La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) nació el 11 de abril de 1975 con el fin de prestar asistencia a las víctimas de la represión política del gobierno militar. A través del tiempo, el trabajo de FASIC se ha organizado para responder a las necesidades más urgentes de las personas afectadas por la violación de derechos humanos ocurridas en el país, especialmente en relación con el respeto a la vida, a la integridad física y psíquica. Esta experiencia era entonces absolutamente inédita.
La Comisión Nacional de Ayuda a los Refugiados (CONAR) fue el primer organismo de derechos humanos de carácter ecuménico. Se fundó un mes después de producido el golpe militar, para auxiliar a los extranjeros perseguidos, y su labor duró hasta diciembre de 1974. Este fue el organismo antecesor de FASIC. Cabe señalar que, desde abril de 1975 hasta febrero de 1991, FASIC funcionó como un programa de la Corporación Metodista de Chile. Esta modalidad permitió la existencia de la institución.
Frente a las urgencias y demandas del momento, los programas de atención fueron diseñados desde la imaginación de los diversos profesionales, que eran asistentes sociales, psiquiatras, psicólogos y abogados, manteniendo una conducta de prudencia y precaución con el fin de cuidar la vida y la vigencia de la institución, es decir, sin dar oportunidad a que la dictadura decretara su cierre. En ese mismo sentido, el Consejo Directivo Institucional determino que FASIC tuviera siempre un bajo perfil frente a la opinión pública y los medios de comunicación.
La población beneficiaria que recibió asistencia, en el ámbito social, psicológico y legal, estaba conformado por presos políticos y sus grupos familiares a lo largo de todo el país; relegados y sus familias; personas que se acogían al programa de reunificación familiar de Naciones Unidas; personas que salían al exilio mediante decretos de expulsión, conmutación de pena de cárcel por extrañamiento, como también por razones de seguridad; retornados con sus grupos familiares; familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos; y personas que sufrían con el acoso y persecución de los organismos de seguridad.
Los diversos programas de asistencia y reparación se fueron elaborando y desarrollando de manera específica, atendiendo a diversidad de la población reprimida, que, no obstante, tenían en común la necesidad de salvaguardar la vida y la integridad física y psíquica.
En los casos de prisión política, el trabajo de las asistentes sociales consistía, por una parte, en consignar los antecedentes sociales, legales y represivos de las personas atendidas; y, por otra, elaborar programas de ayuda directa al interior de los penales: compra de enseres básicos para sobrevivir y de material para el trabajo de artesanías y otros. Paralelamente, se atendían las necesidades del grupo familiar, apoyando a la mujer para que enfrentara la jefatura del hogar, ya que el tiempo de la prisión del cónyuge era incierto.
Esa labor de las asistentes sociales ha sido de gran ayuda y ha tenido, a partir de los años noventa, una importancia mayor para las víctimas, puesto que han podido certificar su pasado represivo ante diversas autoridades, como las Oficinas de Exonerados Políticos, Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Programa PRAIS), universidades, entre otras, a través de la documentación registrada durante esos años.
Cuando un preso recuperaba su libertad, durante el proceso judicial o por cumplimiento de la condena, acudía a FASIC y se incorporaban al Programa llamado “Presos Políticos en Libertad”.
Además de recibir una ayuda de emergencia para enfrentar esa nueva etapa, las personas empezaban a proyectar su futuro con las asistentes sociales: si deseaban estudiar un oficio, recibían una beca; si deseaban emprender un trabajo, presentaban un proyecto laboral. Los beneficiarios tenían un seguimiento de la institución.
La conmutación de la pena de cárcel por extrañamiento se produjo mayoritariamente entre 1975 y 1980. Cabe recordar que, desde mayo de 1975 hasta abril de 1978, salieron de Chile por este mecanismo 1.900 titulares. A partir de 1981, esta forma de recuperar la libertad fue denegada por el general Pinochet, ya que se habían detectado ingresos ilegales y muchos de ellos eran personas que habían salido del país por esta vía. La mayoría de los que ingresaron ilegalmente fueron asesinados por la Central Nacional de Informaciones (CNI) en los llamados “falsos enfrentamientos”.
Durante todo el periodo dictatorial y hasta marzo de 1994, el programa principal de FASIC fue la atención a los presos políticos.
En cuanto a la atención a la salud mental, en 1977 se dio nacimiento al programa llamado “Programa Médico Psiquiátrico” con el fin de prestar asistencia terapéutica a personas que habían sufrido torturas, así como a familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados; los que salían al exilio y que debían enfrentar la incertidumbre de viajar a un país desconocido; los que sufrían las secuelas de allanamientos, detenciones, de persecución de familiares; y los que salían de la prisión después de un largo tiempo de cárcel.
Este programa ha funcionado ininterrumpidamente hasta la actualidad. Esta tarea fue abordada desde sus inicios por un equipo multidisciplinario: psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales y diversos tipos de monitores. La creación de los Talleres de Terapia Ocupacional (TTO) fue una iniciativa importante.
En la época en que hubo un mayor número de retornados, estos talleres se formaban con chilenos provenientes de un mismo país o de un mismo continente, para que pudieron conocer y compartir las dificultades que encontraban en el país al que llegaban, el cual ciertamente había cambiado desde su partida.
La atención terapéutica proporcionada respondía a las necesidades de los consultantes. Así, ha habido atención individual, familiar y grupal, además de la atención de otros profesionales médicos y se ha brindado apoyo para el tratamiento con fármacos en los casos que lo requerían.
En cuanto a la problemática del Exilio, FASIC prestó asistencia social, psicológica y legal a los presos y sus familias que se acogían al extrañamiento; los que se acogían al programa de reunificación familiar del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); y de aquellos que debían abandonar el país por razones de seguridad. Gran parte de este trabajo no habría sido posible sin la solidaridad de instituciones de países europeos, como también de Argentina.
Acerca del Retorno de chilenos, este fue constante a partir de 1978. Los primeros casos, en su gran mayoría eran mujeres que volvían con sus hijos, porque su relación de pareja se había roto; otras regresaban producto del fuerte choque cultural; y otras lo hacían en la creencia de que ellas podían influir para que fuera autorizado el regreso del cónyuge.
A medida que el número fue creciendo, FASIC se vio en la necesidad de implementar programas de reinserción. Así, se dio origen al primer Programa de becas laborales que benefició a algunos de los retornados. Otros recibieron asistencia social y psicológica en la institución.
En el contexto de la transición a la democracia, FASIC se planteó cuatro grandes tareas en el campo de los derechos humanos referidas a los siguientes asuntos: la reforma del sistema procesal penal; los problemas ligados al Exilio/Retorno; Verdad y Justicia; la prisión política.
En el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cumpliendo lo prometido durante la campaña presidencial de Patricio Aylwin, respecto a la reparación de las consecuencias sociales del Exilio, se creó la Oficina Nacional del Retorno. FASIC celebró un convenio para llevar a cabo un pequeño programa de reinserción, y se mantuvieron los programas y beneficios que FASIC había proporcionado con anterioridad.
En cuanto a la Verdad y Justicia, en 1992 la Vicaría de la Solidaridad cerró sus puertas y traspasó a FASIC su principal programa, el programa jurídico, y el grupo de abogados especializados que estaban a cargo de los casos: Héctor Salazar, Nelson Caucoto y Sergio Concha. Dicho programa llevaba la tramitación de las causas judiciales de detenidos desaparecidos y ejecutados, como también otros juicios referidos a crímenes cometidos en la época de los 80: el crimen de los tres profesionales comunistas, la Operación Albania, los cuatro asesinatos cometidos como represalia al atentado a Pinochet y otros.
A fines de 1993, el equipo jurídico de FASIC tomó la decisión de denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA al Estado de Chile, por denegación de justicia al aplicar la Amnistía en las causas de los desaparecidos.
En agosto de 1999, FASIC apoyó la constitución de la Mesa de Diálogo, participando un integrante de su equipo jurídico y el vicepresidente del Directorio en representación del mundo evangélico. Después del Informe de las Fuerzas Armadas de enero de 2001, en virtud de los acuerdos de la Mesa de Diálogo, FASIC colabora con los familiares de las víctimas que aparecen en el listado de dicho Informe como los que no se incluyen en él, prestando asistencia social e psicológica. Por otra parte, en algunos de los casos del Informe, FASIC tiene a su cargo la tramitación de las causas judiciales – en el caso de La Moneda, Paine, las víctimas uruguayas, por nombrar algunas.
En relación con el apoyo social y terapéutico, se ha mantenido en forma permanente para la misma población de la época dictatorial, y se ha aumentado el número de atenciones, de acuerdo con las situaciones que han vivido los familiares de las víctimas, a partir de la detención de Pinochet en Londres y su posterior llegada a Chile. Desde hace varios años, FASIC ha estado recibiendo a estudiantes en prácticas de la carrera de Psicología de las universidades privadas, como una forma de capacitación y de sensibilización en el tema de los derechos humanos y, en especial, de la tortura.
Acerca de la prisión política, los ex presos elaboraran, con apoyo de FASIC, listados con los que habían sido sometidos a proceso, después del 10 de marzo de 1978 – los anteriores a esta fecha podían acogerse a la Amnistía –, para que se legislara respecto a la eliminación de los antecedentes penales, principal escollo de una reinserción laboral.
Esta larga y extensa tarea solo ha sido posible porque FASIC ha contado, desde los inicios, con la confianza y la colaboración de las iglesias evangélicas y protestantes, chilenas y extranjeras, y del Consejo Mundial de Iglesias (CMI).