Sistemas Judiciales; Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos; Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia; Dirección Nacional de Protección de Datos Personales; Dirección Nacional de Readaptación Social; Dirección Nacional del Derecho de Autor; Escribanía General de Gobierno; INFOJUS – Sistema Argentino de Información Jurídica; Inspección General de Justicia; Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); Oficina Anticorrupción; Procuración del Tesoro de la Nación; Programa Nacional de Criminalística; Registro de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia; Registro de la Propiedad Inmueble; Registro Nacional de Armas; Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el Proceso Penal; Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas; Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios; Registro Nacional de Reincidencia; Registro Nacional de Tierras Rurales; Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos; Secretaría de Derechos Humanos; Servicio Penitenciario Federal; Unidad AMIA; Unidad de Auditoría Interna; Unidad de Información Financiera.
General context
Relationships area
Related entity
CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) *** (Noviembre de 1992)
Identifier of the related entity
AR
Category of the relationship
hierarchical
Dates of the relationship
Description of relationship
Control area
Description identifier
AR
Institution identifier
Rules and/or conventions used
Status
Revised
Level of detail
Minimal
Dates of creation, revision and deletion
Agosto 2014
Language(s)
- Spanish
Script(s)
Sources
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
– Informe Nunca Más- COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP) en http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-Nunca-mas-Indice.htm
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Año LXXVII, Número 21.794. Edición del día 23 de octubre de 1969.
ESPACIO MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS [Ex ESMA]. De Centro Clandestino a Espacio para la Memoria. Publicaciones Espacio Memoria – Instituto Espacio para la Memoria.
MEMORIA ABIERTA. Guía de Fondos útiles para la investigación judicial en delitos de lesa humanidad. Departamento Archivo Intermedio – AGN.
El Historiador. Datos y estadísticas: http://www.elhistoriador.com.ar/datos/presidentes_de_argentina.php
– Informe Nunca Más- COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP) en http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-Nunca-mas-Indice.htm
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Año LXXVII, Número 21.794. Edición del día 23 de octubre de 1969.
ESPACIO MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS [Ex ESMA]. De Centro Clandestino a Espacio para la Memoria. Publicaciones Espacio Memoria – Instituto Espacio para la Memoria.
MEMORIA ABIERTA. Guía de Fondos útiles para la investigación judicial en delitos de lesa humanidad. Departamento Archivo Intermedio – AGN.
El Historiador. Datos y estadísticas: http://www.elhistoriador.com.ar/datos/presidentes_de_argentina.php