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Navarro encarceló durante dos días a las autoridades provinciales y a varios funcionarios del Poder Ejecutivo imponiendo un “virtual” estado de sitio: persecuciones y detenciones a dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles; la ciudad quedó paralizada bajo la custodia policial con el auxilio de grupos armados civiles: este hecho fue conocido como “el navarrazo”.
Después de marzo de 1974, la vida política de la provincia de Córdoba sólo conoció la intensificación de la crisis. Hasta marzo de 1976, se sucedieron tres Interventores Federales: Duilio
Brunello, Raúl Lacabanne y Raúl Bercovich Rodríguez. De esta forma, el “navarrazo” funcionó como catalizador para concretar los objetivos de depuración política e ideológica en la provincia por parte de la derecha política del peronismo y recuperar los espacios de poder político: el control del Estado provincial y la Confederación General del Trabajo (CGT) regional. Efectivamente, lo que se estaba viviendo durante las jornadas del “navarrazo”, demostraba que Córdoba era “un campo de ensayo” para un “proyecto” que se aplicaría en todo el país.
El 7 de septiembre de 1974 fue designado Interventor Federal el Brigadier (Re) Raúl Lacabanne con el apoyo del Ministro de Bienestar Social, José López Rega. La política de Lacabanne se basó en la lógica de un militar en acción, con un proceso de “depuración ideológica” de las instituciones que fue llevado adelante a través de las operaciones del Comando de Libertadores de América – versión local de la triple A –, estructura clandestina del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba que desató una sostenida acción criminal. Así es que toda la sociedad cordobesa quedó bajo sospecha y a merced del accionar policial, cuya función fue reiteradamente destacada por su desempeño en la lucha contra la subversión.
Luego, en la gestión del Interventor Federal Raúl Bercovich Rodríguez, se sumó a la persecución y al asesinato la desaparición forzosa de personas. Estas eran alojadas en la Prisión Militar Campo La Rivera (proximidades del cementerio San Vicente), que funcionaba como centro clandestino de detención de civiles. Según el Informe de la CONADEP, delegación Córdoba, las denuncias registradas sobre desaparición de personas antes del 24 de marzo de 1976, fueron 52; 42 de las cuales se contaron entre el 6 de diciembre de 1975 y el 20 de marzo de 1976. En este sentido, con los sucesos del “navarrazo”, y fundamentalmente desde el período del Interventor Federal Raúl Lacabanne, las instituciones políticas y los ciudadanos de Córdoba comenzaron a sufrir los efectos de una política de miedo, un preludio de lo que vino después.
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Argentina
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Fontes
INFORME NUNCA MÁS – Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-Nunca-mas-Indice.htm
INFORME CONADEP – CÓRDOBA. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas – Delegación Córdoba.
http://desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/articulo/cordoba/index.htm
SERVETTO, Alicia. Cordoba en los prolegómenos de la Dictadura. La política del miedo en el gobierno de Lacabanne. Estudios, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, n. 15. 2004.
http://www.so000260.ferozo.com/pdf/servetto.pdf
ROMANO, Silvia (coord.). Guía y Red de Archivos de Córdoba para la Historia Reciente. Universidad Nacional de Córdoba – Facultad de Filosofía y Humanidades – Centro de Documentación Audiovisual; Archivo Provincial de la Memoria. Córdoba, agosto de 2009.