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Departamento Judicial ***

• 1992

El 15 de agosto de 1954 el general golpista Alfredo Stroessner Matiauda asume la presidencia de Paraguay. Se inicia así la llamada “era de Stroessner” con la alianza política entre el Partido Colorado, el militar golpista y las Fuerzas Armadas, que constituyen la unidad del sistema que perduró hasta 1989.
La dictadura de Stroessner mantuve una “unidad granítica” entre el gobierno de Stroessner, las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado para el control total del Estado y de la sociedad, persiguiendo, eliminando, excluyendo, extirpando e incluso aniquilando cualquier foco, intento o proyecto de oposición y lucha, sean estos por la vía pacífica o armada.
En lo que respecta al Partido Colorado, el control total del Estado se produjo con la exigencia de la afiliación partidaria para ejercer cualquier cargo en organismos dependiente del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Magisterio Nacional, de las Fuerzas Armadas y policiales e incluso el control de organizaciones intermedias de la sociedad civil, tales como asociaciones de arquitectos, ingenieros, médicos, etc., o creando organizaciones paralelas cuando el régimen no podía controlarlas.
En cuanto al líder único Alfredo Stroessner, era Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas afiliadas a un partido político, presidente honorario de dicho partido y afiliado número uno de dicha organización política, situación que se mantuvo incluso durante la transición después de la caída de Stroessner hasta su muerte. El sistema se autodefinió durante 35 años como “gobierno colorado del general Stroessner”.
Si bien el caso paraguayo comparte muchas similitudes con la experiencia vivida en los países vecinos, tiene singularidades propias. Una primera característica es que el golpe militar que dio el poder al general Alfredo Stroessner ocurrió en mayo de 1954; es decir, muchos años antes que en los demás países se produjeran los quiebres de sus respectivos procesos cívicos institucionales. Además, el golpe de Estado que lo destituyó ocurrió en febrero de 1989, cuando toda la región, excepto Chile, avanzaba en sus respectivas transiciones democráticas.
Otra característica del gobierno de Stroessner es que, pese a tratarse de una dictadura militar enmarcada, como lo estarían todas las otras del Cono Sur, en la Doctrina de Seguridad Nacional y con similares métodos represivos, mantuvo un escrúpulo casi obsesivo por aparentar conservar todas las formalidades de una democracia. Esa fachada institucional incluía convocar puntualmente a fraudulentas elecciones, mantener a todos los poderes del Estado funcionando domésticamente y contar, incluso, con una dócil – pero funcional – oposición parlamentaria. El propio Stroessner, aunque militar y dueño de todos los poderes, siempre fue el candidato y gobernó con el apoyo del Partido Colorado.
La estructura represiva estaba centrada en la Policía de la capital y contaba con una compleja trama de informantes, delatores y uniformados que mantenían perfectamente vigiladas todas las actividades públicas o privadas que desarrollaba la población. El centro neurálgico de la represión política era el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC), situado en pleno centro de Asunción, a poca distancia del Parlamento, del Arzobispado, del Correo, de la Universidad Católica, de la Catedral, del Oratorio Nacional, de la Federación de Educadores del Paraguay y del Palacio de Gobierno.
Las campañas represivas operativas directas fueron implementadas por oleadas periódicas, aunque los órganos especializados de la policía, el III Departamento de Investigaciones (DIPC), la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT), y el propio Ministerio del Interior, pusieron especial énfasis en registrar, recabar información, amedrentar, reprimir y finalmente clausurar sistemáticamente los órganos de expresión o medio de comunicación que no estuviera bajo su directo control o bajo un debido control partidario, al margen de su importancia o capacidad de difusión de los puntos de vista disonantes con el discurso oficial.
La estructura logística y operativa del aparato represivo estaba altamente coordinada entre unidades militares y policiales, con información de inteligencia provista por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y por sus informantes, por la policía que contaba también con sus informantes, por servicios de inteligencia extranjeros y contó con el apoyo logístico y operativo de milicianos del Partido Colorado.
Las acciones obedecían a una rígida cadena de mandos altamente centralizada pero con una capacidad de maniobra rápida y fluida que terminaba en el comando estratégico dirigido por el general Alfredo Stroessner. Una de las diferencias importantes del aparato represivo paraguayo con respecto de otros de la región es que no crearon modelos paralelos autónomos y especializados o clandestinos de policía política con alcance nacional para abordar la subversión supuesta o real que enfrentó. Las unidades especializadas en el control y represión políticas estaban integradas a la institucionalidad del Estado y actuaban abiertamente dentro de la cadena de mandos, bajo el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, las militares, y bajo el Ministerio del Interior, las policiales, sin excepción.
La Policía de Investigaciones adquirió, de la mano de su director Pastor Coronel, que asumió su jefatura en 1968, el carácter de principal fuerza represiva durante la década de los años setenta, hasta el asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza en setiembre de 1980, hecho que hizo declinar el poder de Pastor Coronel y con él el del Departamento de Investigaciones. Entonces las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército tuvieron un rol más central, no tan sólo en el plano estratégico, sino también en el plano operativo fundamentalmente a través del general Patricio Colmán y del Regimiento de Infantería Nº 14 (RI 14), bajo su comando.
La inteligencia policial especializada estuvo centralizada en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC) que dirigía Pastor Coronel, y la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT) dirigida por Antonio Campos Alum. Estas agrupaciones policiales de inteligencia dependientes del Ministerio del Interior, a través de la jefatura de Policía, tenían amplia capacidad para desplazarse y para establecer jurisdicción en cualquier punto del país, incluso dentro de los regimientos militares. Poseían además responsables de inteligencia policial en cada delegación de gobierno y también en comisarías de poblaciones especiales, con sus propias redes de informantes oficiales u oficiosos civiles en cada distrito, hasta llegar a la mínima unidad administrativa, que es la compañía o colonia rural. El DIPC y la DNAT se nutrían de elementos que preferentemente y casi exclusivamente – con la excepción de los infiltrados especiales – eran seleccionados dentro de los miembros del Partido Colorado, que tenía la misma organización y control territorial que la administración pública, la compañía o colonia rural, el barrio y la manzana urbana.
Las unidades operativas especializadas, que, de acuerdo a la magnitud de las acciones y al poder del adversario a enfrentar, siempre contaban con cobertura militar visible o encubierta del regimiento militar de la jurisdicción o de la unidad más pertrechada y territorialmente más cercana, se desplazaban libremente por el territorio integradas por personal que forma parte del DIPC y le la DNAT, contando además con el concurso de las comisarías zonales y en muchos casos con el acompañamiento armado de civiles del partido convertidos en milicianos, baqueanos, zapadores, entregadores, delatores y tropa. Que el aparato represivo no tuviera un importante nivel de sofisticación, por estar subordinado al esquema stronista, no significa que fuera ineficiente como aparato represivo.
En cuanto al Poder Judicial, por el sistema de designación a propuesta del Poder Ejecutivo y con la misma duración del mandato del gobierno, quedó totalmente sometido a la voluntad discrecional del dictador y jamás fue el recurso con que contaran los paraguayos para hacer respetar sus derechos fundamentales como debe ser en una sociedad civilizada. Incluso fue el legitimador de todas las arbitrariedades cometidas por un aparato represivo que sirvió, con su actuación impune, para perpetuar por tanto tiempo el terrorismo de Estado.
Lo ilegal fue la regla general para las personas privadas de la libertad que no eran sometidas a ningún proceso judicial. Una de las mayores manifestaciones de la aplicación arbitraria de la ley fue el irrespeto de las garantías judiciales y el debido proceso a las personas privadas de la libertad. Además, las pocas personas que contaron con proceso judicial sus derechos a un debido proceso fueron violados en forma fragante. Más dramático fue la permanente negativa de las autoridades judiciales de recibir y tramitar los recursos de hábeas corpus. Las escasas excepciones confirman la regla general.
Por lo tanto, frente a la acción del aparato represivo la sociedad estaba indefensa porque el Poder Judicial colaboraba con las violaciones de los derechos humanos en forma tácita o explícita según el caso. La participación del Poder Judicial a través de acciones y omisiones ejercidas por sus máximas autoridades y funcionarios ante la práctica de terrorismo de Estado puede ser comprobada como un plan sistemático, y hoy es considerada por el derecho internacional como parte integrante e indisoluble del mecanismo perpetrador de violaciones de los derechos humanos. Paraguay no fue una excepción. El Poder Judicial actuó como un brazo ejecutor más del plan represivo previamente diseñado por el comando estratégico ubicado en la Presidencia de la República, llevando adelante el mismo libreto pre confeccionado a través de diversos informes de inteligencia que concluían en la hipótesis de la existencia de un plan subversivo potencial al que hay que desactivar preventivamente antes de que exista o se desarrolle, con el agravante de que un supuesto indicio era utilizado para exterminar expresiones de inconformidad social con acciones punitivas sobre ciudadanos que a veces ni sabían de qué se les estaba acusando, tuvieran o no tuvieran relación alguna con el caso. No hay acción de los máximos responsables del Poder Judicial a favor de los detenidos políticos, denunciados como desaparecidos o ejecutados, ni intervención tendiente a proteger o evitar las abiertas arbitrariedades cometidas en las acciones represivas, tampoco en los casos en donde se abrieron procesos.
El 3 de febrero de 1989, el general Andrés Rodríguez – consuegro del general Stroessner –, uno de los hombres fuertes del régimen, encabeza un golpe de Estado que lo saca del poder e inicia un inédito periodo de apertura política y libertades públicas irrestrictas. El general Stroessner fue asilado en Brasilia, pero la transición paraguaya continuó, comandada por las figuras principales que habían apoyado al dictador.
El 22 de diciembre de 1992 los archivos completos de la dictadura fueron encontrados en una dependencia policial ubicada en Lambaré, ciudad vecina a la capital. El juez José Agustín Fernández, investido de su autoridad, fuerza el ingreso al cuartel y ordena la apertura de la puerta de una de las dependencias del edificio. El juez había recibido la noche antes una denuncia del ex preso político Martín Almada. Éste refería que la esposa de un policía le había informado que los archivos del Departamento de Investigaciones habían sido escondidos en esa dependencia policial.
Ya en este primero momento resultó evidente que la documentación allí encontrada era de extraordinario valor. En las horas siguientes fueron encontradas las fichas policiales – con la foto, huellas digitales y firma – de desaparecidos que la Policía negaba haber detenido nunca. En las cercanías del depósito donde estaba dicho archivo fueron desenterradas una gran cantidad de cédulas de identidad y pasaportes de ex detenidos del gobierno anterior.
Los archivos cuyo paradero la Policía decía desconocer habían sido utilizados por la misma hasta diciembre de 1991, como lo prueban los registros de los documentos más recientes encontrados en su interior. A diferencia de la mayoría de los gobiernos dictatoriales, que dedicaron sus últimos días en el poder a quemar sus archivos de seguridad, la Policía paraguaya, con la presunción de que podrían volver a ser útiles en un futuro próximo, decidió no desprenderse de su preciada colección de documentos.
Los hallazgos fueron demostrando una trama de control, seguimiento y vigilancia asustadoramente detallada sobre todos los aspectos de la actividad ciudadana (reuniones, manifestaciones, paneles, publicaciones, asambleas estudiantiles o gremiales, homilías de las misas, listas de asociados a entidades empresariales, control de compradores de mimeógrafos o máquinas fotocopiadoras). La planificación y desarrollo de las acciones represivas también quedaron documentados de forma exhaustiva.
Dos días después del hallazgo de los archivos, otro juez ordenó el allanamiento de un emblemático edificio de la represión: la Dirección Técnica del Ministerio del Interior. Se trataba de un sector policial especializado en la represión al comunismo – Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT) – cuyo director era Antonio Campos Alum, un referente conocido de la Liga Mundial Anticomunista. La documentación allí incautada se incorporó a los “archivos del horror” en enero de 1993. Con el paso del tiempo, otros allanamientos judiciales incorporaran a ese acervo otros archivos, como los del Departamento Judicial de la Policía, los de la Comisaría Tercera de Asunción y los de la Delegación de Gobierno de Caaguazú.

Los “archivos del horror” están integrados, en su mayor parte, por material producido por la Policía. Además de un importante sector ocupado por documentos administrativos generados por la burocracia interna policial, la parte importante de esos papeles radica en los informes, fichas, estudios de inteligencia, listas de presos, libros internos vinculados a la represión social y política y a estudios de evaluación archivados por los jefes del Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC) a lo largo de más de cuarenta años. Sin duda, la contribución más trascendente para este archivo fue la obsesión del jefe Pastor Coronel por archivarlo todo, de forma meticulosa y, en los casos en que fuese posible, por duplicado.
Además de eso, los archivos tienen una sección de materiales confiscados por la DIPC en allanamientos: cartas personales, literatura política, fotos, panfletos, libros, recortes de periódicos, etc. En ningún otro lugar del Paraguay hay colecciones tan completas – y, a veces, tan bien encuadernadas – de los periódicos universitarios, pasquines opositores y revistas de la Iglesia, culturales y comunitarias potencialmente disidentes al gobierno.
Hay 115 libros de Novedades de Guardia de la Dirección de Política y Afines, de la Dirección de Vigilancia y Delitos y del domicilio del jefe del Departamento de Investigaciones, Pastor Coronel. Los libros de Novedades incluyen los informes diarios de la guardiã del Departamento de Investigaciones y presentan descripciones de los sucesos acorridos cotidianamente en la dependencia. Hay, del mismo modo, 8.369 fichas de detenidos del Departamento de Investigaciones, Sección Técnica y Departamento Judicial. También existen fichas con los datos de personas que no habían sido detenidas pero que, por algún motivo, eran sospechosas para la Policía. En ellas figuran informaciones sobre la persona que eran actualizadas periódicamente, en lo relativo a domicilio, actividades laborales y salidas del país. Una vez detenido el sospechoso, había bastante trabajo adelantado.
Acerca de la Operación Cóndor, en los archivos se demuestran: el intercambio de prisioneros argentinos, uruguayos y chilenos que habían sido detenidos en el Paraguay; la presencia de interrogadores de esos países en el Departamento de Investigaciones; los viajes de oficiales paraguayos de Policía para interrogar a compatriotas presos en Argentina antes de que fuesen desaparecidos; y el fluido intercambio de informaciones sobre las actividades de los grupos subversivos.
El aparato represivo funcionó con base en una estructura logística y operativa altamente coordinada entre las distintas unidades militares y policiales, en todo el territorio nacional. Las labores de inteligencia, contrainteligencia y operaciones fueron provistas por las distintas unidades especializadas de las Fuerzas Armadas y su red de informantes, y por la Policía Nacional y su red de informantes. Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional contaron con la colaboración de servicios de inteligencia extranjeros y con el apoyo logístico y operativo de milicianos del Partido Colorado oficialista.
Atribuciónes
Analizando los orígenes de la seguridad pública en Paraguay debemos hacer referencia a dos instituciones que resultan pilares de la misma: El Ministerio del Interior y la Policía. El Ministerio del Interior tiene sus orígenes remotos en el año 1855. Unos once años después de la Constitución de “Don Carlos Antonio López”, en 1855, el Gobierno Nacional dictó un Decreto, que estableció la creación de los Ministerios y el Consejo de Ministros. En dicho decreto se consideraba “gravosa para el Jefe de Estado” la concentración de la autoridad administrativa, y se decidió dividirla entre diversas funciones y agentes. Para tal efecto se crearon los ministerios de Relaciones Exteriores, de Gobierno o del Interior, de Hacienda y el Ministerio de Guerra y Marina Fluvial.
La institución que llevó adelante la tarea policial en sus orígenes data del año 1843 durante la época del Segundo Consulado. Sin embargo, no se puede hablar de una Policía hasta el año 1935, ya que hasta esa fecha la función era ejercida por voluntarios y por la Guardia Territorial. Si bien en un principio estos agentes eran considerados eficaces para garantizar el orden y la tranquilidad de la población, dado el desarrollo económico y social del Paraguay para la fecha mencionada, la función policial debía constituirse como una profesión. A fin de disponer de agentes aptos para dicha tarea se crea la Escuela de Policía en la Capital. Esta organización se propuso mejorar con el correr del tiempo las capacidades de la Institución Policial para que las ciudades y municipios sean cubiertos por ciudadanos egresados de la escuela, miembros de esta institución, y no individuos tomados al azar.
Es necesario mencionar que las dos instituciones previamente mencionadas sufren enormes distorsiones en sus funciones durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954‐1989). En dicho período ambas instituciones se vuelven los principales agentes de la actividad clandestina del Estado que era básicamente la identificación y neutralización de los opositores al régimen político. El comando estratégico del aparato represivo estuvo a cargo del general Alfredo Stroessner, en quien confluía la comandancia en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, la presidencia de la República, jefe de las Fuerzas Policiales y la titularidad honoraria del Partido Colorado. Las demás autoridades en la cadena de mandos, tanto civiles como militares, integraban la estructura de planificación, coordinación y ejecución de las violaciones de derechos humanos. La sistemática violación a los derechos humanos junto con prácticas corruptas se enquistó fuertemente en las instituciones mencionadas. Estas prácticas duran hasta la fecha, aunque en un menor monto, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos democráticos (y de la misma Policía) por mejorarlas.
Las Constituciones de 1940 y 1967 reconocían en sus textos los derechos y las garantías constitucionales. Pero el sistema violó todos esos derechos y garantías que figuran en el marco constitucional y legal, en el derecho internacional de los derechos humanos, establecidos en convenios, tratados firmados y deliberadamente no ratificados.
La dictadura de Stroessner no acató el Estado de Derecho entendido en el sentido de que la ley rige para gobernados e igualmente para gobernantes. La discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo se manifestó por un estado de excepción, que de tal carácter se transformó en permanente con el estado de sitio y que con la interpretación distorsionada de una Corte Suprema subordinada al Poder Ejecutivo suprimió la garantía fundamental del hábeas corpus y permitió la violación impune por parte de los órganos estatales y paraestatales de todas las libertades y sobre todo el derecho a la vida, la integridad física y la libertad personal, lo que explica que en esta época la detención de los presos políticos era por tiempo indefinido, en algunos casos por décadas, sin posibilidad de ejercer su defensa en un proceso legal.
Las detenciones ilegales indefinidas fueron posibles por la negativa del Parlamento mayoritariamente oficialista a la reglamentación legal del estado de sitio, la falta de control parlamentario sobre tal medida que se reducía a un simple informe anual a este poder y a la restricción del derecho de opción solo al caso de confinamiento en la Constitución de 1940 y la supresión definitiva en todos los casos de detención, en la Constitución de 1967.
Junto al estado de sitio permanente, con supresión del hábeas corpus y sin ningún control parlamentario, debe agregarse la aplicación, en algunos casos, de leyes liberticidas, como la 294 y la 209, que consagraron el delito ideológico. Estas dos leyes limitaron importantes derechos pero sobre todo se utilizaron como un instrumento para el ejercicio arbitrario del poder.
En la actualidad, con la nueva constitución, la seguridad pública es un derecho garantizado por la constitución. Forma parte de la cartera del Ministerio del Interior, quién asume la conducción de la seguridad y tiene bajo su dependencia a la Policía Nacional de Paraguay. La Policía Nacional de Paraguay surge renovada a partir de la Constitución del 1992 y se termina de organizar con la Ley Orgánica Policial del año 1993.

PY

Revised

Minimal

01082014

1. PARAGUAY. Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE).Comisión de Verdad y Justicia. Informe Final. VIII Tomos. Asunción, 2008.
2. PARAGUAY. Informe Final (Conclusiones y Recomendaciones) de la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay.
3. NATIONAL SECURITY ARCHIVE. Electronic Briefing Book Nº 262. Editado por Alfredo Boccia y Carlos Osorio.
4. Pesquisa e revisión: Silvia Simões , Jorge E. E. Vivar , Graciela Karababakian

Jorge E. E. Vivar , Graciela Karababakian