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Fondo - Fondo Audiovisual Juicio por la Verdad - Bahía Blanca

• 1999-2000 (Produção)

Fundos

Formato digital. Un disco rígido externo que incluye 42 archivos de video (formato MPEG, color y sonoro), de un tamaño total de 69,3 GB y una duración aproximada de 75 horas

Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

Memoria Abierta

El material se recibió en soporte DVD, formato .VOB y luego fue copiado a un disco rígido externo. Algunos de los discos de origen se encontraban dañados, por lo que algunos testimonios no pueden reproducirse de manera completa.

Donación de Enrique Andriotti Romanin.

Hacia finales de la década del noventa, con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos todavía vigentes, organismos de derechos humanos y familiares comenzaron a realizar una serie de acciones que interpelaron a la justicia nacional e internacional, tendientes a la búsqueda de la verdad en torno a lo acontecido en la dictadura, principalmente en relación al destino de los desaparecidos y de los bebes y niños apropiados. En este marco, y en palabras de los investigadores Enrique Andriotti Romanin y Mailén García, “impulsados por distintos fallos judiciales que favorecían el reclamo por el derecho a la verdad, en algunas ciudades del país se sucedieron presentaciones judiciales que, apelando a argumentos jurídicos basados en el derecho internacional pretendieron abrir el camino para la búsqueda judicial de la verdad” (Andriotti Romanin y García, 2015). Estas presentaciones dieron lugar a los llamados “juicios por la verdad”, que se desarrollaron en distintas ciudades del país como La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Mendoza. Entre los fallos previos a los que refiere Andriotti, se destacan como antecedentes de los juicios las respuestas dadas por la justicia argentina así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante los casos presentados por Emilio Mignone, Carmen Aguiar de Lapacó y Facundo Urteaga. Por fuera del ámbito judicial, María José Guembe refiere a otras circunstancias que deben considerarse: “Un antecedente también de esta nueva participación de la justicia y demás fue la declaración de Scilingo en el 95 y la marcha de los veinte años en el 96. Esos habían sido los dos sacudones fuertes. No es que de un día para el otro a siete abogados de Argentina se les ocurrió abrir los juicios y los reabrieron. Había habido antecedentes así fuertes, uno fue claramente la marcha de lo veinte años que fue masiva y generó también una reagrupación de sectores sociales distintos en relación al tema luego de muchos años de silencio o de apatía” (Testimonio de María José Guembe, Archivo Oral, Memoria Abierta).
Con el primero de estos juicios ya en marcha -el de La Plata, iniciado en 1998-, la delegación Neuquén y Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca (CFB) un pedido para abrir una investigación en el marco de la causa 11/86, referida a los delitos cometidos en la jurisdicción del V Cuerpo del Ejército en el período de la última dictadura militar. La CFB dio lugar a la presentación y, así, el 22 de noviembre de 1999 se iniciaron las audiencias, bajo la carátula “causa 11(c) Presentación de APDH de Neuquén - Bahía Blanca y otros en la causa N° 11/86 reclamando saber el destino de los desaparecidos y de las criaturas nacidas en cautiverio”, con un tribunal integrado por Luis Alberto Cotter, Ricardo Planes, Augusto Fernández y Ángel Argañaraz, con la presencia del fiscal federal general Hugo Cañón, la abogada por la querella Dra. Mirtha Mántaras y el defensor oficial subrogante Luis Ángel Devaux, quien posteriormente será reemplazado por María del Carmen Valdunciel de Moroni. Hacia el final del juicio, el fiscal Antonio Horacio Castaño ocupó el lugar de Cañón. Las audiencias se extendieron hasta julio del año siguiente, momento en el que el desarrollo del juicio se vio paralizado a raíz de los recursos presentados ante la Cámara Nacional de Casación Penal (CNC) por algunos de los militares citados a declarar.
Cañon, refiriendo a la modalidad de estos juicios, expresó: “(...) el objetivo y la legitimidad que le daba a este juicio era la búsqueda del destino de los desaparecidos, pero esto traía como una cuestión necesaria y complementaria saber cómo, dónde, quiénes, cuándo, y entonces iban apareciendo la cadena de responsables, más allá de no poder punirlos. Entonces se establecían Centros de Detención, se sabía quién lo había llevado, quiénes participaron en un vuelo, los listados. Y todo esto fue permitiendo una acumulación de prueba valiosísima que luego se derivó a los juicios, una vez anuladas las leyes, a los juicios con la posibilidad de condena penal. Entonces esta prueba que se fue sumando lentamente, tranquila y despaciosamente, pasó a enriquecer muchísimo y dejar de tener la parálisis anterior respecto a la investigación” (Testimonio de Hugo Cañón, Archivo Oral, Memoria Abierta).
En el caso de Bahía Blanca, los testigos –detenidos, familiares de detenidos, policías, militares y conscriptos– reconstruyen las condiciones del centro de detención La Escuelita, los detenidos y desaparecidos que por allí pasaron, los momentos de su detención y el circuito que seguían, las distintas formas de su posterior liberación y paso por cárceles comunes. Se destacan los casos de dos embarazadas vistas en dicho centro clandestino, Graciela Izurieta y Graciela Romero de Metz. A su vez, se rearman las cadenas de mando, los distintos grupos de tareas y quiénes los conformaban, a pesar de la reticencia de los militares a declarar –reticencia que muchas veces genera rispideces entre los declarantes y el tribunal, el fiscal y la querella, así como murmullos y bullicio en la sala por parte del público presente. El hecho de que la presentación se realizara en el marco de una causa anterior implicó que en las audiencias se incluyeran lecturas de declaraciones previas así como prueba documental incluida en los expedientes de la causa 11/86. Posteriormente, los testimonios de los juicios por la verdad serán utilizados como prueba para otras causas, una vez derogadas las leyes de impunidad, como la causa 05/07 “Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército” o la causa 982 “Bayón, Juan Manuel y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Bombara, Daniel José y otros en área operacional Cuerpo Ejército V”.
Si bien en los juicios para la verdad “había impunidad para condenar pero no había imposibilidad de investigar" (testimonio de Hugo Cañón, Archivo Oral, Memoria Abierta), del proceso iniciado en Bahía Blanca resultó imputado por falso testimonio Julián Oscar Corres (primer militar en funciones en declarar en los juicios por la verdad) y fueron detenidos Santiago Cruciani y Armando Barrera por negarse a prestar declaración.

La totalidad del fondo es de guarda permanente.

Se trata de un fondo cerrado

Para la descripción, se considera como unidad documental el día de audiencia. Por lo general, por cada día de audiencia hay dos o tres testimonios. El fondo comprende un total de 26 audiencias y 59 testigos.
Los testigos de cada audiencia se consignan en el elemento alcance y contenido del área de contenido y estructura. Los puntos de acceso por autoridad refieren a ex detenidos, desaparecidos y represores mencionadas en los testimonios. En el caso de estos últimos se indica entre paréntesis la institución o grupo de pertenencia

El material es de acceso público para consulta en sala. La copia del mismo debe contar con una autorización expresa de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

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Descripción por día de audiencia
http://archivos.memoriaabierta.org.ar/index.php/c-mara-federal-de-apelaciones-de-bah-blanca

• Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca (Produtor)

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24 de maio de 2019 12:40