Entidad colectiva

Estado Plurinacional de Bolivia. Defensoría del Pueblo. ***

1994 –

Posterior al periodo de la Revolución Nacional (1952-1960) en Bolivia, se sucedieron una serie de golpes de Estado y gobiernos militares de facto, quienes en base a la Doctrina de Seguridad Nacional, establecida por la CIA y la Escuela de las Américas a raíz del éxito de la Revolución Cubana, iniciaron un periodo que duró hasta el año 1982, cuando el Estado de Derecho y la división real de poderes quedaron suspendidos, mientras en una lógica sistemática de exterminio y aniquilación de todo tipo de oposición, los gobiernos de René Barrientos, Hugo Banzer, Alberto Natusch Busch y Luis García Mesa implementaron una estrategia regional de gobierno, con el objetivo común de contrarrestar cualquier brote de pensamiento socialista de la época. Dicha estrategia puede ser evidenciada en la coordinación que existía entre los gobiernos de facto de la época de países como Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia; para la detención, expulsión o desaparición de disidentes, en el marco de la Operación Cóndor.

Es en este contexto que una de las instituciones más importantes de Bolivia sobre Derechos Humanos surge, en medio de la clandestinidad el año 1976, pudiendo obtener su personería jurídica recién en 1979. Se habla de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, entidad que en varios momento cruciales de la historia ha luchado por la vigencia de los Derechos Humanos (Octubre negro, dictaduras de Hugo Banzer Suárez y Luis García Meza Tejada), siendo sus miembros perseguidos, torturados (Caso de Julio Tumiri) y hasta asesinados (caso de Luis Espinal). Otra entidad que surge en la lucha contra el totalitarismo en los setentas, es la Comisión de Justicia y Paz, de la Conferencia Episcopal de Bolivia, quien surge el año 72 a raíz de las violaciones a los derechos ocurridas en esa época. Los movimientos sociales mineros y obreros también jugaron un rol determinante en la recuperación de la democracia, pues es a partir de una huelga de trabajadoras mineras iniciada en 1978 por Domitila Chungara que el régimen de Hugo Banzer llega a su fin.
En la década de los 80 el país inició su retorno a los gobiernos democráticos y se preparó un cambio en el perfil del Estado. En lo jurídico, en virtud al Derecho Internacional de los Derechos Humanos el Estado ratifica un conjunto de convenios internacionales comprometiéndose al respeto de los Derechos Humanos (DD.HH), en el entendido de que no puede aceptarse un sistema democrático sin DD. HH. La Reforma Constitucional de 12 de agosto de 1994 incorpora nuevas instituciones: el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, llamado así en ese tiempo.
El año 1982, Bolivia retorna a la democracia, con la ascensión al gobierno de Hernán Siles Suazo, presidente hasta 1985, año en el que se ve forzado a renunciar debido a la crisis económica de los año 80, para dar inicio a la secuela de gobierno neoliberales iniciada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), quien en 1986, emite el Decreto Supremo Nº 21060, de liberalización laboral y de la economía nacional, medida que ocasionó el incremento exponencial de las asimetrías económicas entre clases sociales y la relocalización de una gran cantidad de trabajadores mineros hacia sectores como el Chapare o El Alto, mismos que años más tarde, serán protagonistas de los movimientos de la década de los 2000.
La década de los 80 cierra con un movimiento obrero y minero debilitado debido a las reformas neoliberales, y con el surgimiento de un movimiento indígena, mismo que se consolida en 1990 con la denominada Marcha por el Territorio y la Dignidad. Esta Marcha recorrió más de 800km desde Trinidad hasta La Paz y aglutinó a más de 800 personas pertenecientes a 12 naciones, iniciándose un proceso de demanda por los derechos de los pueblos indígenas, ante el incumplimiento del gobierno de las peticiones referidas a tierra, educación y salud.
Durante la década de los 90, las reformas neoliberales alcanzaron su máxima expresión mediante el proceso de capitalización de las anteriormente empresas estatales, situación que determinó, sumada a las soluciones macroeconómicas implementadas en atención a las directrices del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ocasionando no sólo en Bolivia sino en la región, el pronunciamiento aún más acentuado de las asimetrías sociales.
Este proceso de acumulación histórica tuvo su punto de partida el año 2000 con la conocida Guerra del Agua, conflicto social ocasionado a causa del alza excesiva de costos, la mala calidad del servicio y la deficiente extensión del sistema de saneamiento y agua potable, ocasionados por la entonces administradora del servicio, Aguas del Tunari, subsidiaria de la transnacional Bechtel, que derivó en enfrentamientos entre el Estado, que protegía a la mencionada corporación, y la sociedad civil que demandaba la expulsión de la empresa. Como consecuencia de este movimiento, el pueblo cochabambino logró la expulsión de Bechtel, con el saldo de una persona fallecida; iniciando así el proceso de determinación del agua como derecho humano, cuestión que quedó plasmada, años más tarde, en la Constitución.
En continua aplicación de las recetas del Banco Mundial y del FMI, en febrero del año 2003, el gobierno decretó un impuesto a los salarios con objeto de mejorar la situación económica del país, situación que ocasionó la sublevación de la Policía con consecuentes enfrentamientos entre esta y las Fuerzas Armadas y una situación de conmoción interna que duró por algunos días, y que concluyó con la derogación de la medida y un saldo de 14 muertos.
En octubre de ese mismo año, gracias a la decisión gubernamental de exportar el gas natural a través de Chile, se desató una secuela de movilizaciones sociales en protesta por la determinación. El gobierno, ante las mismas decidió militarizar la ciudad de La Paz y algunas regiones más del país, derivando esta situación en una escalada de violencia en contra de las personas que se encontraban en las calles protestando, resultando que a la finalización de las protestas, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que renunciar y había un saldo de 67 personas muertas.
Tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada Bustamante el año 2003, su Vicepresidente Carlos Diego Mesa Gisbert asumió la presidencia hasta el año 2005 cuando debió renunciar, debido a que la inestabilidad y la inconformidad de la población que estalló en 2003 continuaban manteniéndose. La demanda de Asamblea Constituyente, en el momento era una bandera general de los movimientos, por lo que, cuando en las elecciones de ese año el Movimiento al Socialismo triunfó en las elecciones, la principal tarea fue el establecimiento de la misma.
El agotamiento de una forma de gobierno fue visibilizado por las distintas demandas relacionadas, en punto común, a la determinación de las cuestiones públicas por una mayor base social. La disconformidad de la población frente al estado de las cosas públicas ya se veía venir desde hacía muchos años pues las demandas sociales nunca dejaron de existir, simplemente transitaron entre distintos actores para su demanda y distintas formas de organización social para su exigibilidad.
La Asamblea Constituyente inició sus sesiones el 6 de agosto de 2006, en Sucre, luego de un largo y difícil camino marcado por la conflictividad (se pueden citar los sucesos del diciembre de 2007 en la Calancha, mayo de 2008 en Sucre y septiembre del mismo año en los departamentos de la denominada “Media Luna”, con su punto de mayor violencia en la Masacre de Porvenir del 11 de septiembre de ese año), pero también por encuentros y consensos, dio como resultado el nacimiento del Estado Plurinacional, contenido en una nueva Constitución Política del Estado (CPE).
El 25 de enero de 2009 se realizó el Referéndum Constitucional convocado por el Congreso que dio como resultado la aprobación del nuevo texto constitucional con un 61,43% de votos favorables. El 9 de febrero del mismo año el Presidente Evo Morales lo promulgó, tras firmar el nuevo documento.
La primera Defensora del pueblo fue Ana María Romero, quien llevó adelante un proceso de construcción institucional y de un discurso sobre DD. HH en función de contribuir al fortalecimiento democrático. El año 2000 el gobierno del general Hugo Banzer dictó Estado de Sitio, confinando dirigentes sindicales y campesinos, circunstancia ante la cual la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) promovieron y condujeron un proceso de diálogo, cuyo resultado final fue la liberación de detenidos y confinados. El segundo defensor fue Iván Zegada, quien tuvo que renunciar por presión de organizaciones sociales por su silencio durante la masacre de ciudadanos en octubre de 2003 cuando estalló la denominada “Guerra del Gas”. Posteriormente asumió la institución Waldo Albarracín que inició una coordinación más estrecha con organizaciones no gubernamentales como la APDHB y la Iglesia Católica. Dejó el cargo en enero de 2009. Actualmente con el voto de 113 asambleístas, Rolando Villena se convirtió en el nuevo defensor del Pueblo de Bolivia, elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 13 de mayo de 2010.
También es importante destacar el trabajo cada vez más dinámico y eficiente de las distintas representaciones y oficinas defensoriales en todo el país. Desde el fomento de una política de descentralización, la Defensoría del Pueblo ha alcanzado importantes avances en las gestiones que realizan sus oficinas para el cumplimiento de los objetivos. Hay oficinas de la Defensoría del Pueblo en La Paz (La Paz, El Ato, Caranavi); en Cochabamba (Cochabamba, Villa Tunari); en Santa Cruz (Santa Cruz, Puerto Suárez); en Potosí (Potosí, Llallagua); en Chuquisaca (Chuquisaca, Monteagudo); en Beni (Beni, Riberalta, Tipnis); en Tarija (Tarija, Yacuiba); en Pando y en Oruro.

Resolución de la Presidencia de la República Nº 858/2000, de 9 de agosto de 2000 (

La Constitución Política del Estado (CPE) Plurinacional de Bolivia establece en su Artículo 218, Incisos I, II y III, las funciones y los principios que rigen el trabajo de la Defensoría del Pueblo:
I. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos.
II. Corresponderá asimismo a la Defensoría del Pueblo la promoción de la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y de las bolivianas y los bolivianos en el exterior.
III. La Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa, en el marco de la ley. Sus funciones se regirán bajo los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad y solidaridad. En el ejercicio de sus funciones no recibe instrucciones de los órganos del Estado.
Por el Artículo 222 de la CPE fijase otras atribuciones de la Defensoría del Pueblo, además de las que establecen la Constitución y la Ley, que son:
1. Interponer las acciones de Inconstitucionalidad, de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular, de Cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato.
2. Presentar proyectos de ley y proponer modificaciones a leyes, decretos y resoluciones no judiciales en materia de su competencia.
3. Investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e instar al Ministerio Público al inicio de las acciones legales que correspondan.
4. Solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna.
5. Formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales, y sugerencias para la inmediata adopción de correctivos y medidas a todos los órganos e instituciones del Estado, y emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a dichas formulaciones.
6. Acceder libremente a los centros de detención e internación, sin que pueda oponerse objeción alguna.
7. Ejercer sus funciones sin interrupción de ninguna naturaleza, aun en caso de declaratoria de estado de excepción.
8. Asistir con prontitud y sin discriminación a las personas que soliciten sus servicios.
9. Elaborar los reglamentos necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La Defensoría del Pueblo cuenta con las siguientes Políticas Institucionales:
1) Política de aporte a la construcción del Estado Plurinacional: promueve la consolidación del Estado Plurinacional, a partir de su responsabilidad de vigilancia para que en su construcción se respeten, defiendan, ejerzan y viabilicen los derechos humanos. Asimismo asume la necesidad de reconceptualizar los derechos humanos, a partir del respeto a la pluralidad de las cosmovisiones, características socioculturales y contextos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
2) Política de autonomía funcional: en el marco de la Constitución Política del Estado y su normativa específica, protege, defiende, promueve y promociona la vigencia de los derechos humanos con autonomía: funcional, administrativa y financiera. El principio de autonomía sin embargo trasciende el componente operativo, pues es definido como la independencia de cualquier órgano del Estado, de cualquier organización política, económica o de otra índole, origen y naturaleza.
3) Política de Servicio al Pueblo: busca defender, proteger, restituir y prevenir la vulneración de derechos humanos a través de la adopción de acciones defensoriales más efectivas para la restitución de los mismos con calidez, calidad y oportunidad.
4) Política de atención a sectores de la población más vulnerables, excluidos y discriminados: la Defensoría del Pueblo cumple con su mandato sin ninguna restricción, preferencia o discriminación, sin embargo siempre estará del lado de las personas o grupos cuyos derechos son particularmente vulnerables, de los excluidos y discriminados históricamente en el ejercicio de sus derechos, de quienes han sido víctimas o de quienes carecen de posibilidad o capacidad de ejercer sus derechos en libertad e igualdad de condiciones.
5) Política de Gestión de Conflictos: focaliza su accionar institucional en aquellas situaciones que amenacen vulnerar o vulneren los derechos humanos, promoviendo la convivencia pacífica, en el marco de una cultura de paz, diálogo, consenso y concertación, para coadyuvar soluciones de manera concertada entre las partes, en la línea de hacer gestiones de conflicto, acorde a las particularidades de las regiones.
6) Política de defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos: la defensa y protección de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos y comunidades afrobolivianas es una prioridad para la Defensoría del Pueblo, considerando la deuda histórica del pueblo boliviano para con los pueblos indígenas, tradicionalmente víctimas de discriminación, racismo, exclusión y violencia, que hasta el día de hoy soportan los más altos niveles de pobreza y desigualdad. Esta posición de principios por la defensa de sus derechos, se traduce en una decisión por conocer, comprender, respetar y promover sus propias visiones y percepciones sobre los derechos humanos a través del diálogo de saberes, y en la atención preferencial, si se evidencia o se tiene indicios que se están afectando sus derechos.
7) Política de educación y formación política en derechos humanos: para la Defensoría del Pueblo, la educación en derechos humanos adquiere un sentido horizontal y dialéctico y un profundo contenido ético y político, que busca la articulación entre el saber occidental y el saber indígena y que tenga como orientación la realización efectiva del ser humano individual y colectivo a través de la acción política en derechos humanos, que busquen la transformación de su realidad.
8) Política de Género y Despatriarcalización: la defensa de los derechos de las mujeres es entendida como una obligación y una necesidad imprescindible para el logro de todos los demás derechos. Sostiene la búsqueda de equidad, eliminación de la violencia en todas sus formas y promoción de sus derechos de participación efectiva, pero que busca fundamentalmente eliminar la visión y las actitudes patriarcales de dominación.
9) Política de interés superior de niñez y adolescencia: la Defensoría del Pueblo asume como objetivo estratégico y principio de conciencia, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Busca la defensa, protección y promoción de sus derechos desde una perspectiva que trascienda el adultocentrismo y privilegie su participación activa cuando se consideren y decidan acciones y medidas que los afecten.
10) Política de relacionamiento Interinstitucional: la Defensoría del Pueblo es la única institución del Estado con mandato constitucional para velar por la vigencia, defensa y promoción de los derechos humanos, sin embargo busca coordinar sus acciones e intervenciones con organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, organizaciones sociales y entidades públicas de los órganos del Estado, en la perspectiva de lograr efectos multiplicadores en la protección, defensa y promoción de los derechos humanos.
11) Política de comunicación defensorial: comprende la necesidad de crear, promover e implementar mecanismos y estrategias de comunicación que se orienten hacia la construcción de una cultura de derechos humanos, buscando influir en la transformación consciente y efectiva de conductas individuales y colectivas, con pleno respeto a la diversidad cultural y regional y con énfasis en la generación de lenguajes y códigos acordes con las nuevas realidades del Estado Plurinacional.
12) Política de relacionamiento internacional: el relacionamiento con otras instituciones defensoras de los derechos humanos del mundo y con organismos internacionales del área, es un objetivo estratégico a partir del principio que la defensa de los derechos humanos es un asunto universal que trasciende las fronteras y los países, y desde la convicción que se debe trabajar juntos para enfrentar las vulneraciones y afectaciones a los derechos humanos en un mundo globalizado.
13) Política de derechos humanos en los procesos autonómicos: el proceso autonómico es uno de los pilares de la construcción del Estado Plurinacional, y como éste, debe tener como objetivo final el bienestar, la justicia social y la igualdad para los bolivianos y las bolivianas. También define que toda relación de la Defensoría del Pueblo, con cualquier organismo internacional o institución nacional de derechos humanos, debe regirse por los principios constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia, primado en ella el ejercicio efectivo de soberanía.
14) Política de privilegio de la acción defensorial en poblaciones con derechos vulnerables: privilegia su trabajo en los territorios de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NyPIOCs), las comunidades campesinas y las poblaciones que viven las zonas periféricas de las ciudades, de acuerdo con estrategias de intervención diferenciadas también por regiones.
15) Política de gestión defensorial plurinacional y desconcentrada: busca construir una gestión defensorial plurinacional, intercultural, descolonizante y despatriarcalizadora que posibilite una identidad institucional en todas sus instancias, instrumentos y mecanismos administrativos y de funciones sustantivas. Asimismo identifica y desconcentra acciones institucionales, tomando en cuenta las características sociales y culturales de cada una de las regiones del país.
16) Política Administrativa: enfatiza la administración y aprovechamiento racional de los recursos humanos y materiales, por lo que con la perspectiva de la visión y misión institucionales, establece criterios de vanguardia para la asignación de sus recursos.
Atribuciónes
La Defensoría del Pueblo es una institución establecida por Ley. Esas Leyes en Bolivia son: Constitución Política del Estado (CPE), Ley de 7 de febrero de 2009; Ley Nº 1818 “Ley Del Defensor Del Pueblo”, Ley de 22 de diciembre de 1997. También las partes pertinentes de las Leyes tales como: Ley Nº 1678 “Ley De La Persona Con Discapacidad”; Ley Nº 2026 “Código Niña, Niño y Adolescente”; Ley Nº 3323 “Ley Del Adulto-Mayor”; Ley Nº 045 “Ley Contra El Racismo y Toda Forma De Discriminación”.
La Defensoría del Pueblo ingresó al escenario público como Defensor del Pueblo, luego de una iniciativa de la sociedad civil alentada por el Capítulo Boliviano del Ombudsman, conformado por un grupo plural de personalidades.
En 1992 se incorpora a la Constitución Política del Estado y en 1997 el Congreso Nacional aprueba la Ley Nº 1818 que establece la forma de organización y las atribuciones de esta institución. Las actividades públicas del Defensor del Pueblo se iniciaron oficialmente el jueves 1 de octubre de 1998, en oficinas alquiladas ubicadas en la calle Heriberto Gutiérrez 2374 del barrio San Jorge de La Paz.
Para el año 1999, el escenario que le tocó actuar al Defensor del Pueblo sigue siendo el de la fragilidad institucional del Estado, que continuó generando diversos tipos de inseguridad jurídica, pero se evidenciaron cambios; quizás el más significativo sea la situación de relativa paz que se vivió en el Chapare. La presencia que sentó la institución en el trópico cochabambino sirvió para evitar que se repitan atropellos similares contra los pobladores y sus bienes.
A nivel urbano la pobreza siguió siendo el principal actor de la vida social y con ella el desempleo, el drama penitenciario, la inseguridad jurídica, los excesos de la fuerza pública, la marginación y exclusión de grupos vulnerables, la situación de los migrantes en el interior y exterior del país, la de los jubilados, la retardación de justicia y la corrupción pública. Varios hechos ocurridos en penales y otros centros policiales mostraron que el principal problema que aqueja a la policía es de naturaleza ética y no se resuelve sólo con mayores recursos presupuestarios.
En lo que toca al sistema regulatorio la mayor preocupación del Defensor del Pueblo, durante este período, fue la poca o nula información que recibía el usuario sobre el comportamiento de las empresas de servicios y la actuación de las superintendencias. Las medidas de descentralización, fueron otro tema de interés institucional, ya que han tenido un impacto negativo en las políticas sociales desde el momento en que se determinó el traspaso de competencias del Poder Ejecutivo a unas prefecturas y unos municipios que no estaban preparados para recibirlas. Del mismo modo, en esta gestión se hizo notar la resistencia de autoridades y funcionarios para cumplir con el deber de colaboración al Defensor del Pueblo que establece la Ley Nº 1818, expresada en la no atención a los requerimientos de informe o al caso omiso de las resoluciones.
La facilitación del diálogo y la mediación de conflictos caracterizaron la gestión del año 2000, donde demandas largo tiempo provocaron la exposición de varios derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas. Estos derechos fueron objeto de repetidas violaciones por parte del Estado en el marco de los conflictos del agua de Cochabamba, los de la erradicación de cocales en el Chapare y del Estado de Sitio dictado en abril del 2000. Pero es preciso señalar que al plantear sus reivindicaciones ante el gobierno, algunos sectores de la sociedad civil también afectaron varios derechos de la ciudadanía. Algunas de las acciones puntuales realizadas durante los diferentes conflictos marcaron un hito en la historia democrática del país, como la presentación de un recurso constitucional de habeas corpus contra la forma en que se dictó y procesó el Estado de Sitio que fue declarado procedente por el Tribunal Constitucional.
Sobre los abusos policiales hay que señalar la sentencia favorable del Tribunal Constitucional ante un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo que terminó con la práctica ilegal del registro policial a las trabajadoras sexuales.
El año 2001, al cumplirse 19 años del proceso democrático en Bolivia, se observaron intensas y sucesivas movilizaciones sociales, así como la creciente pérdida de legitimidad del sistema de partidos políticos. En ese contexto y la necesidad de asegurar la presencia institucional a nivel nacional se crearon dos nuevas Oficinas Departamentales y una Provincial. Otros procesos de conflictividad que derivaron en enfrentamientos entre sociedad civil y Policía o Fuerzas Armadas no fueron excepción en esta gestión, en la que una vez más la institución medió o facilitó, a pesar de siete muertes registradas en el Chapare.
Para el año 2002, se diversificó y amplió el uso de los instrumentos destinados a enfrentar las violaciones de derechos humanos, en un proceso de relacionamiento y actuación del Defensor del Pueblo con todos los poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Ello significó un proceso de fortalecimiento institucional como respuesta a la creciente demanda ciudadana respecto a la capacidad de intervención, eficiencia y eficacia de la labor defensorial.
El Defensor del Pueblo construyó su presencia y capacidad institucional en un marco complejo de violaciones de casi todos los derechos humanos garantizados por la Constitución Política del Estado. La construcción y funcionamiento institucional se fortalecieron con el Sistema de Atención de Quejas, así como con la consolidación de la presencia nacional gracias a sus representaciones en los nueve departamentos del país y las alianzas con organizaciones de diversa índole no sólo a nivel local sino también internacional.
El 2003 fue el sexto periodo de trabajo ininterrumpido del Defensor del Pueblo. Tanto para el país como para la institución fue un año sumamente difícil por los acontecimientos vividos en el orden político, social e institucional. En las Jornadas de febrero, la Defensora del Pueblo se comunicó en repetidas oportunidades con varias autoridades de Estado, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y líderes de los partidos de oposición para que depongan actitudes intransigentes y cesen las hostilidades. También se comunicó con jefes militares y con los policías amotinados y denunció públicamente la participación de francotiradores y el uso desmedido de la fuerza por parte de agentes militares. Las intervenciones del Defensor del Pueblo se prolongaron luego del 12 y 13 de febrero. Por una parte, el equipo defensorial realizó innumerables verificaciones defensoriales en diferentes hospitales y centros de salud a fin de que los heridos sean debidamente atendidos; por otra, veló para que el gobierno nacional honre su compromiso de indemnizar a los heridos y a los familiares de los muertos.
En marzo, Ana María Romero de Campero, cumplió su mandato constitucional de cinco años como titular de la institución. De acuerdo a precepto de la Ley Nº 1818, la conducción del Defensor del Pueblo fue entonces confiada, en forma interina hasta la elección del nuevo titular, a Carmen Beatriz Ruiz quien durante la gestión de la Defensora del Pueblo cumplió las funciones de Delegada Adjunta Primera.
El interinato de Carmen Beatriz Ruiz, como Defensora del Pueblo en Suplencia Legal, duró, por las indecisiones políticas, nueve meses y fue interrumpido por la designación ilegítima de Iván Zegada quien estuvo en el cargo apenas dieciséis días antes de que presentara su renuncia después de que lo hiciera Sánchez de Lozada. Finalmente, el 11 de diciembre, el Congreso eligió como Defensor del Pueblo a Waldo Albarracín Sánchez, quien desde el 18 de diciembre condujo la institución.
En el mes de febrero de 2004 se modificó la Constitución Política del Estado (CPE) para dar paso a los instrumentos de la democracia participativa: referéndum, iniciativa legislativa ciudadana y Asamblea Constituyente. También se eliminó el privilegio exclusivo de los partidos políticos como únicos actores de las contiendas electorales, ampliando esta posibilidad a las agrupaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas.
El referéndum sobre la política hidrocarburífera del país o “referéndum del gas”, fue otro acontecimiento central en 2004. El Defensor del Pueblo apoyó la realización de este evento democrático a través de pronunciamientos públicos y por medio de acciones de carácter informativo a nivel nacional.
El proceso preconstituyente se inició con varias acciones gubernamentales; mientras el Defensor del Pueblo llevó adelante una serie de encuentros ciudadanos en todo el país para recoger aportes con miras a la elaboración de su propia propuesta de reforma en los temas relacionados a los derechos humanos, principalmente.
A partir del mes de junio cobró mayor fuerza un nuevo tema que luego sería incluido en la agenda gubernamental: la demanda de autonomías departamentales, especialmente enarbolada por Santa Cruz.
En Riberalta la crisis de seguridad ciudadana derivó en la conformación de brigadas armadas de seguridad barrial, iniciativa a la que el Defensor del Pueblo se opuso desde un inicio y provocó que se la tilde como institución protectora de delincuentes.
La gestión de 2005 estuvo marcada tanto por la segunda renuncia consecutiva de un Presidente en menos de dos años, como por la asunción a la primera magistratura de la Nación, por sucesión constitucional y por primera vez en la historia, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y la elección popular directa de un nuevo presidente. Signado el año por el clima de inestabilidad y transitoriedad electoral, los principales temas de preocupación ciudadana vinculados a los derechos humanos fueron poco abordados y los diferentes procesos iniciados y encaminados no tuvieron el impulso necesario y la continuidad esperada. El Defensor del Pueblo develó serias fallas en los controles de seguridad penitenciaria y las tensiones entre Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Las acciones emprendidas para recapturar a los prófugos de Palmasola no fueron menos condenables que la evasión debido a los excesos y errores cometidos por los agentes policiales.
El año 2006, con la llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), perfiló la refundación de un nuevo Estado y una nueva sociedad. Al mismo tiempo, tanto el referéndum por las autonomías departamentales, como la elección de la Asamblea Constituyente, fueron el eje de numerosos conflictos en esta gestión. La relación fracturada entre la sede de gobierno y las prefecturas opositoras del Beni, Tarija y Santa Cruz, también dieron pie a continuos reclamos de los actores involucrados, una y otra vez, de manera sucesiva.
En materia laboral, se estableció el “Día Nacional de las Trabajadoras del Hogar” (30 de marzo), fecha en que todos los empleadores deberán dar el día libre a sus trabajadoras; medida plausible pero aún insuficiente frente a otras que todavía no se tomaron para dar solución al tema del seguro social a corto plazo (seguro de salud) en favor de estas trabajadoras.
Otro asunto en el que el gobierno tomó acciones correctivas, aunque todavía algo tenues, es el de las familias y comunidades guaraníes cautivas y empatronadas en el Chaco boliviano. Algunos pagos ya fueron realizados en favor de ocho de estas familias, empero las demás tareas conducentes a resolver integralmente los problemas laborales, sociales, educativos, de salud y de acceso a la propiedad de la tierra todavía no han sido encarados como lo recomendó el Defensor del Pueblo en su Resolución Defensorial 2/2005.
Con relación a los derechos de los indígenas, campesinos y pueblos indígenas y originarios, se destacó el proceso de reconducción agraria traducido en Decretos Supremos y la Ley Nº 3545 de 28 de noviembre de 2006, que modifica la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996 (Ley INRA).
También los esfuerzos del Defensor del Pueblo fueron infructuosos para que el Estado cumpla su compromiso de introducir en la legislación nacional (militar) el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia respecto al servicio militar, compromiso avalado y plasmado en el Informe de Solución Amistosa 97/05 aprobado en octubre de 2005 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la gestión de 2007, los casos de linchamiento continuaron siendo un problema de difícil solución; al igual que las condiciones en centros de detención y prisiones o la tensión en la relación gobierno y una gran parte de los medios de comunicación, que derivó en varias decenas de ataques contra periodistas de una u otra afinidad.
En 2007 el Defensor del Pueblo intervino en 146 conflictos sociales a nivel nacional. En ellos, la Institución medió y facilitó el diálogo y la concertación entre las partes, pacificó escenarios de violencia y promovió la atención médica de huelguistas de hambre y otras personas que asumieron medidas extremas de presión y reclamo.
Asimismo, diferentes instancias de la Institución ejecutaron 259 actuaciones urgentes, modalidad de intervención defensorial implementada en 2002 y que se caracteriza por su trámite ágil y desprovisto de mayores formalismos, a fin de lograr que la subsanación de un derecho sea efectiva en el menor tiempo posible (cinco días como máximo).
En lo que respecta al seguimiento al juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, se creó una red interinstitucional de seguimiento al juicio, conformada por el Defensor del Pueblo, la Comunidad de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares caídos por la Defensa del Gas (ASOFAC-DG), la misma que le permitirá a la Institución realizar un seguimiento cercano del juicio de responsabilidades en cuestión.
Con relación a las víctimas de la violencia política entre 1964 y 1982, el Defensor del Pueblo apoyó al Ministerio de Justicia en la difusión de información al interior de la República, para que de esta manera los peticionarios de este reconocimiento puedan hacer seguimiento a la calificación de sus casos. Asimismo, colaboró en la recepción de la documentación adicional y su posterior reenvío a la instancia competente.
El 2008 fue el año en que se concluyó la fase de enmiendas al Proyecto de nueva Constitución Política del Estado. Durante el desarrollo de la Asamblea, el Defensor del Pueblo hizo un seguimiento constante al debate allí producido; hecho luego reconocido públicamente como la institución que más aportó a la inclusión y transversalización de derechos en el texto constitucional.
También se concluyó, en un estudio sobre los derechos de las y los funcionarios públicos, que el Estado boliviano está violando los artículos 2, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC).
La gestión del año 2009 estuvo marcada por el referéndum para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE). Este nuevo marco normativo, posibilitó que la Defensoría del Pueblo concentre sus esfuerzos en la difusión de los derechos humanos incorporados en la CPE, así como en la incidencia para la necesaria readecuación de políticas públicas y normativas. No se descuidó, empero, la atención de quejas y la intervención en los conflictos sociales, considerando las tensiones políticas que se generaron, debido al proceso de readecuación institucional emprendido por el gobierno y toda la estructura estatal.
En el 2009 se destaca la construcción conjunta, entre instancias estatales y de la sociedad civil, del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y la conformación del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y varias medidas para combatir la discriminación.
El 2010 cinco millones de bolivianos decidieron la elección de nueve gobernadores y más de trescientos alcaldes, iniciando así el proceso de la organización política autonómica del Estado Plurinacional y reconfigurando no sólo el mapa político sino además los distintos equilibrios regionales a nivel nacional.
El 2010 recibió al primer Defensor del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Rolando Villena. Así es que, con el fin de cambiar el perfil individual y legalista del modelo de Atención a la Ciudadanía a un enfoque acorde a la nueva realidad política, social y constitucional del país y de la misma institución, se diseñó el Sistema de Servicio al Pueblo.
El año 2011, la Defensoría del Pueblo abordó una serie de problemáticas entre las que sobresalen: derecho a la consulta, abusos en instalaciones militares, trata y tráfico de personas, procesos autonómicos, conflictos limítrofes, cada una con sus particularidades y grados de complejidad. Por otra parte, dentro el proceso autonómico que vive el Estado Plurinacional, es pertinente señalar el fortalecimiento departamental, municipal, regional e indígena originario, en la elaboración de sus cartas orgánicas y/o estatutos autonómicos. En esta gestión, además se cerró el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 y se elaboró el correspondiente al quinquenio 2012-2016.
El 2012 ha sido el año de consolidación institucional de la Defensoría del Pueblo. La institución ha logrado importantes avances en todos los ámbitos de su responsabilidad constitucional, implementando los mecanismos y las estrategias de intervención adecuadas que hoy le permiten enfrentar el futuro con mejores herramientas para el logro de nuestros objetivos.
También se logró suscribir el acuerdo de apoyo financiero con la Canasta de Fondos (Suecia, Holanda y Suiza) para lograr la sostenibilidad económica en el próximo quinquenio.
La aprobación e implementación del sistema del Servicio al Pueblo ha permitido que se consolide definitivamente la nueva visión en la atención y gestión de las demandas de la población cuyos derechos han sido vulnerados.
En relación a las poblaciones que son más importantes en la visión estratégica de la Defensoría del Pueblo, es decir niños, niñas y adolescentes y mujeres, el trabajo desarrollado por las áreas responsables alcanzó importantes logros que se traducen en la gestión y difusión de conocimiento e información, la promoción de normativa y el aporte en la implementación de políticas públicas. En el caso de las Naciones y Pueblos Indígenas Originario Campesinos (NyPIOCs), la Defensoría logró aportar a través de el sostenimiento de una posición firme e invariable de defensa de sus derechos, especialmente los referidos a la consulta previa, libre e informada, pero también sus derechos a la justiciabilidad, el respeto a sus organizaciones, su libertad de expresión y opinión y su derecho a la protesta. También se lograron avances importantes en las temáticas fundamentales y urgentes referidas a los derechos humanos como el derecho a la salud, la trata y tráfico de personas, la violencia como factor de vulneración de derechos y la gestión de conflictos.
La gestión 2012 fue particularmente importante en la consolidación de la participación en foros y espacios internacionales de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo ha consolidado su plena y activa participación en la Federación Iberoamericana del Ombdusman (FIO), una iniciativa regional que pretende aunar esfuerzos entre las Defensorías del Pueblo de la región latinoamericana, para vigilar, promover y defender los derechos humanos. Esta entidad ha realizado importantes avances en la concientización de la necesidad de un trabajo conjunto para encarar temas tan graves como la trata y tráfico de personas, la defensa de los derechos de la niñez y la protección de los derechos de las mujeres. Es importante destacar que este nuevo enfoque de trabajo internacional ha motivado la creación de la Unidad de Relaciones Internacionales, una instancia especializada incluida en la estructura funcional que se encarga de la gestión de estos procesos que son de alta importancia para la entidad.

La Defensoría del Pueblo tiene como estructura funcional:
1) Despacho. Objetivo del área: Planificar, dirigir y controlar la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos y las actividades administrativas y financieras en el marco de la Misión y Visión institucionales.
2) Adjuntoria de Programas y Operaciones Especiales. Objetivo del área: Planificar, dirigir y controlar planes, políticas y estrategias nacionales para disminuir la violación de derechos humanos en poblaciones con mayor vulnerabilidad y prevenir y coordinar negociaciones en situaciones de conflicto social que afecten a grupos o sectores sociales.
3) Adjuntoria de Atención a la Ciudadanía. Objetivo del área: Planificar, dirigir y controlar acciones para promover el respeto, la protección y la restitución de los derechos humanos vulnerados a través de la atención de quejas de los ciudadanos.
4) Adjuntoria de Promoción y Análisis. Objetivo del área: Planificar, dirigir y controlar acciones que generen y propicien en la población en general el respeto, la tolerancia, el conocimiento y la defensa a los derechos humanos, reconociendo a la Defensoría del Pueblo como la principal representación de la justicia y equidad.
5) Secretaría General. Objetivo del área: Planificar, dirigir y controlar el talento humano y los recursos financieros, tecnológicos y materiales de la institución cumpliendo las normas legales vigentes y en observancia de la Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178 ( Ley SAFCO) y sus reglamentos en el marco de los principios de integridad y transparencia institucional.
6) Coordinación de Gestión Institucional. Objetivo del área: Planificar, dirigir y controlar actividades para asegurar la coherencia del desempeño de la gestión institucional a nivel de la administración central y de ésta con las Representaciones Defensoriales en lo que concierne a la planificación, organización administrativa y la ejecución de actividades y relacionamiento con organismos de la cooperación internacional, en el marco de las políticas definidas por la Máxima Autoridad Ejecutiva.
7) Representaciones Departamentales. Desarrollan acciones importantes de manera conjunta que van desde reuniones eventuales de planificación y coordinación de actividades, hasta gestionar convenios interinstitucionales. Los y las Representantes actúan según las normas externas e internas que rigen para la institución. Los Representantes son Departamentales y de ellos dependen las Representaciones Especiales y las Mesas Defensoriales.
8) Mesas Defensoriales: Son integradas por personas a las que el Defensor del Pueblo les ha delegado la responsabilidad de actuar en su nombre y con sus atribuciones en las distintas oficinas que tiene actualmente la institución en el país. Los y las Representantes actúan según las normas externas e internas que rigen para la institución. Los Representantes son departamentales y de ellos dependen las Representaciones Especiales y las Mesas Defensoriales.

BO

Revisado

Básico

01082014

1. Estado Plurinacional de Bolivia. Defensoría del Pueblo. Portada.
2. Estado Plurinacional de Bolivia. Constitución Política del Estado (CPE).
3. Apuntes Jurídicos. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo?
4. Pesquisa e revisión: Silvia Simões , Jorge E. E. Vivar , Graciela Karababakian

Jorge E. E. Vivar , Graciela Karababakian