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Vinculados con las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las coordinaciones represivas del Cono Sur.

File CS-UY-UY EJ 2-109971/2011 - Causa Julio Ramiro Martínez Llano, Orlinda Brenda Falero Ferrari, su denuncia

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Reference code

CS-UY-UY EJ 2-109971/2011

Title

Causa Julio Ramiro Martínez Llano, Orlinda Brenda Falero Ferrari, su denuncia

Date(s)

  • 2011 (Creation)

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Extent and medium

s/v

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Suprema Corte de Justicia de Uruguay

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El Juzgado Penal de 2° Turno se encuentra a cargo del Dr. Pedro Salazar Delgado

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El Expediente es identificado con el código de Identificación Única de Expedientes (IUE) 2-109971/2011. Interviene la Fiscalía Letrada en lo Penal de 2° Turno, a cargo de la Dra. María de los Ángeles Camiño. El expediente tiene su origen en la denuncia efectuada por Julio Ramiro Martínez Llano y Orlinda Brenda Falero Ferrari, integrantes de la asociación de ex presos políticos CRYSOL, el 27 de octubre de 2011, y se encuentra en estado de Presumario. Ha intervenido la Suprema Corte de Justicia de Uruguay en la resolución de planteos recursivos

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El expediente se refiere los hechos sufridos por María del Carmen Maruri Blangero, Orlinda Brenda Falero Ferrari, Walter Silva Iglesias, Washington Héctor Grimón Zec, Lincoln Bizzozzero Revelez, Fernando Perdomo, José Luis Muñoz Barbachán, Valentín Enseñat, Ocatvio Carsen, José María Suárez Montero, Fernando Funcasta Novales, Graciela Seoane Santana, Herminia Santana de Seoane, Beatriz Rita De León Castro, Juan Alberto Rocha, Gustavo Leonardo Mora Muñoz, Ricardo Lobera Redelico, José Pedro Charlo, Raúl Osvaldo Sánchez, Julio César Piriz Lostao, Alejandro Garbarino, Dora Beatriz Campos de Casanova, Roberto Casanova, Evar Luis Lacuesta González y Marcelo Ramón Alsina Bulanti. Entre los hechos denunciados están la privación de la libertad, violaciones, lesiones, amenazas, abusos de autoridad, entre otros, ocurridos entre 1972 y 1985. Los lugares identificados incluyen el Batallón de Infantería Blindada N° 13 ("El Infierno Grande"), el Servicio de Materiales y Armamento del Ejército, y el centro clandestino conocido como 300 Carlos. Más de veinticinco personas se encuentran denunciadas. En el marco de este expediente, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay resolvió, el 22 de febrero de 2013, por mayoría, la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 18.831, de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado.

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