Área de identidad
Tipo de entidad
Entidad colectiva
Forma autorizada del nombre
Ministerio de Relaciones Interiores y Seguridad Pública – Programa de Derechos Humanos - Chile ***
Forma(s) paralela(s) de nombre
Forma(s) normalizada del nombre, de acuerdo a otras reglas
Otra(s) forma(s) de nombre
Identificadores para instituciones
Área de descripción
Fechas de existencia
1997 – 0
Historia
La Subsecretaría del Interior del Ministerio de Relaciones Interiores y Seguridad Pública, por mandato legal, es el órgano de colaboración inmediata del ministro en materias relativas a la seguridad y orden público, al crimen organizado y todo lo relacionado con la coordinación territorial del Gobierno, a través de los gobiernos regionales y provinciales. También es la sucesora, para todos los efectos legales, reglamentarios y contractuales, de las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones, y le corresponderá hacerse cargo de los derechos y obligaciones de los que éstas fueren titulares y que existieren o se encontraren pendientes a la fecha de su supresión. Además de esas materias, es responsabilidad de esta subsecretaría del Interior todo lo relacionado con la administración y supervisión de Pasos Fronterizos, Extranjería y Migración, Fondo Social, Pensiones de Gracia, Exonerados Políticos, Derechos Humanos, a través del programa que lleva su nombre y del Gobierno Interior.
Por otra parte, el Programa Continuación Ley Nº 19.123 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, también conocido como “Programa de Derechos Humanos”, fue creado por el Decreto Supremo Nº 1.005 del Ministerio del Interior, de 1997, bajo la dependencia de la Subsecretaría del Interior, con la finalidad de continuar con las tareas de promover y contribuir en las acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no han sido ubicados. Esta tarea era desarrollada por su antecesora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que dejó de tener existencia legal el 31 de diciembre de 1996.
En el año 2001, como resultado de la reapertura de numerosas causas judiciales, luego de los acuerdos de la Mesa de Diálogo y de las interposiciones de querellas por parte de algunos familiares de víctimas, se dispuso un reforzamiento de las instancias judiciales, designándose jueces con dedicación exclusiva y acumulándose las causas relacionadas.
En un plano institucional, el Gobierno de la época resolvió reestructurar el Programa de Derechos Humanos, extendiendo sus acciones con el fin de fortalecer y profundizar el cumplimiento de los objetivos que emanan de la Ley Nº 19.123. La nueva Propuesta de Derechos Humanos, “No hay Mañana sin Ayer”, que diera a conocer el Ex Presidente de la República D. Ricardo Lagos Escobar, el 12 de agosto de 2003, marca un nuevo impulso en la actividad del Programa.
La entrada en vigencia de la Ley Nº 20.405, en diciembre de 2009, normativa especial que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, otorgó al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública nuevas facultades que le permiten aumentar su rango de acción. De este modo, con la nueva ley, el Programa de Derechos Humanos tiene la facultad de ejercer todas las acciones legales que sean necesarias para el cumplimiento de su función, incluida la de presentar querellas en casos de secuestro o desaparición forzada y de homicidio o ejecución sumaria.
La función jurídica del Programa de Derechos Humanos se realiza en conjunto con el mandato legal de prestar asistencia social a los familiares de las víctimas y fomentar una cultura de respeto a los Derechos Humanos impulsando, difundiendo y apoyando acciones de orden cultural y educativo.
Dependieron de la Subsecretaría del Interior dos Comisiones Especiales en materia de derechos humanos: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación – Comisión Rettig, y la Comisión sobre Prisión Política y Tortura – Comisión Valech.
El 25 de abril de 1990, mediante el Decreto Supremo Nº 355, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) con la finalidad específica de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero. El 8 de febrero de 1991 la Comisión entregó su informe al Presidente de la República Patricio Aylwin Azócar. En él se dio cuenta de 3.550 denuncias recibidas, de las cuales 2.296 fueron reconocidas como víctimas de violaciones a los derechos humanos. El Presidente de la República dio a conocer al país el informe los primeros días de marzo de 1992 y en su comunicación pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado de Chile.
En enero de 2001 el Presidente Ricardo Lagos Escobar recibió un informe con antecedentes sobre cerca de 200 casos de detenidos desaparecidos, reconociéndose que más de cien de ellos habían sido arrojados al mar. El Presidente de la República entrego esta información a la Corte Suprema y solicitó la designación de jueces con dedicación exclusiva para investigar sus casos. En este contexto, el Presidente Lagos propuso la creación de una comisión que pudiera determinar el universo de quienes sufrieron privación de libertad y fueron sometidos a torturas por razones políticas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. De este modo, el 11 de noviembre de 2003, mediante el Decreto Supremo Nº 1.040, se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida por el nombre de su Presidente, Monseñor Sergio Valech Aldunate. Su tarea fue determinar quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. El informe se presentó en noviembre de 2004, y hubo una etapa de reconsideración, entre noviembre de 2004 y mayo de 2005.
Por otra parte, el Programa Continuación Ley Nº 19.123 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, también conocido como “Programa de Derechos Humanos”, fue creado por el Decreto Supremo Nº 1.005 del Ministerio del Interior, de 1997, bajo la dependencia de la Subsecretaría del Interior, con la finalidad de continuar con las tareas de promover y contribuir en las acciones tendientes a determinar el paradero y las circunstancias de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que, no obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no han sido ubicados. Esta tarea era desarrollada por su antecesora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que dejó de tener existencia legal el 31 de diciembre de 1996.
En el año 2001, como resultado de la reapertura de numerosas causas judiciales, luego de los acuerdos de la Mesa de Diálogo y de las interposiciones de querellas por parte de algunos familiares de víctimas, se dispuso un reforzamiento de las instancias judiciales, designándose jueces con dedicación exclusiva y acumulándose las causas relacionadas.
En un plano institucional, el Gobierno de la época resolvió reestructurar el Programa de Derechos Humanos, extendiendo sus acciones con el fin de fortalecer y profundizar el cumplimiento de los objetivos que emanan de la Ley Nº 19.123. La nueva Propuesta de Derechos Humanos, “No hay Mañana sin Ayer”, que diera a conocer el Ex Presidente de la República D. Ricardo Lagos Escobar, el 12 de agosto de 2003, marca un nuevo impulso en la actividad del Programa.
La entrada en vigencia de la Ley Nº 20.405, en diciembre de 2009, normativa especial que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, otorgó al Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública nuevas facultades que le permiten aumentar su rango de acción. De este modo, con la nueva ley, el Programa de Derechos Humanos tiene la facultad de ejercer todas las acciones legales que sean necesarias para el cumplimiento de su función, incluida la de presentar querellas en casos de secuestro o desaparición forzada y de homicidio o ejecución sumaria.
La función jurídica del Programa de Derechos Humanos se realiza en conjunto con el mandato legal de prestar asistencia social a los familiares de las víctimas y fomentar una cultura de respeto a los Derechos Humanos impulsando, difundiendo y apoyando acciones de orden cultural y educativo.
Dependieron de la Subsecretaría del Interior dos Comisiones Especiales en materia de derechos humanos: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación – Comisión Rettig, y la Comisión sobre Prisión Política y Tortura – Comisión Valech.
El 25 de abril de 1990, mediante el Decreto Supremo Nº 355, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) con la finalidad específica de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero. El 8 de febrero de 1991 la Comisión entregó su informe al Presidente de la República Patricio Aylwin Azócar. En él se dio cuenta de 3.550 denuncias recibidas, de las cuales 2.296 fueron reconocidas como víctimas de violaciones a los derechos humanos. El Presidente de la República dio a conocer al país el informe los primeros días de marzo de 1992 y en su comunicación pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado de Chile.
En enero de 2001 el Presidente Ricardo Lagos Escobar recibió un informe con antecedentes sobre cerca de 200 casos de detenidos desaparecidos, reconociéndose que más de cien de ellos habían sido arrojados al mar. El Presidente de la República entrego esta información a la Corte Suprema y solicitó la designación de jueces con dedicación exclusiva para investigar sus casos. En este contexto, el Presidente Lagos propuso la creación de una comisión que pudiera determinar el universo de quienes sufrieron privación de libertad y fueron sometidos a torturas por razones políticas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. De este modo, el 11 de noviembre de 2003, mediante el Decreto Supremo Nº 1.040, se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida por el nombre de su Presidente, Monseñor Sergio Valech Aldunate. Su tarea fue determinar quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. El informe se presentó en noviembre de 2004, y hubo una etapa de reconsideración, entre noviembre de 2004 y mayo de 2005.
Lugares
Estatuto jurídico
Decreto Supremo Nº 1.005 del Ministerio del Interior, de 1997
Funciones, ocupaciones y actividades
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene como misión contribuir al esclarecimiento de la verdad respecto de aquellos hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Al mismo tiempo, tiene la misión de avanzar en la promoción del respeto a los derechos humanos y prestar asistencia legal y social a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos calificados como víctimas de violación a los derechos humanos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y por su sucesora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
El Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene como misión principal la promoción de acciones judiciales que permitan determinar el paradero y las circunstancias de desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas. En los casos en los que el Programa no puede hacerse parte, éste presta apoyo directo al Tribunal, tanto profesional como material, a través del financiamiento de los traslados de los testigos y el apoyo económico o material para la ejecución de las diligencias decretadas por los ministros y jueces encargados de las causas. Al mismo tiempo, el Programa presta atención legal a los familiares de las víctimas en situaciones civiles derivadas de la ausencia o desaparición.
El Área Social del Programa de Derechos Humanos tiene como misión fundamental el prestar asistencia social a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, tanto a nivel individual como colectivo, en todo lo concerniente a los beneficios que establecen las leyes de reparación, como también otorgar asistencia social íntegra en la identificación de los restos de sus familiares, mediante la respectiva coordinación con los organismos relacionados.
El Programa de Derechos Humanos cuenta también con la política de construcción de memoriales. Así, el Programa realizó un catastro nacional para registrar las expresiones que surgieron después de 1990 en todo el país. Posteriormente, comenzó a recibir proyectos arquitectónicos y artísticos presentados por las propias agrupaciones de familiares y organizaciones de Derechos Humanos para construir nuevas obras, o bien, para restaurar memoriales existentes, los que son sometidos a evaluación por el organismo a fin de determinar su construcción o reparación, en su caso. Para concretar la realización de los memoriales, el Programa de Derechos Humanos cuenta con la colaboración de los municipios y otras instituciones públicas. Además, a través del Ministerio de Obras Públicas, el Programa realiza concursos de arte público para elegir el diseño de ciertos memoriales, cuya construcción debe ser aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales.
Atribuciónes
El Programa Continuación Ley Nº 19.123 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, también conocido como “Programa de Derechos Humanos”, fue creado por el Decreto Supremo N° 1.005 del Ministerio del Interior, de 1997, bajo la dependencia de la Subsecretaría del Interior, ocasión en que dejó de tener existencia legal su antecesora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el 31 de diciembre de 1996.
Con la publicación de la Ley Nº 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que además establece la continuidad del Programa de Derechos Humanos, establece en su artículo 10º transitorio, la facultad para presentar querellas respecto de los delitos de homicidio o de ejecución sumaria, y de secuestro o desaparición forzada.
Acerca de los Beneficios de Reparación, la Ley Nº 19.123 de 1992, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y las modificaciones comprendidas en la Ley 19.980 de 2004, otorgan beneficios de reparación con el objeto de compensar en parte, a los familiares de las víctimas calificadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, en el marco de las violaciones a los Derechos Humanos en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Al mismo tiempo, tiene la misión de avanzar en la promoción del respeto a los derechos humanos y prestar asistencia legal y social a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos calificados como víctimas de violación a los derechos humanos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y por su sucesora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
El Área Jurídica del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene como misión principal la promoción de acciones judiciales que permitan determinar el paradero y las circunstancias de desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas. En los casos en los que el Programa no puede hacerse parte, éste presta apoyo directo al Tribunal, tanto profesional como material, a través del financiamiento de los traslados de los testigos y el apoyo económico o material para la ejecución de las diligencias decretadas por los ministros y jueces encargados de las causas. Al mismo tiempo, el Programa presta atención legal a los familiares de las víctimas en situaciones civiles derivadas de la ausencia o desaparición.
El Área Social del Programa de Derechos Humanos tiene como misión fundamental el prestar asistencia social a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, tanto a nivel individual como colectivo, en todo lo concerniente a los beneficios que establecen las leyes de reparación, como también otorgar asistencia social íntegra en la identificación de los restos de sus familiares, mediante la respectiva coordinación con los organismos relacionados.
El Programa de Derechos Humanos cuenta también con la política de construcción de memoriales. Así, el Programa realizó un catastro nacional para registrar las expresiones que surgieron después de 1990 en todo el país. Posteriormente, comenzó a recibir proyectos arquitectónicos y artísticos presentados por las propias agrupaciones de familiares y organizaciones de Derechos Humanos para construir nuevas obras, o bien, para restaurar memoriales existentes, los que son sometidos a evaluación por el organismo a fin de determinar su construcción o reparación, en su caso. Para concretar la realización de los memoriales, el Programa de Derechos Humanos cuenta con la colaboración de los municipios y otras instituciones públicas. Además, a través del Ministerio de Obras Públicas, el Programa realiza concursos de arte público para elegir el diseño de ciertos memoriales, cuya construcción debe ser aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales.
Atribuciónes
El Programa Continuación Ley Nº 19.123 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, también conocido como “Programa de Derechos Humanos”, fue creado por el Decreto Supremo N° 1.005 del Ministerio del Interior, de 1997, bajo la dependencia de la Subsecretaría del Interior, ocasión en que dejó de tener existencia legal su antecesora, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, el 31 de diciembre de 1996.
Con la publicación de la Ley Nº 20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que además establece la continuidad del Programa de Derechos Humanos, establece en su artículo 10º transitorio, la facultad para presentar querellas respecto de los delitos de homicidio o de ejecución sumaria, y de secuestro o desaparición forzada.
Acerca de los Beneficios de Reparación, la Ley Nº 19.123 de 1992, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y las modificaciones comprendidas en la Ley 19.980 de 2004, otorgan beneficios de reparación con el objeto de compensar en parte, a los familiares de las víctimas calificadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, en el marco de las violaciones a los Derechos Humanos en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Mandatos/fuentes de autoridad
Estructura/genealogía interna
Organigrama funcional de la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Contexto general
Área de relaciones
Área de control
Identificador de la descripción
CL
Identificador de la institución
Reglas y/o convenciones usadas
Estado de elaboración
Revisado
Nivel de detalle
Básico
Fechas de creación, revisión o eliminación
01082014
Idioma(s)
Escritura(s)
Fuentes
- GOBIERNO DE CHILE Biblioteca del Congreso Nacional de Chile / BCN. Ley Chile.
- GOBIERNO DE CHILE. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Programa de Derechos Humanos.
- GOBIERNO DE CHILE. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Subsecretaría del Interior.
- CHILE. Instituto Nacional de Derechos Humanos – NDH. Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.
- Pesquisa e revisión: Silvia Simões , Jorge E. E. Vivar , Graciela Karababakian
Notas de mantención
Jorge E. E. Vivar , Graciela Karababakian